Este libro se ocupa de la vida y de la obra intelectual de uno de los personajes más relevantes de la Transición Española, Gregorio Peces-Barba. Es un trabajo teórico que no olvida los elementos fundamentales de una práctica en torno al Derecho, a la Política y a la Universidad de un hombre que siempre creyó en el valor de la palabra y en la fuerza de los pactos como garantía de paz y de progreso social. Su pensamiento es una síntesis armónica y actualizada a nuestro tiempo del modelo civilizador, emancipador y cohesionador que representa la mejor Modernidad, la mejor Ilustración. Por eso se presenta, todavía hoy, en términos de utopía posible, frente a las posiciones más conservadoras o reaccionarias o frente a las rupturistas-revolucionarias. Es un modelo que pretende proteger y potenciar en última instancia la igual dignidad de todos los seres humanos, el concepto central de su filosofía política y jurídica, con el máximo respeto a los valores de libertad, igualdad, solidaridad y seguridad. José Manuel Rodríguez Uribes es profesor titular de Filosofía del Derecho. Autor de cinco libros, fue Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Alto comisionado y en el Ministerio del Interior entre 2005 y 31 de diciembre de 2011.

El libro defiende la siguiente idea: el poder de decisión en las sociedades cooperativas reside esencialmente en el socio. La mutualidad determina y explica el poder de decisión del socio. A diferencia de lo que sucede con el socio de las sociedades de capital a quien solo se le exige que aporte capital, de manera que la gestión de la sociedad afectará únicamente a la aportación realizada, el socio cooperativo debe además realizar actividad económica con la sociedad cooperativa, dependiendo el contenido jurídico de esa actividad -los derechos y deberes que, en relación con ella, asume el socio- de la gestión que se realice de los asuntos sociales. Por ello, al existir un interés tan intensamente afectado por la gestión, el titular de ese interés debe tener poder para adoptar o participar en la adopción de decisiones de gestión. La mutualidad es, y seguirá siendo, el elemento tipológico primario de la sociedad cooperativa. Junto a la mutualidad, el otro elemento clave de la identidad tipológica cooperativa hay que buscarlo en el poder de decisión del socio que se traduce en la participación del socio en la gestión de la sociedad cooperativa. Con ello, dejan de ser esenciales las especialidades del régimen económico de la sociedad cooperativa y los principios cooperativos. Se aborda una línea de análisis del Derecho de sociedades cooperativas centrada en los órganos sociales y basada en la participación de los socios en la gestión de los asuntos sociales. Se construye un sistema de distribución y de control del poder societario propio de la sociedad cooperativa y diferente al del resto de sociedades mercantiles, y, en particular, diferente al de la sociedad anónima y al de la sociedad limitada en cuyos espejos se mira con inusitada frecuencia el legislador cooperativo. Es decir un sistema de órganos propio de una empresa mutualista. Este sistema está basado en la asamblea general y en los derechos de participación del socio en la misma. Las competencias de aquella y los derechos de estos son desarrollados ampliamente en el libro. En la confección de esta obra ha sido necesario realizar un esfuerzo importante de ordenación normativa. La proliferación o, quizá mejor, la fragmentación legislativa obliga a repasar las leyes de cooperativas de las Comunidades Autónomas, para exponer las diferentes opciones de política legislativa en cada una de las materias estudiadas. Asimismo, se contiene una abundante cita de sentencias sobre la materia cooperativa.

La Ley de Sociedades de Capital se presenta actualizada con las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.En el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se reúne el contenido de las dos leyes especiales del régimen jurídico de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, con la importante adición de aquella parte de la Ley del Mercado de Valores que regula los aspectos más puramente societarios de las sociedades anónimas con valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, además de los artículos que el Código de Comercio dedica a la sociedad comanditaria por acciones. Se incorpora a la presente edición un práctico cuadro comparativo del articulado de la Ley de Sociedades de Capital que se ha visto afectado por la reciente Ley 31/2014, de 3 de diciembre, con la redacción anterior y posterior a dicha norma y con los cambios resaltados para facilitar así una rápida consulta sobre los aspectos modificados.

La novedosa categoría de los «concursos conexos» no se contemplaba expresamente en la Ley Concursal española hasta la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que introdujo un nuevo capítulo III en el Título I, precisamente con esa rúbrica. Antes de la reforma, sin embargo, ya existía una regulación (parca y fragmentada) de los concursos conexos (v., antiguos arts. 3.5, 25 y 101.2 LC). Aunque la reforma mejoró significativamente la normativa ahora derogada, el resultado alcanzado no resulta satisfactorio. Al contrario, los concursos conexos siguen siendo una cuestión oscura, con múltiples aristas que pulir e interrogantes que resolver. Esta monografía consta de tres partes, nítidamente diferenciadas. La primera contiene una exposición de los distintos (y muy heterogéneos) supuestos de concursos conexos que contempla la Ley Concursal y reconstruye el sentido de esta categoría en torno a dos ejes principales: el tradicional principio de separación entre procedimientos y el interés de los concursos. En función de la intensidad con la que se module la vigencia del principio de separación, es posible identificar dos grandes modelos de tratamiento de los concursos conexos: el de coordinación y el de consolidación, a los cuales están dedicadas, respectivamente, la segunda y tercera parte de la monografía.

