La Fiscalía Europea, creada por el Reglamento (UE) 2017/1939, del Consejo, de 12 de octubre, tiene como función investigar y, en su caso, llevar a juicio, a los presuntos responsables de la comisión de delitos contra los intereses financieros de la UE establecidos en la Directiva 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo, 5 de julio. Para ello, el Reglamento dota a la nueva institución de un importante haz de competencias y facultades procesales en la fase de investigación, lo que ha obligado al legislador español a crear, por medio de la L.O. 9/2021, de 1 de julio, un nuevo procedimiento penal especial donde se atribuye al Fiscal europeo la instrucción de estas causas. A lo largo de veintiocho capítulos distribuidos en diez bloques temáticos, expertos de diversos ámbitos -entre los que se encuentran miembros de la propia Fiscalía Europea española, insignes académicos y prestigiosos prácticos- realizan un tratamiento integral de la nueva institución, así como del procedimiento penal especial para la investigación y ejercicio de la acción penal en los delitos de competencia de la Fiscalía Europea en España.

La figura del contrato menor es, sin duda, una de las cuestiones más controvertidas en la contratación pública española. Su escasa regulación en las diferentes normas contractuales que se han promulgado en nuestro ordenamiento jurídico a lo largo de la historia no ha hecho sino favorecer la falta de seguridad jurídica en la aplicación de este procedimiento; lo que sumado a un uso inadecuado del mismo como consecuencia de una interpretación errónea de la flexibilidad que lo caracteriza, ha supuesto un abuso sistemático por parte de ciertos poderes adjudicadores. Así, frente a un amplio desarrollo normativo en otros aspectos propios de la regulación contractual española, este sistema de contratación ha ocupado una muy breve atención por parte del legislador; bien entendido, puesto que su aplicación práctica se debería limitar a situaciones puntuales. Sin embargo, la realidad de quienes, de una manera u otra, han de convivir con este instrumento contractual -ya sean poderes adjudicadores, operadores económicos o tribunales- deja patente la necesidad de aclarar y profundizar numerosos aspectos de la norma que son inconcretos y que podrían derivar en una inadecuada interpretación. Para ello, en este trabajo se realiza un profundo análisis de todos los aspectos propios de este instrumento contractual, con la finalidad de dar respuestas sólidas a los gestores públicos, para que puedan realizar contrataciones bajo el paraguas del contrato menor con total seguridad jurídica. Y, de manera simultánea, se plantean al legislador varias propuestas novedosas en nuestro ordenamiento jurídico, que responden a la necesidad inaplazable de avanzar hacia una verdadera solución ante el uso inapropiado de esta figura.

Este trabajo efectúa un análisis constitucional sobre el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública con el objetivo de determinar su respectiva configuración y naturaleza constitucional en el contexto de la sociedad digital. Se trata de un tema de actualidad y relevancia constitucional que parte de dos presupuestos: el estudio multinivel de los derechos en un contexto global y la propia realidad digital en que los derechos se ejercen actualmente. Con este planteamiento, se ha tratado de dar respuesta a la cuestión de cuál es el lugar que ocupa la transparencia en el Estado social y democrático de Derecho actual y si el derecho de acceso a la información pública debe ser considerado un derecho fundamental. Para responder adecuadamente a ambas cuestiones se ha partido de una revisión sobre el estado de la cuestión en España, a propósito de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como de una revisión bibliográfica y jurisprudencial. Ello ha permitido justificar la naturaleza de la transparencia como un principio vinculado a la democracia y el acceso a la información pública como un derecho fundamental.

El libro ofrece un comentario práctico para la aplicación inmediata del nuevo régimen universitario. Cada uno de los capítulos ofrecerá las soluciones que necesitan los gestores universitarios para la reforma de los estatutos, la adaptación de los procedimientos y otros cambios normativos.

