Con la aprobación de la LEC 1/2000, se introdujo por primera vez en el ordenamiento jurídico español la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares a los órganos judiciales en un proceso arbitral. Posteriormente, la Ley 60/2003 de Arbitraje confirmó dicha posibilidad, pero, además,admitió que las mismas pudieran ser adoptadas también por los propios árbitros. Se colmaba así una petición largamente reivindicada dirigida a dotar de mayores garantías de eficacia al arbitraje, a la vez que se contribuía a equiparar este aspecto del arbitraje a las tendencias de las legislaciones arbitrales más avanzadas.

En la presente obra se analiza rigurosamente la regulación aplicable, desarrollando desde un punto de vista práctico las distintas cuestiones que se pueden plantear a la hora de solicitar la adopción de medidas cautelares en los procesos arbitrales. Ello se realiza respecto de las medidas que para garantizar la eficacia del laudo pueden ser adoptadas por el órgano judicial o bien por los árbitros

La sexta edición de nuestros Comentarios continúa manteniendo el estilo y forma de las ediciones precedentes, pues el razonable éxito cosechado con ellas aconseja continuar en la misma línea. Por otra parte, a la obligada y periódica actualización de la obra se añade, en esta ocasión, la entrada en vigor de la importante y extensa reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010, que por sí sola hubiera forzado una nueva edición, pues algunas de sus novedades, como sucede singularmente con la regulación de los supuestos de posible responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuerpo normativo de nueva incorporación a nuestro derecho, al que se suman otras novedades en relación con la incriminación de los grupos organizados, que han de buscar un no fácil encaje en un espacio en que concurren también reglas sobre participación y sobre punición de actos preparatorios. Sin esa nota de novedad, pero con una configuración notablemente diferente, se analizan las reformas en las penas, el sistema de la prescripción del delito, la nueva medida de seguridad de libertad vigilada, y los problemas determinados por nuevas estructuras típicas, como pueda ser la corrupción entre particulares, que se suma a las modificaciones que en el ámbito de los delitos de funcionarios se introducen en las tipicidades vinculables a la corrupción. De gran importancia son también las profundas modificaciones que experimentan figuras delictivas ya existentes, como el blanqueo o los fraudes y falsificaciones vinculados a medios de pago, así como las novedades en los delitos relativos al mercado y los consumidores o las, asimismo significativas, variaciones en la regulación de los delitos urbanísticos o ambientales. Todo ello, por supuesto, se suma a la continua revisión de los análisis y razonamientos que se vierten en relación con las figuras que no presentan modificaciones.

«No se desperdicia ni una palabra. Sobrecogedor. Un libro inolvidable y una escritora con talento a la que conviene no perder de vista.» (The Sydney Morning Herald).
Un hermoso lugar para morir transcurre en la Sudáfrica de los años 1950, con las nuevas leyes del apartheid recién entradas en vigor. En estas condiciones que hacen enormemente más peligrosa la vida, Emmanuel Cooper, de la policía de Johannesburgo, decide viajar desde Ciudad del Cabo a un pequeño pueblo en la frontera con Mozambique para investigar el asesinato de Willem Pretorius, comisario de policía de la pequeña localidad. Pretorius era un afrikáner aparentemente respetado por sus compatriotas y conocido por su rectitud moral. Pero Cooper, en colaboración con el policía zulú Shabalala, descubre enseguida que la conducta del comisario no era tan intachable como creía su familia. Y se encontrará con todo un panorama de corrupción, pornografía y un complejo entramado de relaciones interraciales.
[Traducido por: Clara Ministral].

1ª edición.