La doctrina administrativa ha prestado en general una atención relativamente escasa a la actividad promocional o de fomento, al menos en comparación con otras formas de actuación de la Administración. Si esto es así con carácter general, aun cuando no deban menospreciarse muy interesantes obras aisladas, especialmente en el caso de las subvenciones, la desatención se agudiza cuando se llega a los beneficios fiscales. Obviamente, el importante peso que tiene la ley en su definición y establecimiento no ayuda a su estudio desde una perspectiva del actuar de la Administración. Sin embargo, la actividad de fomento a través de incentivos fiscales constituye uno de los instrumentos más relevantes de la actuación administrativa. De acuerdo con los datos más recientes, los beneficios fiscales previstos por el Estado para 2023 superarán los 45 mil millones de euros, que se elevan a casi 60 mil millones si se suman los correspondientes a las Comunidades Autónomas y los entes locales. Esto hace que hablemos de casi un 5% del PIB español. De hecho, no falta un importante sector doctrinal que promueve el recurso a la técnica de los beneficios fiscales en detrimento de las ayudas o subvenciones como principal instrumento de fomento de actividades privadas. En este ingente gasto fiscal el Gobierno asume una posición de gran protagonismo en su establecimiento, no sólo a través del monopolio de la presentación del proyecto de ley de presupuestos, en el que muchas veces se concretan estas opciones, sino también a través de su capacidad para vetar e impedir la tramitación de cualquier iniciativa de la oposición dirigida a establecerlos. A ello ha de añadirse la indudable actividad de índole administrativa que comportan las tareas de comprobación de la efectiva concurrencia de los requisitos necesarios para disfrutarlos o incluso - menos frecuentemente - la del propio reconocimiento de la pertinencia del beneficio. Por tanto, el análisis desde dicha perspectiva administrativista no es sólo posible, sino necesario y viene a rellenar un hueco en la doctrina, insisto, mucho más atenta a la figura de la subvención. En este sentido, esta obra aborda en primer lugar un encuadre del beneficio fiscal, explicando una serie de elementos constantes en su larga historia como técnica de fomento, su definición, naturaleza y utilidad práctica, así como el marco constitucional y de Derecho de la Unión Europea, que determinan tanto su legitimidad como distintos requisitos para su regulación, dada en el último caso su condición de ayuda de Estado. A continuación, se expone una serie de condicionantes para la actuación del Gobierno en su impulso y establecimiento, que, sin hurtarle una facultad que forma parte de su capacidad para dirigir la política interior y exterior reconocida por el artículo 97 CE, faciliten el cumplimiento de los principios constitucionales de lo que no deja de ser un gasto fiscal. Entre ellos, se abordan la publicidad de los incentivos fiscales, la participación de los interesados en su adopción, así como en el establecimiento de límites como su carácter no discriminatorio y su respeto a la libre competencia en el sector privado, e incluso su capacidad para aportar recursos privados adicionales a las políticas públicas que tratan de favorecer, más allá de la financiación pública indirecta que suponen. Y, por supuesto, el régimen aplicable a las actividades de gestión y control de los beneficios fiscales, con el posible ejercicio de la potestad sancionadora respecto de quienes se los apliquen indebidamente, la evaluación de sus resultados, y las condiciones para que su modificación o supresión no lesionen el principio de confianza legítima ni generen responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Cuando hablamos de compliance penal hacemos referencia al que sirve para gestionar y controlar los riesgos penales de los que pudiera derivarse la responsabilidad penal de una persona jurídica que obtiene cualquier beneficio directo o indirecto del delito cometido (por ejemplo, el riesgo de fraude o corrupción o aquellos asociados a las violaciones de regulaciones antimonopolio o laborales, o de seguridad y salud en el trabajo). Según el Tribunal Supremo Español la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene como base de la conducta antijurídica la ausencia de una cultura ética, o de respeto al Derecho caracterizada por la ausencia de controles para evitar o minimizar la comisión de delitos en el seno de una organización. En el presente libro hemos intentado abordar, desde un punto evidentemente práctico, en qué medida los conocimientos adquiridos a través de la ciencia del comportamiento y el uso de herramientas psicológicas pueden ser útiles para construir una cultura ética o de cumplimiento, reforzar la conducta adecuada o deseada en un marco determinado, prever las conductas de riesgo o modelar estas para que las mismas sean congruentes con el código ético y los valores de una organización. La obra que ahora presentamos pretende dar pautas prácticas a tener en cuenta en el proceso de diligencia debida propio de la contratación y ofrece una serie de casos prácticos para pensar, reflexionar y discutir en las organizaciones y unos cuestionarios para evaluar el liderazgo, el clima y la cultura ética; los rasgos de personalidad y los valores personales en relación con la ética y el Compliance.

La ratificación por españa del convenio 190 y recomendación 206 de la OIT (2019) abre un nuevo camino para el tratamiento de las situaciones de violencia en el lugar de trabajo. Pudiéndose incorporar el contenido de esta norma ratificada por españa por vía legislativa o convencional. ya tenemos en españa ejemplos de buenas prácticas en la materia desarrolladas a través de la intervención legal y la negociación colectiva, si bien no son muy conocidas y difundidas. En esta obra se hace una propuesta de intervención tanto en entidades públicas como privadas.

En los tiempos en los que nos ha tocado vivir, los cambios de todo tipo son vertiginosos y las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en distintos ámbitos, con sus ventajas, pero también con sus desafíos y peligros en la denominada “Cultura touch”. Los avances tecnológicos, y concretamente los algoritmos, de la mano de la inteligencia artificial tienen al ser humano en una cada vez más presente y sofisticada “perfilación” que puede llegar a invadir la más estricta intimidad. En la presente obra el autor plantea un reto de gran envergadura: analizar si realmente el Derecho penal puede servir como baluarte último para la defensa contra una posible discriminación laboral algorítmica basándose en la más autorizada doctrina científica, reciente jurisprudencia y casuística nacional e internacional.

