La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una Ley de la Jurisdicción Voluntaria forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo de tutela del Derecho privado iniciado hace más de una década con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, en cuya disposición final decimoctava encomendaba la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. La regulación de la jurisdicción voluntaria dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil como ha ocurrido en España desde 1855, era fruto de la vocación recopiladora de nuestro Derecho histórico, pero la sentida necesidad de una mayor coherencia sistemática y racionalidad en nuestro sistema procesal, recibe una adecuada respuesta con la presente Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno, se ha procedido a separar la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, manteniéndose entre ellas las relaciones naturales de especialidad y subsidiariedad que se producen entre normas dentro de cualquier sistema jurídico complejo. El interés del ciudadano ocupa un lugar central entre los objetivos de esta Ley. A lo largo de su articulado se establecen instrumentos sencillos, efectivos y adecuados a la realidad social a la que se aplican, en el caso de que requieran la intervención de los tribunales de justicia a través de cualquiera de los actos de jurisdicción voluntaria. Instrumentos en los que se ha aprovechado la experiencia de los operadores jurídicos y la doctrina emanada de los tribunales y de los autores para ofrecer al ciudadano medios que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma rápida y con respeto de todos los derechos e intereses implicados dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, constituye la norma básica del proceso de aprobación, ejecución y control de los Presupuestos Generales del Estado y por ello se configura como el núcleo de la presente obra, actualizada con las modificaciones realizadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio. El núcleo de las normas estatales de ámbito presupuestario incluye además la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, asimismo modificada por la citada Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio.. El conjunto de las disposiciones estatales recoge también la Ley Reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. En relación con las disposiciones de la Unión Europea, se incluye el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (Pacto Presupuestario), y los artículos relevantes en materia de Presupuestos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La obra se cierra con el bloque de las normas presupuestarias relativas a las Corporaciones Locales, que comprende el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Títulos I y VI), objeto de modificación por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre; el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla lo dispuesto en la norma anterior en materia de Presupuestos, así como el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. En todos los casos, las disposiciones aparecen anotadas extensa y detalladamente, así como debidamente concordadas, lo que permite acceder a otras normas de menor rango, anotadas a pie de página, que configuran el conjunto de las reglas aplicables en materia presupuestaria, tanto estatal como local.

La Constitución Española de 1978 se sitúa en la cúspide de la pirámide normativa sobre la que descansa nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que, aunque la mayor parte de los títulos de esta Biblioteca recogen nuestra más Alta Norma, resulta coherente, útil e incluso imprescindible disponer en la colección de un libro, manejable al máximo, que permita en cualquier momento consultar la Constitución, profusamente anotada y comentada en todos sus preceptos. La incorporación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obedece a dos razones: en primer lugar, a que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, siendo por tanto lógico, a fin de que el profesional y el estudiante dispongan de los instrumentos básicos de la constitucionalidad española, que figure la Ley reguladora del Alto Tribunal de Garantías; y, en segundo lugar, el trascendental significado que dicha Ley encierra en sí misma. El volumen, por consiguiente, está orientado hacia la vía de la constitucionalidad, finalidad que se alcanza mediante la incorporación de un exhaustivo registro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, subdividido en tres índices: Cronológico. Concordado con los artículos de la Constitución, y de Materias. Completa el volumen un extenso índice analítico general, que remite tanto a los artículos de la Constitución cuanto a los de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Constitución Española Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Desarrollo de los derechos y libertades -?Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.-?Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. -?Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. -?Ley Orgánica reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». -?Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación. -?Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación. -?Ley Orgánica de libertad sindical. -?Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal. -?Ley General de la Comunicación Audiovisual. Textos internacionales en materia de derechos y libertades - Declaración Universal de los Derechos Humanos. - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolos Facultativos. - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Protocolo Facultativo. - Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. - Carta Social Europea. Garantías y suspensión de los derechos -?Tutela preferente y sumaria de los derechos fundamentales. -?Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. -?Ley de Enjuiciamiento Criminal. Participación política y régimen electoral -?Ley Orgánica de Partidos Políticos. -?Ley Orgánica del Régimen Electoral General. -?Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos. Instituciones Centrales del Estado -?Reglamento del Congreso de los Diputados. -?Texto refundido del Reglamento del Senado. -?Ley Orgánica del Consejo de Estado. -?Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Completa este volumen un extenso índice analítico.

