En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el ordenamiento jurídico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos. En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común, conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas. Esta obra ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso plantea. Desde diciembre de 2012, fecha en que apareció la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas. También han aparecido en este último año obras importantes o ediciones innovadoras de otras anteriores. Se han contrastado las opiniones en ellas mantenidas, a fin de que el lector pueda tener una idea lo más completa posible del panorama actual de la doctrina.

El objetivo de este libro es ofrecer una reflexión sobre el estado del Derecho constitucional europeo poco después del quincuagésimo aniversario de Van Gend en Loos, la histórica decisión del Tribunal de Justicia (TJ) que ha puesto las bases para la constitucionalización del Derecho de la Unión Europea. En un primer momento vamos a definir lo que queremos decir por «constitucionalismo», «constitucionalización» y «Derecho constitucional europeo», ofreciendo una panorámica de la literatura relevante sobre el tema. Como veremos, es posible deducir por lo menos dos definiciones de constitucionalización europea, es decir constitucionalización como «federalización» y constitucionalización como «humanización» del Derecho europeo. Utilizaremos esta dicotomía para explicar por qué seguimos hablando de Derecho constitucional europeo tras el así llamado «fracaso constitucional» y para deconstruir el argumento de los que llamaremos en este libro los «descontentos» del constitucionalismo europeo. Seguidamente, continuando con esta línea, se analizará la situación de la UE en materia constitucional a la luz de la dicotomía constitucionalismo evolutivo vs. constitucionalismo constructivista.

Esta tercera edición de los Comentarios a la Ley del Suelo -que arrancaron con la aprobación de la Ley 8/2007, que por vez primera escribí junto con otros colaboradores- incorpora a la obra las últimas novedades tanto legislativas como jurisprudenciales y doctrinales que han aparecido tras la segunda edición de estos Comentarios. Tras superarse lo más crudo de la crisis inmobiliaria consideramos necesario reflejar las modificaciones al texto refundido de la Ley del Suelo que se han producido sobre todo por la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, así como reflejar el impacto de la sentencia 141/2014, de 11 de septiembre, del Tribunal Constitucional, que ha sido en todo caso menor del que se esperaba, sobre todo por quienes hemos sustentado opiniones críticas sobre el actual marco legal estatal urbanístico. Precisamente las críticas se han acentuado en la regulación sobre valoración del suelo y en lo que se refiere a este apartado la presente obra recoge las aportaciones del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo (RD 1492/2011, de 24 de octubre), que no fue posible incorporar en la segunda edición, que en parte mitiga alguno de los defectos de la Ley. Esta tercera edición ha procurado reducir las referencias jurisprudenciales que en gran número estaban presentes en las anteriores ediciones, manteniendo sólo las más relevantes en beneficio de una lectura más dinámica del texto sin que éste haya visto mermado su indudable valor como obra de referencia tanto para los teóricos como los prácticos del Derecho.

El objetivo de este trabajo es un análisis del llamado derecho a la objeción de conciencia, no limitado a un debate de naturaleza política-filosófica sino construido con arreglo a la técnica jurídica, precisando su alcance y límites y, sobre todo, su categorización dentro del marco constitucional. La pregunta de la que partimos es: si la objeción de conciencia se traduce de hecho en la negativa al cumplimiento de una norma imperativa, estamos ante una negación del Derecho, ¿cómo, entonces, construir con solvencia conceptual un derecho que se edifica sobre la propia negación del Derecho? La objeción de conciencia, situada entre la desobediencia y la libertad de conciencia, conecta con el factor ideológico-religioso, como especie, y la multiculturalidad, como género. De ahí que, en un mundo más plural, cada vez son más los posibles supuestos de objeción, de los que analizamos solo los más significativos. Además nos referimos a sus límites derivados de su configuración como derecho constitucional no fundamental, que precisa de interposición legislativa y/o judicial, así como de la teoría general de los límites al Derecho.