La tramitación y entrada en vigor de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, Ley 4/2023, de 28 febrero, ha suscitado un debate público que contrasta con su casi ausencia ante la publicación de las respectivas leyes autonómicas, algunas de las cuales tienen más de 10 años. Lo más llamativo es que los términos en que en la discusión pública se plantea, no siempre tienen que ver con lo que esta nueva ley supone y sí con aspectos que ya existían mucho antes incluso de dictarse las denominadas leyes trans o LGTBI, concretamente desde 1999 en Andalucía. Así las Comunidades autónomas, ya venían regulando la aplicación de tratamientos de reasignación sexual y uno de los debates más espinosos que se suele suscitar, el de los tratamientos a los menores, no es objeto de la ley trans de 2023, sino de las leyes autonómicas: hace mucho que se puede tratar a los menores. Las normas autonómicas también son, en muchos casos, auto identitarias en sus ámbitos competenciales, por ejemplo, documentación administrativa. La ley nacional es de la modificación registral del sexo. Si la ley de 2007 supuso, dar una respuesta legislativa a una realidad social, requiriendo una diagnosis de disforia de género y tratamientos hormonales, pero no cirugías, la nueva ley al, no precisar sino la solicitud de la persona supone la supresión de las características, de las demás circunstancias que constan en el registro civil, cuales son la indisponibilidad y estabilidad (puede “rectificarse la rectificación”). La despatologización a estos efectos del cambio de sexo, genera una consecuencia que aquí se analiza: no es necesario ser trans para modificar el sexo en el registro, cualquier persona puede cambiar su sexo y no de olvide, también su nombre. Analiza, pues, el libro de las implicaciones de estos fenómenos en todos los ámbitos, jurídico, matrimonial, filiación, consentimiento de los menores, el cambio de nombre, social, deportivo, pruebas en determinadas oposiciones, aplicación de las normas, etc. y de las posibles consecuencias de esta nueva regulación que posiblemente vayan más allá de lo que la propia norma pretende, por eso esta obra puede dar también pistas en este sentido y no ignora que acaso el legislador esta vez para dar respuesta a un problema que existe puede generar otros que no existían. Eso está por ver.

Esta monografía tiene como objeto el estudio la protección de la maternidad en el ordenamiento jurídico laboral, analizada y estudiada desde diferentes enfoques en función del bien a proteger. Las tutelas preventiva, laboral y prestacional de la mujer trabajadora durante las situaciones relacionadas con la maternidad -principalmente embarazo, parto reciente y lactancia- configuran el marco protector de esta materia en el ámbito laboral. El aspecto novedoso y original de esta monografía, es el enfoque empleado, configurado como un conjunto, bajo las tres perspectivas posibles de la tutela de la maternidad en el mercado de trabajo y no desde un único punto de vista jurídico. A pesar de la existencia de un marco normativo específico que actúa como garantía de tutela de la maternidad, se pueden producir situaciones perjudiciales para la trabajadora, restando efectividad a dichos textos legales. Éstas se materializan, por ejemplo, a través de discriminaciones directas por razón de sexo, extinciones de contratos de trabajo que no se ajustan a los criterios legales, o a la falta de protección económica y social durante la maternidad en determinados periodos de tiempo. Es decir, se pueden presentar casos en los que la maternidad “penaliza” a la mujer en el ámbito laboral desde diferentes posicionamientos.

Este libro recoge los resultados del trabajo que viene realizando el equipo multidisciplinar de la Universidad de La Rioja encargado de la ejecución del Proyecto de Investigación “El Derecho Español ante los Retos Inminentes de la Economía Circular” (DERIEC). Adopta un formato de informe que resulta especialmente apropiado para, a modo de balance, consolidar el conocimiento relativo al despliegue de los planes europeos de economía circular pero también para sistematizar los problemas jurídicos que plantea su recepción en España. El análisis profundiza críticamente en la configuración de las técnicas jurídicas disponibles para intervenir en cada una de las etapas del ciclo de vida de los materiales: producción, consumo, gestión de residuos y mercado de materias primas secundarias. Resalta, además, las peculiaridades que en el manejo de esas técnicas se observan en ciertas “cadenas de valor clave”. Y, con visión prospectiva, dada la actual situación de efervescencia normativa, advierte de los cambios que en muchos de esos frentes se avecinan a corto plazo. Todo ello para contribuir, en la medida de lo posible, a que la retórica política se concrete en técnicas jurídicas operativas que hagan efectivas las exigencias, que se entienden implícitas en el principio rector de la política social y económica del artículo 45 CE, de eficiencia material en el uso racional de los recursos naturales.