Esta obra analiza pormenorizadamente, con un enfoque muy práctico, el concepto, naturaleza y requisitos del convenio arbitral, sin olvidar las referencias a los convenios vinculados a arbitraje especializados que presentan algunas particularidades: el societario, el de adhesión, el de arrendamientos y propiedad horizontal o el de propiedad industrial, consumidores y usuarios, entre otros. Para acabar esta primera parte, se dedica un apartado a los distintos tipos de convenios arbitrales: Cláusula incorporada a un contrato, cláusulas híbridas, cláusula incorporada a un contrato de adhesión, convenio arbitral sobre controversias ya surgidas, cláusulas de arbitraje institucional y convenio arbitral electrónico. Seguidamente se da mucha importancia al estudio jurisprudencial de la Independencia de la cláusula arbitral respecto del contrato principal, al control del árbitro de la validez del convenio: principio «competencia de la competencia»; y al control del órgano judicial de la validez del convenio ya sea al pronunciarse sobre el nombramiento judicial del árbitro o de los árbitros, al plantearse la acción de nulidad del laudo o al ejecutar el laudo. Si bien esta obra se centra casi exclusivamente en el convenio arbitral nacido en el seno de un arbitraje interno o nacional, se dedica un último apartado a esbozar los aspectos más esenciales del arbitraje internacional.

Se abordan en este libro los tres derechos que conforman el Derecho de la Protección Social, es decir, el Derecho a la Seguridad Social, el Derecho a la Asistencia Sanitaria y el Derecho a los Servicios Sociales, a sus prestaciones. La materia objeto de estudio se fundamenta en los orígenes de la Protección Social. Por ello, se da prioridad al Derecho de la Seguridad Social y se excluye aquellas otras materias que, aunque pudieran formar parte del campo de la protección social dispensado por los poderes públicos (educación, vivienda, familia, etc.), no han formado parte históricamente del catálogo de situaciones de necesidad cubiertas por la Seguridad Social y, por ende, del Derecho de la Protección Social. Éste, tiene su origen en el derecho de la Seguridad Social (artículo 41 Const.). Definida por WILLIAN BEVERIDGE como «el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de presentarse por óptima que sea la situación de conjunto de la sociedad en la que vivan», Seguridad Social es, en este sentido, «prevención y remedio de siniestros que afectan al individuo en cuanto miembro de la sociedad y que ésta es incapaz de evitar en su fase primera de riesgo, aunque puede remediar y, en alguna medida, prevenir su actualización en siniestro» (ALONSO OLEA). Del derecho a la Seguridad Social, de su Sistema, se ha ido desgajando progresivamente el Derecho a la Asistencia Sanitaria (artículo 43 Const.) y el Derecho a los Servicios Sociales (artículos 49 y 50 Const.) hasta configurar sus propios Sistemas, el Nacional de Salud y el de Autonomía y Atención a la Dependencia, aunque mantienen su vinculación con aquél. De los tres derechos se analiza de dónde surgen; su aspecto internacional, con especial referencia al Derecho de la Unión Europea; el marco constitucional; quiénes son sus beneficiarios, asegurados y titulares así como sus prestaciones, las económicas, las sanitarias y las de servicios sociales. Aunque el texto es eminentemente docente, se alude también a cuestiones actuales, como por ejemplo, las relativas a la naturaleza jurídica de las prestaciones sanitarias así como a la aprobación del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales por una norma de rango menor (una Resolución). En esta segunda edición, se incluyen las principales modificaciones legislativas, en especial, la nueva regulación de las Mutuas Colaboradoras con las Seguridad Social así como la jurisprudencia más reciente sobre la materia analizada.