La extracción de datos de una página web ajena constituye una práctica muy extendida en el ámbito de la nueva sociedad de la información. Cuando la misma se realiza sin el consentimiento expreso de su titular, y en clara colisión con el modelo de negocio pretendido por este, se plantean una serie de problemas que exigen una respuesta clara del ordenamiento jurídico. Ante todo, determinar si el simple hecho de navegar por un sitio web y extraer algunos datos del mismo presupone la existencia previa de un contrato entre usuario y titular de la página web, aunque sea celebrado de forma tácita o presunta. En segundo lugar, la eventual conculcación de derechos de la propiedad intelectual que pudieran derivarse de la titularidad de ese sitio web, en particular, sobre el software o la base de datos del mismo. Finalmente, los conflictos que dicha situación pueda generar a la luz de la normativa sobre competencia desleal y de protección de los consumidores y usuarios.

La extracción de datos de una página web ajena constituye una práctica muy extendida en el ámbito de la nueva sociedad de la información. Cuando la misma se realiza sin el consentimiento expreso de su titular, y en clara colisión con el modelo de negocio pretendido por este, se plantean una serie de problemas que exigen una respuesta clara del ordenamiento jurídico. Ante todo, determinar si el simple hecho de navegar por un sitio web y extraer algunos datos del mismo presupone la existencia previa de un contrato entre usuario y titular de la página web, aunque sea celebrado de forma tácita o presunta. En segundo lugar, la eventual conculcación de derechos de la propiedad intelectual que pudieran derivarse de la titularidad de ese sitio web, en particular, sobre el software o la base de datos del mismo. Finalmente, los conflictos que dicha situación pueda generar a la luz de la normativa sobre competencia desleal y de protección de los consumidores y usuarios.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental establece para los sectores industriales más contaminantes la obligatoriedad de contar con una garantía financiera que cubra las posibles responsabilidades medioambientales en que pudieran incurrir. El seguro tiene como principal finalidad otorgar solvencia para la reparación del daño, pero no se trata sólo de reparar. La Ley de Responsabilidad Medioambiental descansa en la prevención de daños. La contratación del seguro medioambiental, debe garantizar que las empresas realizaran una somera gestión de riesgos. La efectividad del régimen de responsabilidad medioambiental exige la implicación de todos los sectores y grupos de interés (industrial, financiero, ciudadanía, poderes públicos), en un lenguaje común en la decisión, análisis y evaluación de riesgos. Es indispensable facilitar y promover la cooperación, discusión abierta y democrática entre todos los sectores implicados y la aceptación pública de las decisiones.

En esta monografía se ofrece una panorámica general de los conflictos familiares y sucesorios contenciosos más trascendentes: los procesos sobre la capacidad de las personas: incapacitación, reintegración de la capacidad, prodigalidad e internamiento involuntario por razón de trastorno físico; procesos matrimoniales y de menores: nulidad, separación y divorcio; procesos de restitución o retorno en los supuestos de sustracción internacional; procesos de división judicial de patrimonios: división de la herencia, intervención y administración del caudal hereditario. Sin perjuicio de la detallada exposición del procedimiento establecido, en nuestra vigente normativa sustantiva y procesal, para la resolución de cada uno de estos relevantes conflictos familiares y de división de patrimonios, la autora analiza, caso por caso, qué concretos procesos debieran ser reconducidos a la Jurisdicción voluntaria, con análisis de cuál debiera ser, en cada caso, el operador jurídico o profesional del Derecho llamado a solventarlos, así como de las particularidades, peculiaridades o especialidades de sus específicos procedimientos.

En esta monografía se ofrece una panorámica general de los conflictos familiares y sucesorios contenciosos más trascendentes: los procesos sobre la capacidad de las personas: incapacitación, reintegración de la capacidad, prodigalidad e internamiento involuntario por razón de trastorno físico; procesos matrimoniales y de menores: nulidad, separación y divorcio; procesos de restitución o retorno en los supuestos de sustracción internacional; procesos de división judicial de patrimonios: división de la herencia, intervención y administración del caudal hereditario. Sin perjuicio de la detallada exposición del procedimiento establecido, en nuestra vigente normativa sustantiva y procesal, para la resolución de cada uno de estos relevantes conflictos familiares y de división de patrimonios, la autora analiza, caso por caso, qué concretos procesos debieran ser reconducidos a la Jurisdicción voluntaria, con análisis de cuál debiera ser, en cada caso, el operador jurídico o profesional del Derecho llamado a solventarlos, así como de las particularidades, peculiaridades o especialidades de sus específicos procedimientos.