Cuando tras la muerte de Franco se abrieron las puertas de las prisiones para dejar salir a los opositores políticos a la dictadura, nadie imaginaba lo que vendría a continuación. Ante la omisión de su causa en las medidas de amnistía, los presos comunes subieron a los tejados para reclamar la libertad y un cambio radical del sistema penal y penitenciario.
Al frente del movimiento de presos sociales, la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) firmó los manifiestos que acompañaron las huelgas de hambre, autolesiones y motines mediante los que se reivindicaron como víctimas del franquismo. La deriva cada vez más violenta de estas acciones, tanto en su desarrollo como en la respuesta gubernamental, marcó de forma indeleble los años de la Transición. Fue tal la relevancia que adquirieron las protestas y tanta la alarma social que generaron las imágenes dantescas de prisiones destrozadas y presos heridos o muertos, que el gobierno se vio empujado a emprender una reforma urgente del sistema penitenciario. Pero a pesar de su temprana aprobación, la reforma tardó bastantes años en ofrecer resultados y no todos estuvieron en la línea prevista, mientras las condiciones intramuros se degradaban a ritmo acelerado a causa de la proliferación del consumo de drogas y la masificación.
A través del estudio de la conflictividad carcelaria de los años de la Transición, Cárceles en llamas explica en detalle el proceso de transformación de las prisiones franquistas hasta el sistema penitenciario vigente en nuestros días. Un recorrido atravesado por episodios oscuros y zonas de sombra sobre los que esta obra aporta luz y rigor, sin renunciar a un enfoque crítico que cuestiona el discurso hegemónico sobre el proceso que sentó los pilares del encierro contemporáneo en nuestro país.
Prólogo de Daniel Pont Martín.

¿Quién hay detrás de las agencias de calificación de las que se ha hablado tanto en el curso de la crisis financiera? ¿Y qué criterios de trabajo siguen? ¿Por qué campan a sus anchas sin que nadie haga nada?
En este libro se presenta por primera vez la estructura de propiedad de las tres grandes agencias: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Entre sus propietarios figuran los mayores fondos de inversión y fondos de alto riesgo -con sede en paraísos fiscales- que son propiedad de un complejo entramado de bancos y grupos empresariales que, a su vez, son propietarios de las más importantes y conocidas multinacionales.
Si nos adentramos en las prácticas de las agencias de calificación, veremos que la base de su poder estriba tanto en la función de supervisión estatal y supraestatal que les ha sido atribuida por gobiernos e instituciones políticas nacionales e internacionales, como en su estructura de propietarios capaz de asegurarse las complicidades políticas necesarias de estos organismos. Son estas complicidades las que han permitido desregular los mercados financieros hasta convertir a las agencias en juez y parte de un juego de casino global en el que la banca siempre gana. A esto se añade una fomentada e inteligente política de rotación de directivos entre cargos políticos, asesores presidenciales, empresas públicas y agencias, multinacionales, bancos y fondos de inversión, las famosas «puertas giratorias» que aseguran fidelidades y el control directo de las estructuras políticas.
En tanto que supuestos vigilantes objetivos e independientes del mercado, ayudan a sus propietarios a apoderarse de empresas, servicios públicos, Estados y economías nacionales completas. Su negocio no es la devolución de la deuda, sino el crecimiento exponencial de la misma. Para conseguir su objetivo disponen de un alto repertorio de prácticas que van desde las calificaciones indicativas o las calificaciones no solicitadas hasta la escenificación de crisis o la intervención directa en las políticas internas «aconsejando» recortes sociales.
Estas consentidas prácticas fraudulentas y extorsionadoras han convertido a las agencias en una lucrativa máquina de expolio continuado y en uno de los pilares fundamentales del poder actual del capital.