Hace menos de veinticinco años, el debate sobre la crisis del Estado de Derecho era inimaginable en la Unión Europea. Era plenamente compartido que la Unión solo admitía a Estados democráticos, respetuosos de los derechos humanos y defensores de las ideas de libertad. También se daba por hecho que los candidatos, una vez ya dentro de la organización, solo podían perfeccionar y mejorar su respeto de los principios en los que se basa el Estado de Derecho como son el de legalidad, la separación de poderes, la rendición de cuentas, la independencia judicial y la libertad de prensa, entre otros. Sin embargo, las tendencias de los últimos años demuestran que se puede desandar el camino andado. En este sentido, en algunos Estados Miembros se detectan ataques esporádicos pero muy preocupantes a los valores en los que la Unión se basa, incluido el Estado de Derecho, mientras que en otros la deriva ya es directamente hacia una autocracia. Por ello, casi una veintena de investigadores europeos se han unido para presentar su diagnóstico y su pronóstico sobre esta enfermedad que padece la Unión en forma de crisis del Estado de Derecho, especialmente tras la COVID-19. La obra se inscribe en el marco de los proyectos de investigación PID2021-126765NB-I00 del MICINN, AICO/2021/099 de la GVA e INDI22/50 de la FUSP sobre la “Crisis del Estado de Derecho en la UE. Especial referencia a Polonia, Hungría, Croacia, Estonia, España e Italia y a la incidencia de la pandemia del covid-19”.

En el mundo actual, el fenómeno de la movilidad de las personas entre Estados se ha acrecentado de manera notable, lo que incrementa el interés por mantener su estatus jurídico en sus desplazamientos a través de las fronteras. Parece una obviedad que una persona y su situación jurídica no puede verse modificada por un simple traslado de residencia de un Estado a otro. No puede pasar de estar casada a no reconocérsele su matrimonio; no puede tener un nombre y en el nuevo Estado al que se traslada denominársele de otra manera; no puede considerarse como hijo de unas determinadas personas en un Estado y en otro considerar que no tienen vínculo filial alguno. O ser reconocida conforme a su identidad de género en un Estado y negársele su condición en otro. El método de reconocimiento de situaciones jurídicas (a nivel internacional) y el principio de reconocimiento mutuo (a nivel europeo) son dos poderosos mecanismos para garantizar la libre circulación de personas y familias, de manera que la situación/relación que ha sido creada en un Estado puede reconocerse de pleno en otro. La perspectiva LGTBIQ presente en muchos de los desafíos planteados en este trabajo, recibe una respuesta alineada con los Derechos humanos con el desarrollo e implementación de estos dos mecanismos.

La obra La vivienda familiar ofrece una panorámica actualizada en torno al tratamiento jurídico de la vivienda familiar en nuestro ordenamiento jurídico, materia especialmente relevante en el ámbito del Derecho de familia que se encuentra en constante evolución, brindando al lector -de una forma asequible y compendiada- una visión sistemática de los principales conflictos que se suscitan en la práctica jurisprudencial. Las contribuciones que conforman la obra, con casi una treintena de autores, determina su estructurea en torno a tres grandes bloques temáticos. El primero versa acerca del tratamiento de la vivienda familiar en sede de régimen económico-matrimonial. La problemática relativa al derecho de uso de la vivienda familiar es el hilo conductor del segundo bloque, analizándose los criterios que rigen la atribución de dicho uso, su duración o causas de extinción. El tercero y último bloque temático tiene una naturaleza heterogénea y en él se aborda el tratamiento de la vivienda familiar desde el punto de vista fiscal, arrendaticio o de Derecho internacional privado.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supone un nuevo reto para las organizaciones públicas y privadas en materia de compliance. La nueva Ley supondrá un cambio de paradigma por cuanto, a la práctica, cualquier organización de 50 o más trabajadores se verá obligada a afrontar el cumplimiento normativo. En efecto, la existencia de un régimen sancionador, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la prohibición de represalias internas, la protección de la presunción de inocencia de la persona afectada, así como la escasa cultura en España de la delación, son algunas de las cuestiones que comportarán un vuelco en nuestro sistema jurídico, a la par que la necesaria solución de muchas lagunas y dudas interpretativas. La Ley apela a la debida diligencia de los sujetos obligados, a la competencia de los responsables del sistema interno de información, pretendiendo por ello este libro dar respuesta práctica a algunas de las dudas o cuestiones fundamentales que se nos plantean a la hora de decidir cómo implantar estos sistemas internos en las organizaciones.