Recopilación de las principales novedades normativas e hitos jurisprudenciales que han sido publicados en relación con el sector asegurador durante el año 2022.

La preparación delictiva es, probablemente, uno de los aspectos más problemáticos para la dogmática penal. Las dificultades inician con el análisis de la legitimad de las conductas de índole preparatoria que reposan en la Parte Especial del Código Penal. Dicha incriminación suele resultar incompatible con los principios limitadores del Poder punitivo del Estado, lo cual exige encontrar criterios o fórmulas desde la dogmática aplicada para proponer soluciones interpretativas que se ajusten con la Constitución. Otro de los aspectos cruciales -en el marco de la preparación delcitiva-, es cómo castigar los delitos de preparación. Ello exige no solo propuestas de lege ferenda para el ámbito penológico, sino motivos que aboguen por sanciones ajustadas a los parámetros de la proporcionalidad penal. En similar dirección, el ámbito de preparación delictiva exige la necesaria detección de límites para las figuras de anticipación, esto, en atención a la excepcionalidad de la fase preparatoria. En definitiva, en este nuevo trabajo, Cruz Palmera propone una serie de soluciones a los problemas citados, de ahí el nombre de la monografía, “Preparación delcitiva: bases para una dogmática".

Existe en la actualidad un debate abierto sobre la gobernanza fiscal, asentado en la necesidad de una eficacia, eficiencia y transparencia real en las actuaciones administrativas que propicie procedimientos amistosos mediante acuerdos fiscales basados en el consenso y el servicio. Cooperación, que debe tener un reflejo evidente en el régimen sancionador. Lo cual, no implica, la renuncia a la imposición de las mismas ante posibles incumplimientos, sino que, los esfuerzos deberían ir dirigidos a evitar sanciones injustas. En este sentido, el loable objetivo de evitar el fraude fiscal, que sustenta las acciones y estrategias de la Administración tributaria, no puede justificar una elevada prodigalidad de corrección en aras de una mayor recaudación. Es por ello que, mediante la presente monografía en la que hemos seguido una disposición metódica a la vez que práctica, intentamos de manera modesta pero rigurosa, poner de manifiesto la necesidad, a semejanza de otros países, de incorporar instrumentos e incentivos, en nuestro ordenamiento jurídico, que fomenten el cumplimento voluntario de las obligaciones tributarias y alivien a los contribuyentes de la imposición automática de sanciones.

Nuestro sistema de la Seguridad Social se sustenta en la técnica de reparto, de modo que la población activa actual soporta el coste de las prestaciones sociales del mismo período. Este modelo está basado en el equilibrio entre los ingresos y los gastos de cada año, por lo que es especialmente sensible a las oscilaciones demográficas y a la situación del mercado de trabajo. En los últimos años, factores como el envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y la precariedad laboral, han ocasionado una situación de déficit permanente, resultando insuficiente el Fondo de Reserva para hacerle frente. Por ello, ha sido necesario el planteamiento de medidas que garanticen la viabilidad financiera del sistema, las cuales quedaron finalmente plasmadas en el acuerdo social alcanzado en el mes de julio de 2021. Con posterioridad, su contenido dio lugar a la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, promulgada en consonancia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para percibir los fondos Next Generation de la UE. La Ley plantea seis grupos de medidas, constituyendo cada uno de ellos el contenido de los capítulos en los que se ha estructurado la obra: la centralización funcional de la gestión, la revalorización de las pensiones, la financiación, la alineación de la edad real con la edad legal de jubilación, el fomento de la vida laboral tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, y la mejora en la protección por viudedad de las parejas de hecho. En su análisis práctico, así como de su posterior desarrollo, se ha centra esta obra, dirigida no solo a profesionales del Derecho sino al público en general interesado en la materia.

Tanto la empresa como la sociedad actual deben enfrentarse a los retos generados por tres importantes revoluciones: la digital, la medioambiental y la demográfica. Para ello, resulta fundamental contar con un sistema de formación profesional que, entendido en sentido amplio, sea potente y eficaz para poder cubrir las demandas formativas de las plantillas y de los ciudadanos, en general. Esta obra analiza algunos aspectos básicos de los sistemas de formación profesional, tanto de la inicial como de la continua. Sin duda, tan importante como la primera es esta esta última, pues el aprendizaje de la escuela debe continuarse en la empresa y en la sociedad a lo largo de la vida. Los puntos aquí estudiados versan tanto sobre el derecho español como el derecho comparado. En relación con el segundo, se aportan visiones de los sistemas formativos de Italia, Francia, Alemania, Polonia, Estonia y Portugal. Esperamos que estos trabajos puedan ser de utilidad al lector.

Los jóvenes docentes e investigadores se han de enfrentar, desde que comienzan a dar sus primeros pasos en la Universidad, a numerosas dudas e incertidumbres que afectan a múltiples aspectos de la carrera académica. Entre ellos, los aspectos económicos y, en particular, aquellos relacionados con la fiscalidad, ocupan un lugar destacado; de ahí que resulte necesario analizar, desde un punto de vista crítico y reflexivo, las principales cuestiones tributarias que interesan a la generación emergente del profesorado universitario. Nos encontramos ante una obra original, al ser la primera en la que se estudia de manera monográfica esta temática, una obra que ha sido protagonizada en su autoría por los propios sujetos implicados y que está redactada con un estilo ameno y sencillo que busca hacerla accesible a todo el personal docente, con independencia de su rama de especialización, a la vez que se efectúan aportaciones relevantes para una correcta aplicación de la normativa tributaria.