Este libro recoge más 160 formularios, actualizados a las últimas reformas normativas, en materia de arrendamientos urbanos relativos a: contratos (de arrendamiento de vivienda, para uso distinto de vivienda y otros tipos de arrendamientos, cesiones y subarriendos;
relaciones entre arrendador y arrendatario (económicas, duración del contrato, entrega y recepción de llaves, obras, ayudas para el pago de la renta), y actuaciones procesales (reclamación de renta, necesidad de la propia vivienda, etc).
Se trata de una eminentemente práctica para el profesional en su quehacer diario, en el que cada formulario se complementa con
la normativa vigente aplicable y también con notas aclaratorias o explicativas donde se cita las resoluciones jurisprudenciales más relevantes en la materia.

Este libro surge con el objetivo de ser una herramienta de ayuda para las pymes,
emprendedores, autónomos, pues encontrarán en él propuestas de formularios y contratos, así como modelos de uso habitual en todos los ámbitos de actuación del empresario que les faciliten su quehacer diario. Téngase en cuenta que la necesidad de conocer de forma adecuada todas las necesidades de la empresa, tanto internas como externas, presupone la implicación de sus gestores en múltiples aspectos tanto societarios como fiscales, de recursos humanos, laborales, etc. Desde preparar la propia constitución de la sociedad, solicitar aplazamiento de pago, realizar trámites, reclamar multas, elaborar el contrato de arrendamiento, etc. son ejemplos claros de la gestión empresarial que supone la elaboración y cumplimentación de los modelos y formularios. Por lo que se refiere a su estructura, la presente monografía se ha dividido en nueve grandes bloques, que reflejan los ámbitos de actuación de la gestión empresarial: • Aspectos societarios (constitución de sociedades, capital social, acuerdos sociales, fusión, escisión, disolución, etc.). • Aspectos laborales (contratos de trabajo, jornada y salario, inspección de trabajo, etc.). • Seguridad Social (afiliación, cotización, etc.). • Salud laboral. • Arrendamientos. • Tráfico. • Fiscalidad. • Procesal. • Ámbito administrativo. No dudamos de que esta obra tendrá la acogida esperada gracias a su evidente utilidad a la hora de realizar la organización, desarrollo y gestión de la actividad habitual de pymes y emprendedores.

El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función así como los materiales necesarios para superar con éxito el Master y el examen de acceso.

Este código recoge la legislación que regula la mediación en España, que iniciada por las Comunidades Autónomas culmina con la publicación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que por fin la regula a nivel estatal, así como su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre.
Es la Ley la que define la mediación como «aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador». La Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. La mediación se configura como un sistema alternativo al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto. En el presente código se incluye la legislación estatal y la autonómica tanto de la mediación familiar, que es la más desarrollada, como de la mediación en general. Además la mediación en materia de protección de menores, la parte relativa a la mediación en conflictos surgidos en el ámbito de los centros educativos de Cataluña, la mediación en materia de consumo, tanto estatal como autonómica, en materia laboral, la parte de la Ley de la Jurisdicción Social, y por último, y sin ánimo de confundir al lector, la Ley de Arbitraje. La obra finaliza con el índice analítico de conceptos.

Este código recoge la legislación que regula la mediación en España, que iniciada por las Comunidades Autónomas culmina con la publicación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que por fin la regula a nivel estatal, así como su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre.
Es la Ley la que define la mediación como «aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador». La Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. La mediación se configura como un sistema alternativo al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto. En el presente código se incluye la legislación estatal y la autonómica tanto de la mediación familiar, que es la más desarrollada, como de la mediación en general. Además la mediación en materia de protección de menores, la parte relativa a la mediación en conflictos surgidos en el ámbito de los centros educativos de Cataluña, la mediación en materia de consumo, tanto estatal como autonómica, en materia laboral, la parte de la Ley de la Jurisdicción Social, y por último, y sin ánimo de confundir al lector, la Ley de Arbitraje. La obra finaliza con el índice analítico de conceptos.

Este código recoge la legislación que regula la mediación en España, que iniciada por las Comunidades Autónomas culmina con la publicación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que por fin la regula a nivel estatal, así como su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre.
Es la Ley la que define la mediación como «aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador». La Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. La mediación se configura como un sistema alternativo al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto. En el presente código se incluye la legislación estatal y la autonómica tanto de la mediación familiar, que es la más desarrollada, como de la mediación en general. Además la mediación en materia de protección de menores, la parte relativa a la mediación en conflictos surgidos en el ámbito de los centros educativos de Cataluña, la mediación en materia de consumo, tanto estatal como autonómica, en materia laboral, la parte de la Ley de la Jurisdicción Social, y por último, y sin ánimo de confundir al lector, la Ley de Arbitraje. La obra finaliza con el índice analítico de conceptos.

Esta obra, que lleva por título «Legislación sobre Morosidad», pretende dar cobertura legal a las diversas situaciones caracterizadas por el componente de la morosidad en que se ha incurrido con el incumplimiento de contratos y/u obligaciones. La esfera jurídica de la morosidad es notablemente amplia al tener cabida en ella tanto relaciones surgidas entre administraciones públicas, como entre particulares, y entre particulares y administraciones públicas, lo que conlleva una extrema dificultad a la hora de afrontar el reto de una compilación de normas que tanto a nivel público como privado delimite, regule y resuelva las situaciones conflictivas que la mora, en los correspondientes pagos, puede y de hecho ocasiona. Teniendo en cuenta este planteamiento preliminar, este Código se ha estructurado en cinco bloques principales: I. Personas físicas y jurídicas. II. Administraciones públicas. III. Normas extrajudiciales de resolución de controversias. IV. Normas procesales. V. Legislación comunitaria. Se completa la obra con un Índice Analítico para facilitar la consulta de los textos.

El régimen jurídico y de funcionamiento de las Entidades Locales en sus diversas manifestaciones y contenidos constituye uno de los grandes retos de la sociedad española del siglo XXI.
Esta relevancia es consecuencia de diversas circunstancias entre las que se señala, específicamente, que se trata de la Administración más numerosa y, a la vez, más la más heterogénea con cobertura de pequeños fenómenos de actuación administrativa al lado de municipios con una relevancia más notable que otras Administraciones de carácter superior.
Esta importancia numérica y su propia conformación heterogénea ha ido unida a un exponencial crecimiento de sus competencias y, sobre todo, de sus servicios ha producido un efecto complejo en la sociedad y en el equilibrio de las Administraciones Públicas.
Este esquema previo, unido a la situación de crisis económica, ha justificado la publicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que tiene por objeto «? clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas?».
La publicación de esta norma introduce un profundo cambio en el funcionamiento y en el status quo de las entidades locales que justifica el esfuerzo de compilación y sistematización que se contiene en el Practicum que aquí se presenta. En el mismo se ha procurado unificar las novedades de la Ley 27/2013 con las referencias temáticas generales del régimen jurídico de las Entidades Locales de forma que se contiene, finalmente, el conjunto de las referencias y modalidades organizativas y de funcionamiento, el régimen jurídico de los bienes con los que cuenta la Administración local y su propia estructura de funcionamiento proyectada sobre los aspectos sectoriales más relevantes de la organización local.
Se trata, por tanto, de integrar como un todo orgánico el régimen jurídico preexistente y el que procede del nuevo marco legal para obtener una visión de conjunto que permita entender el funcionamiento de las Entidades Locales.