La presente obra ofrece un análisis de la problemática jurídica planteada por el tratamiento de datos personales de los trabajadores por parte de las empresas en vías de transformación digital, en un entorno caracterizado por la creciente digitalización y datificación de la gestión del empleo en las organizaciones. Partiendo del derecho a la protección de datos personales y de su renovado marco jurídico europeo e interno (Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018), se examinan las principales implicaciones del nuevo conjunto normativo en este particular contexto, en el que el legislador interno ha dispuesto un marco embrionario de garantía de los derechos digitales laborales en situaciones como el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, la videovigilancia y la grabación de sonidos o la utilización de sistemas de geolocalización. La obra aborda, además, el análisis jurídico de otros escenarios relevantes en los que se efectúa igualmente una recogida de datos personales (uso de dispositivos digitales móviles o situados fuera de los lugares de trabajo, tratamiento de datos biométricos, tratamiento de datos procedentes de las redes sociales, sistemas de denuncias internas, etc.). Finalmente, se analiza el recurso a las técnicas analítico-decisionales en el ámbito laboral y la transferencia de datos personales de los trabajadores en los grupos empresariales y uniones de empresas.

La presente obra plantea la eficacia probatoria de la prueba de ADN. Partiendo de la delimitación y distinción entre intervenciones corporales e inspecciones y registros corporales, se diferencian los supuestos en los que la recogida de muestras de ADN se realiza en el lugar del crimen de aquéllos otros en los que se obtiene de muestras voluntariamente abandonadas por el sospechoso, así como también de los casos en los que se adquiere la muestra por intervención en el cuerpo del investigado o sospechoso del delito, pudiendo realizarse con su consentimiento ?supuesto éste en el que se analiza la necesidad de asistencia letrada?, o en defecto de consentimiento, por resolución judicial motivada que lo autorice. En los casos en los que falta el consentimiento, se plantea el problema de la negativa a la ejecución coactiva de una medida de intervención corporal, así como las consecuencias que de ello se derivan.
Como premisa previa, la realización de una intervención corporal no puede afectar a la dignidad de la persona, ni a su salud, ni suponer un trato inhumano o degradante. Así, entre los derechos fundamentales afectados se encuentra el derecho a la integridad física y moral; a la intimidad, a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. La afectación de estos derechos requiere no solo la legalidad de la injerencia, sino también que tenga un fin legítimo y que se adopte mediante resolución judicial motivada, en la que se fundamente la concurrencia de los requisitos de idoneidad y proporcionalidad de la medida, so pena de inconstitucionalidad. Se analiza la jurisprudencia existente en esta materia. También se tratan las consecuencias de la valoración de una prueba ilícitamente obtenida por vulneración de los derechos fundamentales.
Por último, se hace mención a la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, así como a la posible colisión del almacenamiento de datos con el derecho a la autodeterminación informativa, y a la necesidad de disponer de laboratorios acreditados.

La innovación, la forma en que las ideas se vuelven valiosas, desempeña un papel esencial en el desarrollo económico y social. Durante los últimos ciento cincuenta años, el mundo ha sido transformado por la innovación; desde los aviones y la televisión, hasta las impresoras 3D y el dinero digital, los frutos de la innovación nos rodean. En esta breve introducción, Mark Dodgson y David Gann analizan qué es la innovación y qué la genera, quién la estimula y cómo se logra, además de cuáles son sus efectos, tanto positivos como negativos. Este título fue publicado originalmente dentro de la colección Very Short Introductions de Oxford University Press, de la que se han vendido más de nueve millones de ejemplares en el mundo.

