El principio de libre determinación de los pueblos fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1960, a fin de atribuir un derecho a la soberanía e independencia a los pueblos coloniales; en 1970, la misma Asamblea extendió su aplicación a los pueblos ocupados militarmente. Desde entonces, grupos subestatales (tales como minorías, pueblos indígenas o cualquier otra fracción del pueblo estatal) alegan que el principio también les es aplicable por ser un “pueblo” en el sentido de la norma. ¿Cuál es pues, el contenido de esta norma jurídica de carácter imperativo (ius cogens) del Derecho internacional general? ¿Atribuye un derecho a la independencia a cualquier pueblo? La ambigua redacción de los textos jurídicos internacionales que formulan el principio fomenta la incertidumbre, dificultando encontrar una respuesta objetiva. Que sea difícil, sin embargo, no significa que sea imposible encontrarla. El Derecho internacional público, como todo sistema jurídico, comprende normas secundarias de interpretación y aplicación de las normas primarias. El seguimiento metódico de tales normas secundarias, permite identificar la realidad jurídica del principio, la única susceptible de proporcionarle una aplicación eficaz. Alegar una interpretación imaginada no solo es ineficaz, sino que aleja a la sociedad destinataria de la paz y el orden, el desarrollo sostenible y la justicia, y el respeto y protección de los derechos humanos, fines del Derecho internacional público contemporáneo.

En los últimos años se ha abierto la puerta con gran irresponsabilidad, mayor intensidad y extensión, a la delegación y/o contratación del uso legítimo de la fuerza a actores privados. Este dato no debería pasarse por alto. Las empresas militares y de seguridad privadas ¿constituyen un grave atentado a los fundamentos del Estado moderno y a los principios del Estado de Derecho? ¿Conllevan riesgos sobre la población civil, que es abandonada al arbitrio de usos de la fuerza privados, en situaciones convulsas como las que vemos estos días en el norte de África? Creemos que sí. Fue precisamente, la centralización del uso legítimo de la fuerza y el rechazo a los mercenarios, una de las conquistas del Estado moderno. A su vez, el reconocimiento y respeto de los derechos humanos se consolidó apoyándose en el sometimiento del poder de coerción (militar y policial) a los poderes legislativo y judicial. Las empresas militares y de seguridad privadas son una reencarnaci­on en el siglo XXI de proveedores del uso físico de la fuerza. Son los nuevos corsarios que fueron abolidos en el ámbito internacional en el siglo XIX. Asistimos, pues, hoy a un retroceso. Y ¿vamos a observar impasibles este hecho? No deberíamos. Por ello, si ya no es posible frenarlo, al menos ha de quedar la esperanza de regularlo internacionalmente, para exigir límites y obligaciones a los Estados en su delegación y/o contratación de estas empresas. El proceso actual hacia su regulación es el que se analiza en esta obra, haciéndose especial énfasis a los esfuerzos del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas.