Toda sentencia tiene efectos jurídicos inmediatos para quienes litigan ante la jurisdicción -y, en ocasiones, para otros sujetos- y puede producir efectos jurídicos secundarios o indirectos en la esfera de determinados terceros, ya sea por la naturaleza accesoria de ciertos negocios jurídicos (como sucede en el caso de la fianza), ya sea por la dependencia o subordinación de algunas relaciones jurídicas respecto de otras (como acontece, por ejemplo, en el caso del subarriendo). Si se piensa con atención, ello pone de manifiesto que, en ocasiones, determinados sujetos jurídicos, ajenos en principio a una contienda que se sustancia ante los tribunales de justicia, pueden verse concernidos por la resolución que decida esta, posibilidad que les permite solicitar que se les permita intervenir en ella para defender sus legítimos intereses. En otras, sin embargo, su participación en el pleito es requerida por quienes forman parte de la relación jurídico procesal, existiendo asimismo supuestos en los que su intromisión en la litis es auspiciada por el mismo tribunal que ha de pronunciarse sobre la cuestión que se discute en ella, sin que falten hipótesis -ciertamente diferentes a las anteriores-- en las que se admite su injerencia en procesos iniciados por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o incluso como amicus curiae, conjetura sumamente peculiar que solo se prevé en los procesos para la defensa de la competencia y de protección de datos. Cuanto antecede pone de manifiesto que la intervención procesal favorece que se alcance el fin que se busca con todo proceso, que no es otro que el de hacer justicia en el caso concreto de que se trate, por lo que conviene conocer bien lo que es y significa, las posibilidades que ofrece y el estatus jurídico de quien es admitido como interviniente, aspectos que se analizan con detalle en la presente obra, que, por ello, resulta de indudable interés práctico.

En el presente libro, que constituye un homenaje a la figura y a trayectoria del Profesor Fernando Jiménez Conde, Catedrático de Derecho Procesal y maestro de varias generaciones de juristas, se reúnen las contribuciones que sus discípulos y otros reputados profesionales del Derecho han realizado a propósito del recurso de casación en los distintos órdenes jurisdiccionales. Los trabajos abarcan los aspectos fundamentales de este medio de impugnación de resoluciones jurisdiccionales, que tanto ha evolucionado desde su configuración inicial. Todos los autores tienen en común la admiración y afecto por el homenajeado, al que reconocen como uno de los grandes referentes en materia de casación civil española de las últimas décadas

La mediación extrajudicial, que puede tener lugar por la sola voluntad de quienes se acercan a ella o venir forzada por medidas establecidas en normas procesales (por ejemplo, imponiéndola como condición necesaria para poder demandar, o condenando en costas a quien no la haya procurado o, habiéndolo hecho, haya rechazado una propuesta posteriormente acordada en sentencia), es considerada por nuestro legislador como un mecanismo idóneo para desjudicializar determinados conflictos y para paliar el problema de la grave saturación de asuntos que soportan nuestros tribunales. Y quizá pueda serlo, pero, desde luego, no es ese su principal propósito. Su primer objetivo es que los sujetos jurídicos puedan gestionar por sí mismos, cuando menos, algunos aspectos de las diferencias que les separen, dar una oportunidad a la avenencia o solución dialogada de las disputas, o, si se prefiere, a la amigable composición de las controversias, se consiga o no algún resultado. Visto así, podría pensarse que la mediación es una actividad absolutamente ajena al derecho. Y no es cierto. En modo alguno. Pues es preciso conocer -y no de cualquier manera, sino con el preciso detalle- qué soluciones ofrece nuestra normativa cuando no se respetan las reglas establecidas en la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuál es el verdadero significado de las mismas y cuál es la interpretación que de ellas hacen nuestros tribunales. Mediación extrajudicial y derecho no son, por tanto, realidades antagónicas. Al contrario. Pueden y deben complementarse. Como la mediación -a secas, sin etiquetas- y el proceso civil, cuya estrecha relación se pone de manifiesto en la presente obra.

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la llamada «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», fijando diecisiete objetivos y, al hilo de estos, ciento sesenta y nueve metas. De los diferentes objetivos señalados en ella, todos ellos relevantes, cabe destacar el penúltimo de ellos, consistente en Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, una de cuyas metas –la tercera de las doce que refiere– es la de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Tan ambicioso propósito pasa ineludiblemente por garantizar la necesaria asistencia jurídica a quienes carezcan de suficientes medios económicos para procurar la tutela de los tribunales; por favorecer que, cumplidos determinados requisitos, puedan ejercitarse acciones colectivas para defender los derechos e intereses de los consumidores; y por asumir que el Estado debe garantizar el acceso a la justicia, entendiendo que ello implica garantizar tanto el acceso a la jurisdicción como a otros medios de gestión de conflictos igualmente civilizados y aptos para ayudar a solventar las disputas de carácter jurídico que surjan en el seno de la sociedad. Si ello es así, si se considera que conseguir soluciones justas no es patrimonio exclusivo de la Administración de Justicia, que no obstante es la única que garantiza una respuesta ajustada al ordenamiento jurídico, resulta forzoso concluir que resulta imprescindible regular y ofrecer a los ciudadanos procesos jurisdiccionales plenarios, declarativos y contradictorios que, sin merma de las debidas garantías, aceleren, abaraten y simplifiquen la resolución de determinados asuntos de índole civil y mercantil, a la par que otros instrumentos que les permitan alcanzar por sí mismos soluciones razonables a los problemas de carácter disponible que les enfrenten con otros. Conscientes de ello, las autoridades europeas han regulado en los últimos años diferentes procesos civiles con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos que tienen su residencia o domicilio habitual en los países que la integran un espacio común de justicia que favorezca un acceso sencillo y efectivo a esta en asuntos transfronterizos. Uno de ellos es el llamado proceso europeo de escasa cuantía que, pese a que entró en vigor hace ya casi quince años, sigue siendo un gran desconocido en España. En la presente obra analizamos con detalle su procedimiento, sus características más destacadas, su aplicación en nuestro país, sugiriendo algunos cambios, y formulamos diversas propuestas de mejora de cara a una próxima revisión de su funcionamiento por los organismos comunitarios. Asimismo examinamos su realidad en nuestro territorio a partir de las bases de datos que proporciona el Consejo General del Poder Judicial, tanto a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) como del servicio de estadística judicial de dicho órgano constitucional, detallando los resultados por comunidades autónomas, años y juzgados, distinguiendo al efecto los tramitados por juzgados de primera instancia, juzgados de primera instancia e instrucción y juzgados de lo mercantil.