Este segundo volumen del Anuario de Estudios Marítimos surge fruto de la labor de académicos y profesionales nacionales y extranjeros que han querido acompañarnos en este proyecto que pretenden analizar la problemática del sistema marítimo desde un enfoque multidisciplinar, global y estratégico. Este número contiene estudios de Derecho, en el que se han aportado investigaciones sobre el proceso de celebración y ejecución de contratos de transporte marítimo, la representación digital de los documentos de transporte, la náutica deportiva, ordenación del espacio marítimo, marco jurídico de la economía azul o conflictos de leyes relativos a los buques autónomos. En la disciplina de Economía los estudios se han centrado especialmente sobre el análisis de la actividad portuaria en el contexto actual, la eficiencia financiera del sistema portuario español y la participación de los stakeholders en la gobernanza de los puertos españoles. En la rama de Náutica, los trabajos han abordado temas sobre la aplicación de nuevas tecnologías en el transporte marítimo como el sistema ECDIS, la cartografía de precisión, el VDR de los buques para la investigación de accidentes, los efectos medioambientes de las incrustaciones en las embarcaciones, así como la normativa para la prevención del estrés y la fatiga de los marinos a bordo. Por último, se ha considerado de interés la incorporación de dos estudios que examinan temáticas marítimas desde una perspectiva histórica. La importancia de los trabajos contenidos en este volumen viene marcada por la actualidad, pues las reflexiones sobre los distintos temas que se debaten pueden, servir como aproximación y para aclarar cuestiones en torno a las reformas legislativas proyectadas, así como aportar recomendaciones, que resulten de utilidad para profesionales y administraciones públicas del ámbito marítimo.

El recurso de apelación contencioso-administrativo atiende a un modelo de segunda instancia limitada porque cabe únicamente contra las resoluciones que se indican en la Ley, dictadas en asuntos que superen la cuantía de 30.000 euros, con algunas destacadas excepciones. Y porque no supone, strictu sensu, un nuevo análisis del asunto, sino una revisión de la adecuación a derecho de la resolución impugnada. El criterio de la cuantía es una limitación que admite excepciones adicionales a las contempladas ex lege en virtud de la importancia del asunto y las circunstancias concretas acontecidas desde la perspectiva de la situación personal de las partes, como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se ha razonado en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia. La Ley exige que el escrito de interposición sea razonado y la jurisprudencia ha establecido que la parte apelante deberá centrar su recurso en infracciones de hecho, de derecho y procesales, sin las limitaciones que se establecen en casación. El tribunal superior, además, deberá ceñir su decisión a los contornos de las pretensiones de las partes y, con la finalidad de dictar una resolución justa, resolver en base a las normas que sean aplicables, aunque no hayan sido indicadas convenientemente por las partes, formular, si procede, argumentaciones no ofrecidas por las mismas, al hilo de las alegaciones presentadas, plantear motivos que sean decisivos para la solución del caso y tener en consideración el debate acontecido en la instancia en todos sus extremos, incluidos aquellos aspectos que sean fundamentales para la solución del caso, aunque no hayan sido alegados por las partes. La regulación del recurso de apelación contenida en la LJCA y, supletoriamente, en la LEC, ofrece un destacado ámbito de discreción al órgano judicial en la admisión y resolución de los asuntos. El buen funcionamiento de este instrumento de impugnación al servicio del derecho a una tutela judicial, que debe ser efectiva dependerá de la interpretación, más amplia o más restrictiva, que los órganos judiciales realicen de las normas aplicables.

Las DAO -organizaciones autónomas descentralizadas- son estructuras de gobierno que asistidas de las tecnologías de Blockchain, Inteligencia Artificial y otras herramientas digitales consiguen el propósito de adoptar decisiones y coordinar actividades para el impulso de una finalidad que une a una comunidad, incluso aquellas que se dedican al ámbito financiero. La obra afronta la descripción del fenómeno, subrayando las fortalezas y debilidades de su funcionamiento. En particular detalla los singulares conflictos de interés y riesgos que les afectan. Es objeto del contenido analizar el procedimiento de constitución y la forma de configurar sus recursos y capacidades para el autogobierno de la estructura. Sus los rasgos disruptivos junto a la nota de la universalidad dificultan el encaje legal. El estudio de una DAO en el entorno de las finanzas Defi ilustra un particular caso de uso. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

La evolución de la tecnología y la expansión de Internet ha configurado complejos espacios cibernéticos que nos ofrecen múltiples ventajas, las cuales se presentan como oportunidades para los delincuentes. En este sentido, el ciberespacio se ha consolidado como un entorno que favorece múltiples actividades cotidianas, pero también como un contexto en el que se cometen ciberdelitos graves y complejos que atentan contra los servicios esenciales de los Estados o que pueden comprometer múltiples bienes jurídicos; entre los que podemos encontrar la vida, la integridad física, etc. De igual modo, las características del ciberespacio se presentan a los operadores jurídicos como obstáculos que dificultan la investigación y la represión de la ciberdelincuencia. Sin embargo, la evolución tecnológica también está siendo utilizada por las autoridades policiales y judiciales para subsanar las barreras tecnológicas existentes. En este sentido se han ido regulando las diligencias de investigación tecnológicas, habiéndose extendido la utilización de algunas de ellas, a nivel nacional e internacional, e incluso habiéndose convertido en la única vía para la investigación de nuevas amenazas. En los últimos años nuevas tecnologías disruptivas están apareciendo y se está experimentado un aumento de la ciberdelincuencia que no cesa. Debido a ello, se debe apostar por regular las diligencias de investigación tecnológicas más novedosas que permitan a autoridades policiales y judiciales realizar investigaciones eficaces; entre las que destaca el registro remoto previsto en el ordenamiento jurídico español. No obstante, se debe apostar por una previsión legal de calidad, con exhaustividad y que salvaguarde todas las garantías inherentes al proceso penal.