La presente monografía se presenta un valioso instrumento de consulta recurrente no solo para los Abogados y Procuradores de los Tribunales, sino también para Jueces y Letrados de la Administración de Justicia, pues aquí encontrarán resueltas miles de cuestiones, muchas de las cuales a buen seguro se las habrán formulado en alguna ocasión a lo largo de su actividad profesional y en la práctica forense diaria. En definitiva, se trata de una obra imprescindible para litigar con garantías. Aquí el lector encontrará más 4.600 preguntas y respuestas fundamentadas, todas ellas sistematizadas en base a los artículos de la LEC con los que están conexas, lo que facilita en gran medida la rápida localización de la cuestión que pueda resultar de su interés: ¿Qué ocurre cuando en una resolución judicial o procesal no se indica el plazo para recurrir; el que se indica es erróneo o se concede un plazo incorrecto para una determinada actuación procesal?; ¿Qué relación hay entre la mala fe procesal y el retraso desleal en el ejercicio de las acciones?; ¿Es suficiente una simple hoja manuscrita reconociendo una deuda?; ¿Qué sucede cuando hay pluralidad de reclamados en el pago monitorio y una se opone y el otro no?; ¿Puede el actor, en el declarativo posterior, añadir otras reclamaciones diferentes de la que constituyó su petición monitoria?; ¿Es suficiente la remisión por burofax para notificación extrajudicial del saldo al deudor cuando éste no atiende el requerimiento de correos?. Las respuestas se fundamentan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, pero también en la doctrina surgida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ?que tanta incidencia ha tenido, por ejemplo, en los art. 552.1.II, 695.1.4ª o 815.4 LEC?. Del mismo modo, en materia de ejecución civil, existen numerosas respuestas fundamentadas en la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

La presente obra contiene una exposición actualizada y sistematizada de los diferentes procesos que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se examinan los trámites a través de los cuales se desarrollan los procesos declarativos ordinarios (juicio ordinario y juicio verbal), los procesos declarativos especiales (proceso monitorio, juicio cambiario, procesos matrimoniales?) y, finalmente, los procesos de ejecución (ejecución dineraria, no dineraria, ejecución hipotecaria?), tanto en la primera instancia como en las ulteriores vías de recurso (apelación, casación, acciones de revisión y rescisión). Asimismo se aborda el estudio de los distintos presupuestos de dichos procesos (jurisdicción, competencia judicial, capacidad y postulación), de sus eventuales actuaciones previas (diligencias preliminares, prueba anticipada?), medidas cautelares y demás instituciones relacionadas con los procesos civiles (formas de terminación anormal, cosa juzgada, costas procesales?). Y en el Anexo, por último, se analiza de manera sucinta la regulación constitucional de los conceptos fundamentales del Derecho Procesal, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Esta quinta edición incorpora las reformas legislativas y las aportaciones jurisprudenciales habidas en los últimos años sobre el proceso civil.

El presente libro surge por efecto del cambio legislativo que representó en 2015 la Ley de Jurisdicción Voluntaria, desentrañando un instituto jurídico al que no se le prestaba demasiada atención:
el Acto de Conciliación. Esta obra es, entre otras cosas, una reivindicación del acto de conciliación como herramienta perfectamente válida para la solución extrajurisdiccional de conflictos, y que debe estar a la misma altura que la mediación o el arbitraje.
Si bien desde la Constitución de 1812, el acto de conciliación ya aparece como obligatorio antes de interponer cualquier demanda, tanto la doctrina como la propia experiencia práctica en su aplicación resaltaban su aparente ineficacia e hicieron que la evolución legislativa eliminara tal obligatoriedad, convirtiéndolo en algo aparentemente superfluo. Cabe señalar que la propia terminología resultaba contradictoria, hablándose de «allanamiento» en un procedimiento que nunca ha sido jurisdiccional.
El otro gran objeto de estudio a lo largo de la obra es la transacción como contrato subyacente al hecho de la avenencia; contrato que tiene unas características totalmente singulares.
En definitiva, en la presente obra se abordan todos estos conceptos, se indaga en la naturaleza jurídica de cada elemento y se llega a conclusiones claras, cuyo estudio y comprensión pueden resultar de gran utilidad práctica.

Los derechos de la persona física, cuyos datos personales se tratan, son clave para poder garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales. En este sentido, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) tiene como uno de sus principales objetivos dar un mayor control al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales a través de los derechos, actualizados y nuevos, que reconoce. Según el Eurobarómetro en materia de protección de datos publicado en junio de 2019 por la Comisión Europea, el 73% de los encuestados ha oído hablar de al menos uno de sus derechos en protección de datos. No obstante, todavía el 27% desconocía sus derechos. En España, esta última cifra supera la media europea, alcanzando el 37%. En cualquier caso, si bien cada vez más los interesados conocen sus derechos en materia de protección de datos, todavía es necesario un mayor impulso y difusión de los mismos. Aunque saber cuáles son los derechos es un primer paso importante, resulta esencial que tanto los interesados como los responsables del tratamiento conozcan en detalle su significado y alcance. Además, debe tenerse también en cuenta que los derechos en materia de protección de datos están sujetos a límites generales y, en algunos casos, también a límites específicos. Es así que, si bien el responsable del tratamiento tiene que responder siempre a una solicitud de ejercicio de derechos, esto no implica que siempre proceda lo solicitado. Y esto es importante a la hora de que el responsable del tratamiento implemente un procedimiento de gestión de solicitudes de ejercicio de derechos que le sirva para cumplir con su obligación y demostrar responsabilidad proactiva.
El autor de esta obra cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la protección de datos personales tanto en Europa como en América Latina.

