Este Comentario cuenta con 212 contribuciones, algunas de ellas con una considerable extensión, que analizan de manera sistemática todos artículos del Reglamento General de Protección de Datos Personales y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Se trata, pues, de una obra amplia que comenta dos textos normativos también extensos. Esta obra no sólo está centrada en el análisis teórico del RGPD y de la LOPDGDD sino también es la primera obra que permite conocer cómo las autoridades de control y los responsables de tratamiento están aplicando este nuevo marco normativo. Esta Comentario es, de alguna manera, una segunda edición del Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, que alcanzó una extraordinaria difusión, pero que quedó obsoleto después de la aprobación del RGPD y de la LOPDGDD. Los autores del Comentario son 124 especialistas en el derecho a la protección de datos personales. Participan en este Comentario la mayoría de los autores que tomaron parte en la primera edición de los Comentarios a la LOPD así como otros autores que se han incorporado al estudio de la protección de datos personales en los últimos diez años. Hemos tratado de adecuarnos en la medida de lo posible a las materias en las que cada autor es considerado un especialista. En algunas ocasiones son varios los autores que comentan el mismo artículo, dada la complejidad o la extensión de alguno de ellos o la conveniencia de contar con análisis diferentes. Los autores no son sólo profesores de Universidad sino también magistrados, abogados, consultores y delegados de protección de datos. Hemos vuelto a incidir en el aspecto plural de la publicación, tanto en el aspecto territorial como en el valorativo, algo esencial para que una obra tenga un carácter científico. Así, intervienen miembros de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, de la Agencia Vasca de Protección de Datos y del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. La obra cuenta con la participación de Bruno Gencarelli, Jefe de la Unidad de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, y de José Luis Piñar Mañas, Presidente de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación, y con el prólogo de Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional. Este Comentario se inscribe dentro del proyecto de investigación “Seguridad y privacidad”, Código DER 2015-66247-R, Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Convocatoria 2015, Proyectos de I + D + I, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

La transparencia administrativa es un valor procedimental preferente y necesario para la existencia de una sociedad democrática avanzada y de una opinión pública libre. Es también una exigencia no solo del pensamiento liberal que desconfía tradicionalmente del Estado y ve la transparencia como un límite al poder público y un instrumento de control sino también de los nuevos movimientos sociales que demandan una democracia real más participativa y un empoderamiento de los ciudadanos. Existen sólidos fundamentos constitucionales para exigir el acceso a información pública. Sin embargo, hasta la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la normativa administrativa de nuestro país no facilitaba a los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ni obligaba a la Administración Pública a publicar una amplia información de oficio. La práctica administrativa reiterada, agravada por la ausencia de un claro impulso jurisdiccional en este ámbito y la progresiva excepcionalidad de nuestro país en materia de acceso a la información que se hizo especialmente patente a raíz de la aprobación el 27 de noviembre de 2008 por el Consejo de Europa del Convenio sobre el Acceso a los Documentos Públicos ha ido creando progresivamente una mentalidad pro-acceso. Evidentemente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es un texto mejorable, como lo son todas las normas jurídicas que tratan de realizar avances, conciliando valores y actores contrapuestos pero su aprobación ha abierto ya definitivamente la puerta al acceso a la información pública en España. Este Comentario está centrado en la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por parte de las distintas Administraciones Publicas y autoridades de control. Los autores son sesenta y seis especialistas que desde distintos ámbitos analizan algún precepto de la Ley. Participan en la obra no sólo profesores de Universidad sino también miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública de Cataluña y del Procurador del Común de Castilla y León. También intervienen los Subdirectores Generales y funcionarios que son responsables de cumplir las obligaciones de transparencia en la actividad pública de las distintas Administraciones y órganos constitucionales como la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información de la Vicepresidencia del Gobierno, la Unidad de Contenidos en la Red del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Secretaria General de Presidencia del Gobierno que es el órgano competente en relación con la información que obre en poder de la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, las Cortes Generales y el Ayuntamiento de Madrid. Esta obra cuenta también con actores de la transparencia pertenecientes a la sociedad civil como la Fundación ¿Hay derecho? y la Fundación Compromiso y Transparencia.

1ª edición.

Los Comentarios a la Ley, 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid tratan de ser una aproximación sistemática que analiza los distintos apartados de la misma. Este libro contiene, además de un conjunto de comentarios generales de la ley, un estudio exhaustivo de su articulado en el que se aborda el régimen de capitalidad, el gobierno y la administración municipal, el régimen jurídico y procedimiento y las competencias municipales, con especial referencia a la seguridad pública y a la seguridad vial. El libro incluye también un conjunto de estudios comparativos en relación con Berlín, Roma, París y con el régimen especial del municipio de Barcelona. Este Comentario se elabora desde la perspectiva de las tres Administraciones Públicas implicadas -Administración General del Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid- y contando con la participación de aquellas personas -Directores Generales y funcionarios- que han intervenido en los distintos momentos del proceso de elaboración, negociación y aprobación de la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Igualmente, también participan en este Comentario distintos profesores universitarios que han dedicado parte de su actividad investigadora al régimen local y a los regimenes municipales especiales. La Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid supone un importante avance del municipalismo. Si muchos de los contenidos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local dispusieron del impulso final del Ayuntamiento de Madrid y deben ser interpretados en clave de la necesaria modernización de este municipio que se acomete a partir del año 2003, hay que destacar que la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid contiene una reforma del régimen jurídico y del procedimiento y una regulación de la Administración municipal así como una propuesta -que finalmente no fue aprobada- de mejora de la financiación y de progresividad de los impuestos que pueden incorporarse al futuro Anteproyecto de Ley Básica de Gobierno y Administración Local y a la reforma de la Ley de Haciendas Locales, de la que se beneficiarán los Ayuntamientos de España. Este Comentario quiere ser un reconocimiento expreso -que no ha sido hecho hasta ahora- al impulso que el Ayuntamiento de Madrid ha dado desde el año 2003 tanto al municipalismo como a la modernización de la gestión de las Administraciones Públicas, que contribuye a mejorar los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos.

El embargo de acciones de S.A. y de participaciones de S.L. constituye un tema de relevante actualidad, que no ha sido objeto de la suficiente atención por parte de la doctrina española. El presente estudio pretende llenar este vacío, abordando de forma rigurosa los variados y complejos problemas jurídicos que suscita la traba de participaciones en sociedades de capital. En especial, el autor pasa revista al contenido de los arts. 73 LSA y 38 LSRL (deteniéndose en el sentido de la remisión contenida en ellos), la forma en la que debe entenderse acordado el embargo y los efectos que origina sobre el acreedor embargante, sobre los terceros y sobre el socio deudor (tanto con respecto a la titularidad de las participaciones, como en relación a los derechos políticos y económicos que integran la posición de socio). Asimismo, una parte importante del trabajo está dedicada al examen del papel (prácticamente desconocido entre nosotros) que puede llegar a jugar la autonomía de la voluntad en esta materia y, en especial, a la incidencia sobre el embargo de los pactos y cláusulas estatutarias. La obra se cierra con un estudio de las medidas de garantía del embargo que pueden ser acordadas y con un análisis de las peculiaridades que presenta el embargo del paquete mayoritario o de control de una sociedad. Por todo ello, este libro tiene un gran valor práctico que lo convierte en un instrumento de extraordinaria utilidad para todas aquellas personas que se vean involucradas en una traba de participaciones.