La moderna Justicia juvenil ha de estar basada en sólidos principios garantistas y socialmente relevantes para la protección del menor, en conseguir que la judicialización de conductas cometidas por estos sujetos sena las mínimas posibles, en intensificar, por el contrario, las previsiones educativas y resocializadoras, en lograr disminuir al máximo el número de delitos cometidos por aquéllos, y en conseguirlo no a través de la presión del retribucionismo preventivo general sino de políticas sociales, económicas, igualitarias, culturales y educativas propias de un verdadero Estado del bienestar, para todos, con su dimensión de social y democrático de Derecho. Tanto la Ley chilena sobre responsabilidad penal del adolescente por infracciones a la Ley penal como la Ley española reguladora de la responsabilidad penal de los menores se esfuerzan, al meno formalmente, en conseguir algunos de estos objetivos, muchos otros quedan fuera del marco legislativo penal para convertirse en actuaciones de política social a tomar por los gobiernos de turno.

1ª edición.

Estudio serio y detallado del divorcio en la realidad española actual, unida a la otra forma de solución de los conflictos matrimoniales como es la separación. Pero ello, es preciso hacerlo desde una perspectiva a la vez extensa pero al mismo tiempo que marque fronteras delimitadoras en las que situar un tema que presenta tantas connotaciones e incidencias en su estructura y en los efectos que produce… Reflexión en profundidad sobre la actual normativa española en torno al divorcio con los parámetros del artículo 86 que han de propiciar conclusiones de cierto alcance que nos ayuden, a su vez, a concretar las realidades jurídicas presentes sobre esta institución y nos motiven a proponer modificaciones de lege ferenda que puedan mejorar no solo el contenido de la norma sino también y sobre todo la interpretación en clave de aplicación de unos supuestos que no dejan de seguir teniendo puntos de cierta oscuridad en los que ni doctrina ni jurisprudencia se ponen de acuerdo.

Este texto plasma las distintas visiones sobre la aplicación de la Política de Vecindad Europea y los potenciales impactos y repercusiones que dicha política podría tener en Marruecos.

El proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía ha abierto en España una discusión en profundidad sobre la reorganización constitucional del Estado democrático al redefinir las competencias que ejercen estos actores y, en consecuencia, modificar los equilibrios territoriales y políticos que se habían fraguado en los últimos veinticinco años. Punto principal de esta discusión ha sido el reconocimiento explícito y extenso que se ha realizado en los nuevos estatutos de la acción exterior autonómica, que de no figurar, tan siquiera, en las redacciones originales ha pasado a ocupar una posición destacada, cuando no protagonista, en la reforma actual. La participación de las autonomías en la construcción europea y en la propia política exterior española, los acuerdos de dimensión internacional con otros actores, la cooperación al desarrollo, la creación de oficinas de representación exterior, y un largo etcétera de novedades han sido incorporadas a los nuevos estatutos creando así un nuevo marco de expectativas y capacidades que, de forma ineludible, transformará la proyección internacional de nuestro país.

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