¿Qué ocurre si alguien suplanta mi identidad en el ciberespacio? ¿Se trata de una conducta delictiva? Hasta finales de 2022, la respuesta a esta cuestión era rotundamente negativa; no es delito suplantar la identidad digital. A partir de esta fecha, se ha de señalar que depende. La LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual -o Ley del sólo sí es sí- introdujo en su articulado el delito de acoso a través de la suplantación de identidad digital, un nuevo delito que pasó inadvertido en el debate parlamentario, en los medios de comunicación y hasta en el debate popular, ante la profunda reestructuración que se planteaba en el seno de los delitos contra la libertad sexual. El delito, no obstante, lejos de ofrecer una protección adecuada a la identidad digital, presenta significativas carencias derivadas de la propia concepción del fenómeno. La identidad digital no es el objeto de protección del delito, sino la libertad, aquella que las conductas de acoso vienen a perturbar. El suplantar la identidad digital viene a ser sólo un medio más a través del cual se impide el disfrute de esa libertad. La ubicación sistemática y la redacción típica del nuevo delito demuestran claramente esta limitada concepción. Sin resultar esta interpretación errónea, resulta a todas luces incompleta. Dado el papel trascendental que tiene la identidad digital en las sociedades actuales, y especialmente la identidad que carece de verificación oficial, los actos de suplantación tienen un alcance mayor que el recogido en el nuevo precepto. En este sentido, se hace necesario un estudio del fenómeno que no se centre en lo estrictamente jurídico. Se debe atender a su origen y relevancia actual en la sociedad para determinar, en su caso, la necesidad de intervención del Derecho penal y estar en condiciones de ofrecer, de lege ferenda, una propuesta de regulación adecuada.

Después de ejercer casi dos décadas como abogado, (en Salamanca y Valladolid), y antes de llegar a síndico universitario salmantino, con la misma actividad u oficio de asesor jurídico del Estudio y defensor judicial de sus múltiples intereses, Amador Rodríguez entregó a la imprenta una obra sobre el proceso civil ordinario. En su primera instancia le resultaba muy conocido, por su sólida formación jurídica salmantina en Leyes y Cánones, antes de integrarse en la Villa y Corte, donde ejerció posteriormente el mismo oficio en los Consejos. Con este bagaje cultural y de conocimientos prácticos, dio posteriormente a la imprenta madrileña otras dos obras, una en 1613, sobre ejecución de sentencia, y otra sobre el concurso de acreedores, en 1616. El tratado De modo videndi et examinandi processum, es una obra científica, propia de un intelectual, que combina los conocimientos teóricos con los prácticos, sin reiterar otras obras muy conocidas de su tiempo, especialmente la Praxis de Gonzalo Suárez de Paz. En un estilo sencillo, y discurso breve, no rehúye ninguno de los aspectos debatidos por la doctrina en ese ámbito, presentando su propio criterio, con amplio apoyo legislativo y doctrinal, desde la Edad Media hasta el siglo XVII.

La ratificación por españa del convenio 190 y recomendación 206 de la OIT (2019) abre un nuevo camino para el tratamiento de las situaciones de violencia en el lugar de trabajo. Pudiéndose incorporar el contenido de esta norma ratificada por españa por vía legislativa o convencional. ya tenemos en españa ejemplos de buenas prácticas en la materia desarrolladas a través de la intervención legal y la negociación colectiva, si bien no son muy conocidas y difundidas. En esta obra se hace una propuesta de intervención tanto en entidades públicas como privadas.