El estudio de la región de Oriente Medio y Norte de África (OMNA), es crucial en el contexto de las Relaciones Internacionales y de los estudios de área. Como región en la que surge la civilización y donde nacen las tres religiones abrahámicas o monoteístas, Oriente Medio y Norte de África ha experimentado procesos de sumo interés dentro de las Relaciones Internacionales y cuyo análisis y reflexión nos permite entender mejor una gran cantidad de fenómenos pasados y actuales, entregándonos, así mismo, herramientas para aventurar posibilidades y riesgos futuros. Esta obra se divide en tres grandes bloques. El primero aborda la Historia y las Relaciones Internacionales en la región. El segundo se centra en las especificidades regionales. Y, por último, el tercero parte aborda desafíos, oportunidades y perspectivas. Esta aportación está construida desde el punto de vista del realismo, evita la aproximación eurocéntrica y genera preguntas que cuestionan la aplicación del discurso hegemónico liberal hacia la región de Oriente Medio y Norte de África. Con el objetivo de hacer una descripción de la región como es y no como a los adeptos al idealismo les gustaría que fuera. Evitando la generación de una disonancia entre el ser y lo que para algunos es el deber ser. Pero, sobre todo, generando preguntas de investigación e invitando a su generación como requisito necesario para avanzar en el conocimiento. Razón de ser de la Academia.

¿Por qué cuando estudiamos la nobleza casi siempre pretendemos conocer lo que fue, en muchas menos ocasiones lo que es, y casi nunca lo que puede ser? ¿Por qué establecemos el contenido del código de valores que la animaba, y no el que la anima, o el que la puede animar en adelante? Nos proponemos encontrar una posición para la nobleza en la sociedad actual desde un nuevo concepto de la misma, porque nos preguntamos ¿por qué renunciar al futuro?

La presente edición de la obra se ha centrado en la materia inmobiliaria registral para evitar una excesiva dispersión y extensión del libro, con una nueva sistematización y concreción de las materias referentes al ámbito inmobiliario e hipotecario. Se ha modificado también la denominación del libro como “Código de legislación hipotecaria” en lugar de “Legislación hipotecaria y del crédito inmobiliario”, centrándose esta edición en la legislación hipotecaria e inmobiliaria excluyendo materias ajenas a la misma para evitar un excesivo volumen de la obra. La Ley Hipotecaria, como texto fundamental, se incluye bajo el epígrafe §1 en el Tomo I en el que se trata su contenido con gran extensión de las notas y comentarios críticos de las Resoluciones así como las Sentencias del Tribunal Supremo y aquellas disposiciones que se han seguido dictando en relación con la coordinación Catastro-Registro y Resoluciones sobre los diferentes procedimientos de georreferenciación gráfica en relación con las fincas registrales y la inmatriculación y declaraciones de obra nueva, incluyendo también las últimas y más recientes modificaciones de preceptos de la propia Ley Hipotecaria como son las relativas a las medidas de apoyo a personas con discapacidad y a las disposiciones de la nueva legislación concursal en relación con el Registro. El Tomo II se inicia con el Reglamento Hipotecario bajo el epígrafe §2, indisolublemente unido a la Ley Hipotecaria en el que no sólo figura un contenido registral adjetivo sino numerosos preceptos de carácter sustantivo con extensas notas sobre los diferentes derechos reales inmobiliarios comprensivas de la jurisprudencia y doctrina sobre los mismos. Es una norma de gran extensión y contenido que ha dado lugar a numerosas Resoluciones y Sentencias que se incluyen en las notas correspondientes a cada precepto. Al propio tiempo se resuelven los problemas de vigencia de alguna de sus disposiciones con motivo de Sentencias y normativa posterior. A continuación, en el mismo Tomo II y bajo el epígrafe §3 se incluyen aquellos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, muy numerosos, que se refieren a la materia inmobiliaria registral como son los relativos a las clases de resoluciones judiciales, la ejecución de hipoteca por el procedimiento de ejecución directa, la ejecución ordinaria con sus diferentes fases relacionadas con la materia inmobiliaria, las anotaciones de embargo en toda su extensión incluyendo las referencias a las tercerías de dominio y de mejor derecho, las medidas cautelares como las anotaciones de demanda y prohibiciones de disponer y las especialidades relativas a otras instituciones, entre ellas el juicio verbal de acciones reales derivadas del artículo 41 de la Ley Hipotecaria, el incidente extraordinario de oposición por cláusulas abusivas, las Sentencias dictadas por el Tribunal de la Unión Europea, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, y los preceptos relativos a ejecución de obligaciones de hacer, medidas de apoyo a personas con discapacidad y el juicio de división de herencia en lo que se refiere a su relación con el Registro. Seguidamente, en el epígrafe §4 de ese mismo Tomo, se incluye de manera exhaustiva la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario con todas las Resoluciones dictadas en relación con la misma y las novedades jurisprudenciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente en relación con la hipoteca multidivisa, el interés variable, el interés de demora y el pacto de vencimiento anticipado, así como las cuestiones que plantea el ámbito de aplicación de la Ley y los requisitos de transparencia de los contratos de crédito inmobiliario, los gastos de la hipoteca, comisiones, reembolso anticipado, jurisprudencia sobre la cláusula suelo y el IRPH, el Registro de Condiciones Generales y el Registro administrativo de prestamistas que no sean entidades de crédito. Y en los epígrafes §5 y §6 del citado Tomo II termina el libro con materias no menos importantes como son las correspondientes a la subrogación y novación de préstamos hipotecarios y la hipoteca inversa, respectivamente, así como las notas de jurisprudencia y doctrina relativas a las mismas. Y al final, el índice analítico por voces para facilitar la búsqueda de las materias.