Esta publicación recoge diez estudios sobre la expansión del Opus Dei entre 1939 y 1958, durante el pontificado de Pío XII y los procesos de reconstrucción material y redefinición política de España y del mundo occidental, con el inicio de la guerra fría. A lo largo de esta cronología, la formación católica experimentó un notable crecimiento por España y se desplegó por diversos países europeos y americanos. Los estudios publicados giran sobre tres ejes temáticos: el contexto católico de esa expansión, el análisis de algunas de las principales naciones adonde llegan miembros de la institución, y la contribución de sacerdotes diocesanos y de las primeras mujeres casadas españolas. El libro se dirige a un público amplio, interesado en conocer las dimensiones de esta primera expansión geográfica del Opus Dei durante la posguerra mundial, y sus estrategias de difusión.

El objetivo de este estudio es, sin duda, determinar el régimen fiscal aplicable a cualquier persona, física o jurídica. Por la complejidad y novedad que entraña, nos centremos en las personas físicas, que desarrolle o vaya a desarrollar la actividad de alquiler turístico. Para ello, llevaremos a cabo una investigación multidisciplinar, en la medida en que, para analizar el régimen fiscal del alquiler turístico, conjugamos la regulación establecida en Derecho Privado, con la influencia de normativa autonómica respecto a la ordenación de la actividad y, sobre todo, la influencia de las fuentes jurídicas de orden europeo.

Cada vez son más las personas obligadas a dejar sus hogares por el riesgo de sufrir en el propio país persecuciones y violencia debido a la existencia de un contexto de involución democrática, de un conflicto bélico o de una catástrofe ambiental. Pensar en las crisis migratorias como en un problema de pocos es sin duda un planteamiento equivocado, con el que no se quiere entender que sus efectos se proyectan en la UE en su conjunto, en sus estructuras y principios básicos, que se ven profundamente menoscabados. Por ello, es necesario reflexionar sobre cómo se ha modificado el alcance, el contenido y los efectos de las instituciones en las que se concreta la protección internacional, para determinar en la medida de lo posible las mejoras que se podrían aportar en la necesaria y urgente reforma del sistema. Estos son los principales objetivos de la presente publicación. Se trata de una temática no solo de extrema actualidad sino muy oportuna, puesto que los flujos migratorios hacia Europa no están destinados a reducirse, sino todo lo contrario, y una mala o deficiente gestión, como la que actualmente se está llevando a cabo, podría tener un impacto muy negativo en el proceso de integración, impulsando políticas restrictivas y xenófobas, que producen una regresión en la tutela de los derechos fundamentales, y perjudican la construcción del espacio de LSJ.

La economía colaborativa ha originado un cambio relevante en el mercado de ciertos bienes y servicios, especialmente los turísticos, propiciando conflictos de intereses entre los sujetos intervinientes (empresarios, consumidores, plataformas intermediarias) y afectando a diversos intereses públicos, cuestionándose así la idoneidad de la normativa vigente. La regulación de este novedoso mercado de prestación de servicios turísticos y otros servicios colindantes o instrumentales plantea aún ciertos desafíos y retos, dada la heterogeneidad de derechos e intereses afectados (los derechos de los usuarios y consumidores, la libre concurrencia y la competencia desleal, la libertad de empresa, la unidad de mercado, la ordenación territorial, la convivencia social, el mismo modelo de ciudad sostenible…). Esta obra multidisciplinar ofrece el status quo actual de nuestro complejo ordenamiento jurídico territorial y sectorial, prestando una especial atención a la intervención de los poderes públicos administrativos en defensa de los intereses generales.

Esta octava edición supone una reestructuración completamente nueva de la obra, que a partir de este momento se completa a lo largo de 6 volúmenes y tres tomos. Este primer tomo se compone de dos volúmenes que abarcan en su totalidad la teoría general del contrato, el concepto y fundamento de seguro, los caracteres del contrato, los elementos esenciales (RIESGO, INTERÉS), la póliza, el condicionado y los deberes y obligaciones de las partes para concluir con la prescripción y la duración del contrato de seguro. Sumamente actualizada y donde la jurisprudencia, tanto española como de los países más avanzados en el marco del seguro (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos) abren marcos de reflexión y comparación extraordinarios y que son imbricados en la obra.

La obra ha puesto el foco en la gobernanza de las grandes sociedades cotizadas y las empresas multinacionales, en las que la exigencia de profesionalidad e independencia de los consejeros resulta especialmente relevante. El principio de proporcionalidad requiere que el modelo genérico de sociedad de capital que acoge la Ley de Sociedades de Capital española se adapte, a través de las interpretaciones establecidas por la jurisprudencia, la doctrina y las buenas prácticas internacionales de gobierno societario -con particular referencia a las normas, usos y casos de derecho anglosajón- a realidades muy distintas como, en este caso, la de la gran empresa inmersa en los mercados de capital y de valores, establecida en diferentes jurisdicciones y participada habitualmente en su accionariado y en ocasiones en su gestión por inversores institucionales. En esa clase de sociedades, la independencia del consejo de administración y la excelencia técnica de los consejeros resultan imprescindibles y a ella deben contribuir todos los miembros del consejo incluidos los consejeros que representen los intereses de accionistas o de terceros. En este contexto, la obra presta especial atención al estatuto de los consejeros dominicales, ofreciendo nuevas vías de interpretación de los deberes y derechos de este tipo de consejeros tan importantes en el mercado corporativo español. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.