Nos hallamos inmersos en la actualidad en la denominada “economía de plataformas”, expresión preferible a la de “economía colaborativa” con frecuencia utilizada todavía para referirse de forma generalizada e indiscriminada a la actividad desarrollada por y a través de las plataformas digitales, al margen de que exista o no la esencia de la economía colaborativa en sentido estricto. La aparición de nuevos y diversos modelos económicos basados en las plataformas digitales genera un ecosistema complejo y polifacético que nos obliga a enfrentarnos a múltiples incógnitas en el ámbito jurídico. El objetivo principal de esta obra (dirigida por Apol·lònia Martínez Nadal, Catedrática de Derecho Mercantil y con una consolidada trayectoria investigadora en el ámbito del Derecho de las Nuevas Tecnologías) es, precisamente, la difusión de distintas aportaciones relativas a la problemática jurídica planteada por la economía de plataformas, tanto en el marco de la normativa existente hasta la fecha como también con referencias a dos instrumentos jurídicos que serán sin duda elementos clave de la regulación jurídica de las plataformas digitales en los años próximos: el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Mercados Digitales, que se hallan en sus fases finales de tramitación en el momento del cierre de esta obra colectiva. Se trata de una obra colectiva de contenido jurídico interdisciplinar, con contribuciones del ámbito del derecho mercantil, civil, procesal, tributario, e internacional privado, entre otros. Asimismo cabe destacar la internacionalidad de la obra, con aportaciones de autores de distinta procedencia territorial.

La presente obra, en la que intervienen expertos de reconocida competencia en materias de Derecho Civil y de Derecho Internacional Privado, pretende dar respuesta a algunos de los desafíos que se plantean en la sociedad globalizada del siglo XXI, en la cual el fenómeno de la mundialización dota de nuevas características a las relaciones privadas, que cada vez son más numerosas y complejas. Ello encaja con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ha trazado 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, al mismo tiempo que constituyen un llamamiento universal a la acción para mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Esta relación se hace todavía más patente en la escena del Derecho si se atiende a que, entre los propósitos de la Agenda 2030, se encuentra precisamente el de fortalecer el acceso a la justicia. Nos encontramos, por tanto, ante el reto de adaptar las estructuras jurídicas tradicionales a las necesidades que suscitan las nuevas realidades sociales.