La obra incluye la introducción del Derecho mercantil, exponiendo la doctrina del empresario y la empresa, la regulación de la competencia y la Propiedad Industrial. En esta 24ª edición se mantiene el planteamiento original de la obra, que está demostrado su valor, al poner de manifiesto cual es la razón de ser del Derecho mercantil y su vinculación con la evolución del tráfico económico privado.

En este libro se estudia la aplicación del principio de confianza legítima en el ámbito de las energías renovables; concretamente, en los cambios regulatorios en torno al régimen retributivo de las energías renovables. Este es uno de los ámbitos donde se evidencian con mayor claridad las carencias interpretativas en torno a este principio, con la consiguiente merma de la seguridad jurídica. El legalismo desenfrenado característico de nuestros tiempos se ha traducido en una creciente importancia de los principios generales del Derecho en sus funciones interpretativa, integradora e informadora del ordenamiento jurídico. Sin embargo, para que los principios tengan una correcta aplicación, es necesario su reconocimiento y desarrollo doctrinal. En este sentido, el principio de confianza legítima es un claro ejemplo de que la ausencia de una doctrina sólida respecto del mismo desemboca en su inadecuada aplicación y genera graves situaciones de inseguridad jurídica. Esto resulta especialmente llamativo por cuanto muchos de los principios generales del Derecho -y el de confianza legítima no es una excepción- derivan del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE. Para abordar esta problemática, en esta obra se examinan, en primer lugar, la jurisprudencia y doctrina del principio de confianza legítima, así como los problemas más relevantes que se han planteado a la hora de aplicarlo. Ante todo, se analiza su confusión con el principio de irretroactividad y la inadecuada interpretación de los requisitos necesarios para entender lesionada la confianza. En segundo lugar, se estudia la evolución normativa del régimen retributivo de las energías renovables, y la utilización del principio de confianza legítima por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en respuesta a los problemas ocasionados por estas atropelladas y abruptas modificaciones de la regulación del sector. Por último, se describen los aspectos más conflictivos de la jurisprudencia de los tribunales españoles en torno a la aplicación de la confianza legítima, y se hace una propuesta sobre su adecuada aplicación.

La respuesta al fenómeno de la violencia juvenil es un tema poliédrico que exige un tratamiento riguroso y multidisciplinar, y en el que la respuesta judicial ha de ser el último recurso en la acción institucional y solo para los casos de mayor gravedad. El proceso penal de menores, como un sistema complejo, se articula sobre unos principios propios y diferenciados de los que caracterizan el proceso de adultos. Entre estos, el principio de interés superior del menor, y el principio de oportunidad juegan un papel transformador en el tratamiento jurisdiccional del menor infractor, informando cada una de las fases y posibilidades del proceso, condicionando a su vez la actuación de las partes y del Juez. Se trata de un proceso con autonomía propia en el que convergen un conjunto de opciones y sensibilidades, que han de dar lugar a un adecuado equilibrio entre la necesidad de justicia de una sociedad moderna y responsable, la responsabilidad penal de los menores infractores, y la protección de los mismos en dicha sociedad. Con este fin, ve la luz la presente obra, que pretenden, desde la óptica de los principios y garantías que lo rigen, acercar el sistema de justicia penal, y el proceso penal de menores, a todos aquellos que, desde los distintos perfiles profesionales, desarrollan un trabajo responsable y comprometido para dar una respuesta adecuada a la criminalidad e intervención social con menores, construyendo de esta forma una sociedad más justa.