La difícil situación económica y financiera de la empresa de Barcelona Traction a la salida de la guerra civil se caracterizó en el primer decenio por un serio retraso respecto del crecimiento del conjunto de la industria eléctrica en España. El estancamiento fue producido por una estructura industrial, basada en la producción de origen hidráulico, la volatilidad de los resultados sensibles a las condiciones de los años de sequía y su erosión por el fuerte endeudamiento en esterlinas. Además, tenía cerrado el acceso a los mercados de capitales internacionales y español, lo que comprometía su viabilidad en el futuro. La ineludible reorganización financiera dio lugar a dos proyectos, el de Dannie Heineman, en representación de los accionistas, que se basaba en una quita próxima al 50% de la deuda con los obligacionistas en esterlinas y el de Juan March que sostenía que a estos obligacionistas les correspondía un interés predominante dada la situación financiera de la empresa. En 1944, Heineman rechazó la propuesta de March de proceder conjuntamente a la reorganización o venderle las acciones pero, fracasado su plan de arreglo en diciembre de 1946, se llegó a dos acuerdos en 1947 que rompió en diciembre de 1948 al optar por desplazar el asunto a la esfera de las relaciones entre Estados.

El presente volumen -ya el número treinta- de la clásica obra, y realmente única en su género, iniciada en 1983 por el profesor Manuel Alonso Olea y continuada por el profesor Alfredo Montoya Melgar, prosigue la tarea de comentar todas y cada una de las resoluciones del Tribunal Constitucional recaídas en materia de trabajo y Seguridad Social, en este caso las correspondientes al bienio 2011 y 2012. Como en los tomos precedentes, ha colaborado en el presente un nutrido grupo de cualificados especialistas, cuyos comentarios constituyen una aportación doctrinal imprescindible para conocer en profundidad la jurisprudencia social de nuestro Tribunal Constitucional. Son así objeto de comentario en este volumen decisiones del Alto Tribunal recaídas sobre todo en materia de Seguridad Social y formación profesional, sin que falten las resoluciones sobre derecho a la intimidad, despido, negociación colectiva, huelga y, por supuesto y como telón de fondo permanente, las referidas a cuestiones procesales.

Única monografía dedicada a exponer de forma exhaustiva la génesis de la doctrina Parot, como reacción tardía ante la imposible aplicación retroactiva de la LO 7/2003, dada la próxima excarcelación de los más sanguinarios presos de ETA. El camino hacia la modificación de resoluciones firmes (Res Iudicata) exigió incurrir en incongruencia extrapetita, resolviendo un extremo que H. Parot no había recurrido, así como en la prohibida reformatio in peius. Recoge igualmente la inexplicable trayectoria de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que amparó a cuatro demandantes y, en supuestos idénticos, desamparó a los demás, dando lugar con ello a una prolongación efectiva de penas durante siete años en los casos más graves. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos amparó a una de las demandantes (Del Río Prada) y condenó a España por violación de la legalidad penal y de la irretroactividad de normas (y jurisprudencia) sancionadoras, procediendo a un auténtico ?rescate jurídico? del Ordenamiento Jurídico español similar, en cuanto a su significado, al rescate financiero previamente producido, obligando a España a aplicar de forma directa su resolución.

El libro recoge 33 ensayos sobre otros tantos ámbitos de la economía española, realizados por reconocidos especialistas en cada una de las áreas tratadas. En su conjunto conforman una excelente muestra de la capacidad que tiene el análisis económico aplicado en nuestro país para indagar sobre los problemas y potencialidades del la economía española. Se rinde, de este modo, tributo y homenaje a uno de los más reconocidos especialistas en este ámbito: el profesor José Luís García Delgado. Por su visión comprensiva, por el dilatado plantel de los especialistas convocados y por la combinación de rigor y capacidad divulgativa con la que están redactados cada uno de los ensayos, este libro constituye un producto singular en el panorama bibliográfico sobre la economía española.

Los deberes de los administradores de las sociedades de capital constituyen una de las cuestiones claves en materia de gobierno corporativo. Sin embargo el deber de diligencia no ha recibido, hasta ahora, el tratamiento que merece. De ahí que en esta obra se analicen en detalle las numerosas cuestiones relativas a la concreción del deber de diligencia y a las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Pero, además, es necesario tener en cuenta los principios que inspiran la business judgment rule norteamericana como medio de protección de la discrecionalidad gestora de los administradores para evitar su responsabilidad por la adopción de decisiones empresariales erróneas o infructuosas, que han ido penetrando en nuestro ordenamiento por vía jurisprudencial y que se verán definitivamente incorporados a nuestro derecho a través de la próxima reforma de la Ley de Sociedades de Capital, lo que acentúa la necesidad de delimitar los principios de aplicación de esta regla con el fin de establecer criterios objetivos que al tiempo que otorguen una mayor seguridad jurídica permitan garantizar una gestión eficiente. Así pues, esta obra se presenta como una propuesta de reforma y de renovación del sistema de control de los administradores desde la perspectiva de la diligencia, buscando el equilibrio entre la efectividad de este deber como medio de censura de su actuación y la protección de la discrecionalidad de la que deben gozar los administradores para el desarrollo de la gestión y la asunción de riesgos inherentes a la actividad empresarial.