Esta obra reúne a un destacado número de investigadores y profesionales, que, con las debidas sinergias, en el marco del Proyecto I+D+i de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico, titulado “Ejes de la Justicia en tiempos de cambio”, del Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección Sevilla) y la Fundación para la Inteligencia Artificial Legal, han logrado afianzar los primeros pasos de una imprescindible transición digital de la Justicia. Esta obra constituye un empeño colectivo por dejar atrás, cuanto antes, la brecha digital de la Administración de Justicia, y sortear todos los inconvenientes de la cotidiana celebración telemática de juicios y vistas, así como la atención temprana de los conflictos especialmente virulentos que se acentuaron durante la pandemia y que debían ser despejados -precisamente- en la misma sede dónde se habían cometido: la propia red. Un nutrido grupo de prestigiosos académicos y destacados profesionales se han coordinado, en esta obra, para intercambiar sus conocimientos, antes de afrontar la responsabilidad de publicar, en papel y en abierto, los resultados obtenidos, hasta el momento, acerca del estado de la Ciencia y la Tecnología en los primeros pasos de este camino sin retorno de Digitalización de la Justicia.

La obra tiene como objeto el análisis de la protección dispensada a los deudores y los demás sujetos pasivos de la relación jurídica crediticia por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de Contratos de Crédito Inmobiliario. Aprobada con la finalidad de transponer la Directiva comunitaria 2014/17, de 4 de febrero, esta Ley supera este objetivo inicial para introducir en el Ordenamiento jurídico un conjunto de obligaciones para el acreedor y unas limitaciones de carácter imperativo en las cláusulas de los contratos concertados con las personas físicas que recaigan sobre bienes inmuebles de uso residencial y a los consumidores que destinen el crédito a adquirir o conservar derechos de propiedad sobre inmuebles o terrenos construidos o por construir. Este análisis se realiza a través del estudio del ámbito de aplicación de la Ley en sus cuatro aspectos: subjetivo, objetivo, espacial y temporal, precedido en los dos primeros casos por una breve exposición de la forma en que la Directiva y otros Ordenamientos jurídicos de los países de la Unión Europea aborda estos aspectos, junto con los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de los últimos dos años.

La especie humana alcanzará pronto los 11 mil millones. En este entonces, los humanos serán tan numerosos que el planeta no podrá hacerlos subsistir a este nivel. Así pues, la población de la Tierra decrecerá inexorablemente como cualquier especie animal que se pone a proliferar en un espacio con recursos limitados y en breve plazo agotados. En pocos siglos, los efectivos humanos bajarán de 98 para alcanzar de nuevo el equilibrio que existía antes de la explosión demográfica. Comparado con la duración de la vida humana, el reflujo se escalonará durante un periodo suficientemente largo para que nuestra especie se adapte. Más allá de una visión a largo plazo que puede asombrar, ese libro expone los trastornos con los cuales la generación actual estará enfrentada en los años venideros y durante los cuales el destino de la humanidad va a jugarse.

En el Derecho anglosajón de daños, conocido como tort law, se utiliza con asombrosa frecuencia la expresión punitive damages. No solo conocidos con esa definición, sino también como exemplary damages, punitory damages, non compensatory damages, etc. Se consideran una parte de las consecuencias jurídicas que derivan de un daño ilícito. La traducción más extendida entre la doctrina que se realizada de los punitive damages es la de “daños punitivos”. Esta institución jurídica propia del Derecho anglosajón es completamente diferente a la institución legal de daños y perjuicios, comúnmente extendida en el Derecho de corte continental. La finalidad es sensiblemente diferente entre una institución y la otra. La auténtica finalidad de los daños punitivos es el castigo de una conducta, ser ejemplarizantes. Cuando existe una condena a daños punitivos no solo se realiza para compensar a la víctima del daño sufrido, sino que busca un castigo ejemplar y también la disuasión de posibles conductas similares.