Desde hace ya décadas se han ido desarrollando en diferentes países algunas experiencias educativas que han procurado acercar el patrimonio arqueológico y la arqueología a las aulas. Las características propias de esta disciplina facilitan la introducción de determinados elementos clave para el ámbito educativo: se educa patrimonialmente, se introduce un método de investigación, se facilita una aproximación a la historia mucho más motivadora, se fomenta el trabajo cooperativo, interdisciplinar, se desarrollan las competencias clave, se trabaja la interculturalidad, y, como se podrá comprobar, se potencian las habilidades del pensamiento histórico.
En diferentes países, han ido prosperando ejemplos muy significativos para todos los niveles: museos arqueológicos de aula, excavaciones simuladas, arqueología experimental, aprendizaje con réplicas arqueológicas, aprendizaje basado en proyectos con temática patrimonial, etcétera. Propuestas dispares, que comparten el mismo leitmotiv.
A pesar de ello, estos ejemplos suelen representar casos aislados, islas perdidas dentro de un mar, inconexas entre ellas, cuando, sin saberlo, forman parte de estrategias e inquietudes comunes.
En este volumen se aglutinan, por primera vez, las principales visiones y propuestas que, sobre este tema, se han realizado a escala internacional, sirviendo de vértice entre diferentes territorios, entre distintos puntos de vista, entre todos los niveles educativos.
El objetivo primordial no es solo que sirva de reflexión teórica acerca de los beneficios educativos que la disciplina arqueológica posee, sino que además pueda servir como modelo accesible y sencillo para esos docentes interesados en llevar a cabo experiencias similares. De ahí, que este libro posea también un carácter práctico, donde las diferentes propuestas se presentan siguiendo el nivel educativo en el que se han desarrollado.

La jurisdicción voluntaria se encuentra de plena actualidad. Con la aprobación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, se aborda la modernización de una institución con extraordinaria trascendencia práctica que, no obstante, ha sido relegada por el legislador. Su tradicional configuración como categoría unitaria judicial se actualiza, reorganizándose la distribución de funciones dentro del órgano judicial, al tiempo que, en atención a su naturaleza heterogénea y en aras de la prestación de un mejor servicio al ciudadano, se desjudicializan múltiples funciones en las que ni el juez venía ejerciendo jurisdicción, ni se encontraban necesitadas de especial tutela judicial. Junto a los Letrados de la Administración de Justicia y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, los Notarios son los operadores jurídicos llamados a asumir esas competencias desjudicializadas. El Notariado, de esta forma, ve colmadas sus tradicionales aspiraciones en la materia, en particular en el ámbito del Derecho sucesorio, campo jurídico en el que desempeña un papel prioritario y en el que, junto a funciones de formalización de voluntades y expedientes de documentación, calificación, legitimación y homologación, perfectamente asumibles por estar integrados en su función propia, se le atribuyen otros nuevos expedientes de naturaleza decisoria o en los que tiene que emitir una declaración de voluntad, que, por el contrario, exceden de su función típica. Junto a diversas razones históricas, debe apreciarse la oportunidad y conveniencia del nuevo marco competencial, así como el valor añadido que supone la intervención del Notario como pieza básica de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva. Con un notable refuerzo de la dimensión pública de su función, la forma de proceder de los Notarios va a experimentar un importante cambio tras la nueva configuración de la jurisdicción voluntaria notarial.