Han pasado más de diez años desde que una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos diera paso a lo que hoy es una realidad: la instauración del sistema penal acusatorio en todo el suelo nacional, con observancia de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Legislación única a partir de la cual se contrarrestarían las dificultades que entrañaba el que cada Estado, incluido el entonces Distrito Federal, asumieran diversos modelos del sistema penal acusatorio; fue así que, el 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales comentado por impartidores de justicia de la Ciudad de México, que ahora se presenta, está dividido en: estudio introductorio, voces, precepto legal, concordancia o correlación, comentario y tesis de jurisprudencia. La esencia de la obra, el comentario de los operadores judiciales, está centrado en la reconstrucción del sentido inmanente de la ley; esto es, una aclaración o explicación que sigue directamente al texto, por ello, el comentario aborda las consecuencias y aplicaciones del artículo y tiene el objetivo de clarificar puntos oscuros y cuestiones que podrían suscitarse en la práctica. En virtud de que el argumento jurídico debe ser no sólo oportuno sino lógico y el razonamiento judicial pulcro y preciso, y dada la trascendencia del ordenamiento legal que nos ocupa, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, pone a disposición del postulante, litigante, estudiante de Derecho y del público en general, el Código Nacional de Procedimientos Penales, comentado por impartidores de justicia de nuestra ciudad.

La presente obra realiza una exposición práctica y sistemática en torno a los derechos reales con garantía hipotecaria y la eventual reclamación de la deuda garantizada. Se ofrecen los argumentos teóricos y prácticos necesarios para gestionar con éxito este tipo de reclamaciones. Como no podía ser de otro modo, se presta especial atención a la hipoteca inmobiliaria por su destacado protagonismo en el tráfico civil y mercantil.
Se abordan los principales conflictos que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han propiciado una espiral de litigiosidad entre consumidores y entidades financieras. En este sentido, se analiza el estado actual de las cláusulas abusivas más comunes y su tratamiento ante los tribunales; la reclamación de los gastos de formalización de la hipoteca; la cláusula de vencimiento anticipado en la práctica judicial y las más recientes novedades introducidas por la nueva Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Del mismo modo, la obra analiza también la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento y su ejecución en el supuesto de impago de la deuda. Finalmente, cabe destacar que la obra incorpora un amplio inventario de formularios (escritos de demanda de nulidad de cláusulas suelo, de hipoteca multidivisa, de cláusula de referencia al índice IRPH, de gastos de formalización de hipoteca, etc.), así como diversos esquemas que describen los procedimientos judiciales que deben seguirse en este tipo de litigios.

Esta guía práctica es una obra con vocación totalizadora orientada a la gestión integral de las comunidades de propietarios. Se parte de un análisis completo de la regulación del régimen interno que estas entidades deben plasmar en sus estatutos y título constitutivo. Se presta especial atención a la conflictividad derivada de los elementos comunes (ascensores, balcones, buzones, terrazas, garajes, escaleras, fachada, etc.), dedicándose igualmente un capítulo específico a los ?gastos comunes? ?fuente inagotable de conflictos? y a su reclamación judicial ante a situaciones de impago. Los órganos que conforman la comunidad de propietarios (Junta de propietarios, Presidente, Administrador?) son objeto de un minucioso análisis, detallándose las competencias y atribuciones de todos ellos. La conformación de acuerdos, su eventual impugnación, o las actas de la junta son también objeto de estudio, dada su trascendencia práctica.
Especialmente interesante resulta la exposición de los aspectos procesales a tener en cuenta a la hora de judicializar cualquier controversia que se suscite en el ámbito de las comunidades de propietarios. Cabe destacar, finalmente, el minucioso estudio del régimen jurídico de la propiedad horizontal en Cataluña y sus notorias particularidades. En definitiva, se trata de una obra que, por su rigor y exhaustividad, resultará extraordinariamente útil a todos aquellos profesionales que tienen encomendada la gestión total o parcial de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.