La generalización del profesionalismo y los avances tecnológicos de la televisión que tuvieron lugar en la última década del siglo pasado han llevado al extremo la mercantilización del deporte de competición, lo que ha dado un impulso decisivo a la judicialización de los conflictos que se producen en su seno, que si antes era esporádica y se consideraba anecdótica ahora, en cambio, se ha hecho habitual, lo que provoca con frecuencia choques entre las autoridades deportivas nacionales y las estatales y entre éstas y las organizaciones deportivas internacionales, que tienen luego su inevitable proyección en el escenario jurisdiccional. Los estudios reunidos en este volumen pretenden proyectar alguna luz sobre las relaciones entre la Justicia y el Deporte, que siempre fueron difíciles, pero que han incrementado su conflictividad y dificultad exponencialmente en estos últimos años.

Este libro contiene el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que ha sido reformado en numerosas ocasiones, siendo las últimas de ellas las modificaciones introducidas por la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social; la Ley 35/2014, por la que se modifica el TRLGSS en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social; la Ley 36/2014, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y el Real Decreto-Ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. La elaboración de este texto refundido comenzó con la Ley 36/1990, de 20 de diciembre, que autorizó al Gobierno a realizar un texto en el que se integraran las normas específicas de Seguridad Social y las disposiciones en dicha materia contenidas en normas de otras ramas de ordenamiento jurídico. Posteriormente, la Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento de empleo y protección por desempleo otorgó una autorización al Gobierno para regularizar las disposiciones que, en materia de protección por desempleo, se contenían en ella. Finalmente, en la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo, se autorizó al Gobierno para que la aludida refundición se extendiera también a las disposiciones que sobre la materia de Seguridad Social y protección por desempleo se contenían en la misma. Se incluye, además, un índice analítico para facilitar la consulta de la obra.

La 6ª edición de esta «Teoría del Derecho» (volumen I) incorpora un Apéndice al Capítulo 7 sobre «Normas y Principios jurídicos», además de la corrección de erratas y la actualización. Este primer volumen comprende la Introducción y la Teoría formal del Derecho. El segundo volumen -cuya publicación está prevista para este mismo año, 2015- aborda la Teoría de la Dogmática jurídica o Ciencia de los juristas. Esta obra está escrita en estilo «interactivo», en diálogo con el lector. Éste se va introduciendo poco a poco en el complejo y atractivo mundo del Derecho. No sólo es un libro de texto, idóneo para la preparación de las disciplinas de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho. Es también la exposición de aspectos fundamentales de la Teoría comunicacional del Derecho, en cuya elaboración trabaja el autor desde hace más de tres décadas. Combina el aspecto pedagógico y el científico. Junto a la información necesaria para entender el sentido y la evolución de los conceptos, se presentan las tesis de la Teoría comunicacional del Derecho, entendida como una concepción hermenéutico-analítica que toma como punto de partida el lenguaje de los juristas. Dicha concepción se presenta como una teoría de los textos jurídicos, cuyos elementos analiza y relaciona. Los ejercicios prácticos, añadidos al final de cada lección, son un instrumento de ayuda al profesor para la preparación de las clases prácticas y los seminarios. También sirven al alumno como repaso y como comprobación de que ha asimilado los contenidos estudiados. Este libro es de interés, sobre todo, para juristas, pero también para lingüistas, filósofos, sociólogos, antropólogos y psicólogos.

La obra analiza la reforma introducida por la LO 1/15 de 30 de marzo que modifica el Código Penal, en todo lo que afecta a los delitos de corrupción pública, centrándose la parte fundamental de la misma, de propósito eminentemente práctico, en los delitos contra la Administración Pública y las nuevas figuras de la financiación ilegal de partidos políticos. Se estudian así las figuras delictivas desde una perspectiva que compara la situación actual con las novedades que introduce la reforma, imprescindible para la comprensión de los efectos que tendrá ésta tanto en los casos que se hallan sub iudice, como en los futuros. Como complemento de la perspectiva dogmática y práctica no se renuncia a un breve análisis de la realidad social en la que se gesta la reforma, abordándose así mismo el mapa normativo de la tutela penal internacional frente a la corrupción, y finalizando con una perspectiva valorativa y crítica de las novedades introducidas, que será útil desde la óptica política criminal.