La doctrina administrativa ha prestado en general una atención relativamente escasa a la actividad promocional o de fomento, al menos en comparación con otras formas de actuación de la Administración. Si esto es así con carácter general, aun cuando no deban menospreciarse muy interesantes obras aisladas, especialmente en el caso de las subvenciones, la desatención se agudiza cuando se llega a los beneficios fiscales. Obviamente, el importante peso que tiene la ley en su definición y establecimiento no ayuda a su estudio desde una perspectiva del actuar de la Administración. Sin embargo, la actividad de fomento a través de incentivos fiscales constituye uno de los instrumentos más relevantes de la actuación administrativa. De acuerdo con los datos más recientes, los beneficios fiscales previstos por el Estado para 2023 superarán los 45 mil millones de euros, que se elevan a casi 60 mil millones si se suman los correspondientes a las Comunidades Autónomas y los entes locales. Esto hace que hablemos de casi un 5% del PIB español. De hecho, no falta un importante sector doctrinal que promueve el recurso a la técnica de los beneficios fiscales en detrimento de las ayudas o subvenciones como principal instrumento de fomento de actividades privadas. En este ingente gasto fiscal el Gobierno asume una posición de gran protagonismo en su establecimiento, no sólo a través del monopolio de la presentación del proyecto de ley de presupuestos, en el que muchas veces se concretan estas opciones, sino también a través de su capacidad para vetar e impedir la tramitación de cualquier iniciativa de la oposición dirigida a establecerlos. A ello ha de añadirse la indudable actividad de índole administrativa que comportan las tareas de comprobación de la efectiva concurrencia de los requisitos necesarios para disfrutarlos o incluso - menos frecuentemente - la del propio reconocimiento de la pertinencia del beneficio. Por tanto, el análisis desde dicha perspectiva administrativista no es sólo posible, sino necesario y viene a rellenar un hueco en la doctrina, insisto, mucho más atenta a la figura de la subvención. En este sentido, esta obra aborda en primer lugar un encuadre del beneficio fiscal, explicando una serie de elementos constantes en su larga historia como técnica de fomento, su definición, naturaleza y utilidad práctica, así como el marco constitucional y de Derecho de la Unión Europea, que determinan tanto su legitimidad como distintos requisitos para su regulación, dada en el último caso su condición de ayuda de Estado. A continuación, se expone una serie de condicionantes para la actuación del Gobierno en su impulso y establecimiento, que, sin hurtarle una facultad que forma parte de su capacidad para dirigir la política interior y exterior reconocida por el artículo 97 CE, faciliten el cumplimiento de los principios constitucionales de lo que no deja de ser un gasto fiscal. Entre ellos, se abordan la publicidad de los incentivos fiscales, la participación de los interesados en su adopción, así como en el establecimiento de límites como su carácter no discriminatorio y su respeto a la libre competencia en el sector privado, e incluso su capacidad para aportar recursos privados adicionales a las políticas públicas que tratan de favorecer, más allá de la financiación pública indirecta que suponen. Y, por supuesto, el régimen aplicable a las actividades de gestión y control de los beneficios fiscales, con el posible ejercicio de la potestad sancionadora respecto de quienes se los apliquen indebidamente, la evaluación de sus resultados, y las condiciones para que su modificación o supresión no lesionen el principio de confianza legítima ni generen responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Esta monografía es la segunda parte de una trilogía que comenzó con el libro Valores y Normas (2015 Aranzadi), y concluirá con una tercera sobre Valores y Razonamiento Jurídico (en preparación). En el presente trabajo se hace una reconstrucción histórica y una crítica de base filosófica del proceso de implantación de la tecnología de los valores en el constitucionalismo contemporáneo. Implantación que tuvo lugar por medio de la introducción del discurso valorativo en dos contextos concurrentes: el de la fundamentación de los fines del Estado y el del razonamiento aplicativo de los derechos fundamentales; ambos contextos se apuntalaron con una axiología jurídica diseñada al margen de la tradición filosófica sobre los valores en el pensamiento europeo. Tal proceso ha sido conducido por una Teoría del Derecho particular que en este trabajo se denomina con la sigla ICD (Iusmoralismo Constitucional-Discursivo); una doctrina que refunde los planos axiológico y deontológico de la razón práctica, confundiendo los principios jurídicos con los valores morales. El ICD se posicionó como la teoría explicativa de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos de la Segunda Posguerra y ha sido el motor de su moralización, en tanto proveedor inagotable de justificaciones retóricas para las políticas públicas, y en cuanto artífice de la técnica de aplicación de los derechos y libertades en sede judicial. Esta obra advierte sobre los riesgos que entraña la tecnología de los valores, y lo hace rescatando las conclusiones de la filosofía de los valores acerca de su estructura y configuración en el razonamiento moral. Aquí se muestra cómo el triunfo de esta exitosa tecnología radica en su capacidad para determinar los modos de actuación moral de los individuos en la esfera pública, predisponiendo a dinámicas de profunda polarización social, con el consecuente debilitamiento de la convivencia democrática.

La obra estudia la incidencia del Derecho europeo y autonómico sobre la reforma ambiental de las Haciendas Locales. Para ello se comienza con una perspectiva general, seguida del análisis de cuestiones concretas: la relevancia de las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado; las ordenanzas fiscales y los ODS; la afectación de la recaudación derivada de impuestos ambientales; las tasas por suministro de agua y saneamiento; y los instrumentos para la reducción de desperdicio de alimentos desde una perspectiva comparada entre España e Italia.

El Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se constituye como uno de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Cuando el mismo se ve vulnerado por la actuación de la Administración de Justicia derivada de una dilación o retardo en la tramitación de un procedimiento penal, resulta absolutamente necesario proceder a su reparación y restitución. Y si esto resulta grave el cualquier orden judicial, es especialmente relevante, por las dañosas consecuencias que ello puede plantear y ocasionar, en el orden jurisdiccional penal, donde no sólo se vería lesionado este derecho, sino otros directamente relacionados como la libertad, dignidad, etc. Precisamente por ello, el legislador penal ha incluido expresamente una atenuante específica que determinará una atenuación de la pena en aquellos casos en los que, dentro de un proceso penal, se produzca una dilación indebida en la tramitación del procedimiento. Ello implicaría que la consecuencia jurídica que sufra quien está siendo sometido a un procedimiento penal implique el sufrimiento adecuado a la gravedad de la gravedad y del injusto por el que está siendo enjuiciado. La adición, a la pena que normativamente le correspondería, de los padecimientos y lesiones de otros derechos que se derivaran de un retraso injustificado del procedimiento, no deben aceptarse en un Estado de Derecho, y es preciso que se de respuesta adecuada al mismo. A ello se dedica la presente obra: analizar la posible solución de la atenuación de la pena en virtud de la aplicación de la atenuante, cual es el fundamento de esta atenuación y cual ha sido el tratamiento jurisprudencial de su aplicación.

Es una guía que pretende aportar seguridad jurídica a quienes tienen que relacionarse con la interrupción voluntaria del embarazo en España.

En este libro se abordan cuestiones relacionadas con la interpretación jurídica, la naturaleza argumentativa de la práctica jurídica, la discrecionalidad judicial, la valoración de la prueba y la relación entre moral, política y derecho. Las hebras que conforman la teoría del derecho no cambian, pero si la manera de tejer con ellas. No todos los que la cultivan poseen la habilidad de una norna, en ocasiones los hilos que manipulan no forman una robusta soga, sino que dan la impresión de estar completamente enredados. Pero las nornas tejen el hilo de la vida. ¿Por qué centrarse en el contenido de los textos y excluir los hechos que condicionaron su elaboración? Los capítulos de esta obra vienen acompañados de una reconstrucción de las circunstancias que influyeron en la elección de los problemas, en la identificación de los oponentes, en la valoración de la relevancia de las fuentes utilizadas -lo que se suele llamar su “contexto de descubrimiento”.

A compilation of the insurance sector’s main regulatory developments and landmark judgments in 2022.