El objetivo principal que se pretende alcanzar con el desarrollo de la tesis doctoral es demostrar la relación entre el desarrollo tecnológico y la mayor lesividad de derechos fundamentales como el derecho a la protección de datos de carácter personal en el medio ambiente laboral, así como valorar si el marco jurídico actual es suficiente en cuanto aporta los suficientes y necesarios mecanismos legales para otorgar la protección y/o prevención frente a tales riesgos derivados de la utilización de herramientas digitales o, si por el contrario, es insuficiente y se requieren otro tipo de medidas para alcanzar este fin.

La digitalización es un proceso imparable que está transformando la realidad social y los mercados y plantea retos jurídicos específicos que trascienden a las categorías tradicionales del Derecho privado. Desde una perspectiva teórica y práctica esta obra colectiva se ocupa del nuevo régimen jurídico derivado de la implementación de varias Directivas de la UE y reflejada en recientes modificaciones del TRLGDCU (RDL 7/20121 y 24/2921), así como de los problemas que suscita la presencia de los distintos actores que intervienen en el escenario digital. Entre otros temas, se analizan el régimen jurídico de los contratos de compraventa de bienes con elementos digitales, la disciplina de la falta de conformidad en los contratos de suministro de contenidos y de servicios digitales, la pretensión de daños, así como la resolución o el desistimiento de dichos contratos y los efectos asociados. Se abordan, además, cuestiones atinentes a los acuerdos de licencia, la identificación de las partes en la contratación en línea o la responsabilidad de los proveedores de mercados en línea por el incumplimiento del contrato subyacente.

Esta monografía es la segunda parte de una trilogía que comenzó con el libro Valores y Normas (2015 Aranzadi), y concluirá con una tercera sobre Valores y Razonamiento Jurídico (en preparación). En el presente trabajo se hace una reconstrucción histórica y una crítica de base filosófica del proceso de implantación de la tecnología de los valores en el constitucionalismo contemporáneo. Implantación que tuvo lugar por medio de la introducción del discurso valorativo en dos contextos concurrentes: el de la fundamentación de los fines del Estado y el del razonamiento aplicativo de los derechos fundamentales; ambos contextos se apuntalaron con una axiología jurídica diseñada al margen de la tradición filosófica sobre los valores en el pensamiento europeo. Tal proceso ha sido conducido por una Teoría del Derecho particular que en este trabajo se denomina con la sigla ICD (Iusmoralismo Constitucional-Discursivo); una doctrina que refunde los planos axiológico y deontológico de la razón práctica, confundiendo los principios jurídicos con los valores morales. El ICD se posicionó como la teoría explicativa de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos de la Segunda Posguerra y ha sido el motor de su moralización, en tanto proveedor inagotable de justificaciones retóricas para las políticas públicas, y en cuanto artífice de la técnica de aplicación de los derechos y libertades en sede judicial. Esta obra advierte sobre los riesgos que entraña la tecnología de los valores, y lo hace rescatando las conclusiones de la filosofía de los valores acerca de su estructura y configuración en el razonamiento moral. Aquí se muestra cómo el triunfo de esta exitosa tecnología radica en su capacidad para determinar los modos de actuación moral de los individuos en la esfera pública, predisponiendo a dinámicas de profunda polarización social, con el consecuente debilitamiento de la convivencia democrática.