Todo un lujo para relacionarse con la Administración. Los autores, magistrado de lo Contencioso-Administrativo y abogado especializado en Derecho público, respectivamente, nos comentan artículo por artículo la ley más importante en la materia, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Además, esta 2.ª edición incorpora la cita de los principales y más recientes pronunciamientos jurisprudenciales que se han dictado en interpretación y aplicación de la norma superados ya 6 años de vigencia de la misma.

La Administración Pública en el ejercicio de sus competencias puede incidir negativamente en los bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo indemnizarlos por los daños sufridos. La configuración del daño y su correlativa indemnización se aborda en la obra analizando el concepto de lesión, el funcionamiento de los servicios públicos, le nexo causal, la cuantificación de la indemnización y la prescripción del derecho a reclamar, entre otras cuestiones.
Además, la obra analiza en profundidad el procedimiento administrativo que debe tramitar la Administración. Y se incluyen los formularios que sirven de apoyo a dicha tramitación.
En materia sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, la obra está plenamente adecuada a las leyes 39/2015 y 40/2015, la primera reguló el procedimiento administrativo común y, la segunda, la responsabilidad patrimonial del Sector Público.
En la presente edición, además de las necesarias adaptaciones y puestas al día de la jurisprudencia más relevante, se ha añadido una tercera parte, en la que se analiza la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero solo en aquellos aspectos que afectan más directamente a la impugnación judicial de las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial.

La Administración Pública en el ejercicio de sus atribuciones puede incidir negativamente en los bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo indemnizarlos por los daños sufridos. La configuración del daño y su correlativa indemnización se lleva a cabo analizando el concepto de lesión, el funcionamiento de los servicios públicos, el nexo causal, la cuantificación de la indemnización y la prescripción del derecho a reclamar, entre otras cuestiones.
La presente edición, se ha adaptado a las leyes 39/2015 y 40/2015, normas que en la actualidad regulan, la primera, el procedimiento administrativo común y, la segunda, la responsabilidad patrimonial del Sector Público. Se destaca la modificación del procedimiento administrativo en relación con la responsabilidad patrimonial; se ha derogado el Reglamento que regulaba la tramitación de este tipo de procedimientos y se ha determinado que el procedimiento es el general, con algunas particularidades, que la propia Ley 39/2015 recoge.
La obra gira en torno al procedimiento a seguir frente a la Administración, con unos formularios que sirven de apoyo en su tramitación. Se examina en detalle el régimen a seguir, determinando cuándo responde la Administración y cuándo los contratistas o concesionarios. La concurrencia de culpas en la producción de daños es otra de las cuestiones a la que se dedica especial atención en esta monografía.

La Administración Pública en el ejercicio de sus atribuciones puede incidir negativamente en los bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo indemnizarlos por los daños sufridos. La configuración del daño y su correlativa indemnización se lleva a cabo analizando el concepto de lesión, el funcionamiento de los servicios públicos, el nexo causal, la cuantificación de la indemnización y la prescripción del derecho a reclamar, entre otras cuestiones. Esta materia es de la que trata la obra desde una vertiente legal, doctrinal y fundamentalmente jurisprudencial; del mismo modo, se analiza el procedimiento a seguir frente a la Administración, con unos formularios que sirven de apoyo en la tramitación del correspondiente procedimiento.
En otro orden de cosas, cabe significar que la Administración puede actuar a través de la gestión de los servicios públicos de forma directa, o bien, auxiliarse mediante formas de gestión indirecta, como puede ser la concesión. Del mismo modo, y como regla general, las obras públicas son ejecutadas por contratistas no pertenecientes a la Administración titular de la obra. En todos estos casos, la responsabilidad se difumina entre la Administración y el concesionario o contratista. En esta monografía se examina en detalle el régimen a seguir, determinando cuándo responde la Administración y cuándo los contratistas o concesionarios.
La concurrencia de culpas en la producción de daños es otra de las cuestiones a la que se dedica especial atención en la obra. Estos pueden producirse como consecuencia de la conducta de la Administración y particulares, de varias Administraciones entre sí e, incluso, puede suceder que el daño lo produzca la propia victima o un tercero. Junto a estos y otros intervinientes, cabe referirse también al protagonismo asumido por las compañías aseguradoras de daños. En la presente monografía, se hace una exhaustiva referencia a todas estas cuestiones y la jurisdicción competente para resolver sobre la indemnización, atendiendo a cada una de las circunstancias que concurran en cada caso.

Los planes urbanísticos exigen que se lleven a cabo las previsiones recogidas en los mismos. Con la ejecución de planeamiento se ha de llevar a cabo una distribución equitativa de beneficios y cargas con las debidas garantías, y cuando la gestión se realiza por agentes privados, esa garantía, debe tener un control de la Administración de tutela, ordinariamente el Ayuntamiento.
Tradicionalmente la ejecución de la urbanización se ha previsto normativamente que se lleve a cabo a través de alguno de los siguientes sistemas: expropiación, cooperación o compensación. Cada uno de estos sistemas se caracteriza por la mayor o menor intervención de los propietarios de los terrenos afectados por el sistema.
La 4.ª edición de esta monografía que va camino de convertirse en una obra clásica en esta disciplina ha exigido una alteración y revisión sustancial para llevar a cabo su actualización. Y con mayor intensidad ha sido necesario recoger e inventariar las normas dictadas por las Comunidades Autónomas en relación con el sistema de compensación y que, como resulta de su propia naturaleza, habrá que acudir prácticamente a todas las Comunidades Autónomas para conocer el régimen legal vigente en cada municipio.
La obra, además de la referencia a la normativa y sus comentarios, contiene una importante doctrina y la más relevante jurisprudencia dictada por los tribunales sobre las cuestiones tratadas.
Con el fin de facilitar la búsqueda de los contenidos se ha añadido junto al índice tradicional, otro analítico que nos remite al lugar en el que se encuentra la voz reseñada.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, desde su aprobación fue objeto de duras críticas prácticamente desde todos los sectores afectados.
Las críticas estaban cargadas de razón, y el legislador coherente con dichas críticas no hizo oídos sordos a las mismas, y prueba de ello fue la reforma llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que tuvo meritorios aciertos en determinas cuestiones, si bien en otras el acierto fue menor. Aunque se puede afirmar que fue una modificación importante, por no decir esencial, de la ley inicialmente aprobada. Otras leyes incidieron también en la mejora de la ley 30/1992, junto con
la aportación de la doctrina científica y la jurisprudencia.
La presente edición del libro trata de poner en manos de lector el resultado de la evolución legal, doctrinal y jurisprudencial, que durante los 20 años de vigencia de la Ley 30/1992, han abocado al actual régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común.
El estudio de esta materia se aborda analizando cada uno de los preceptos de la Ley 30/1992, con el siguiente criterio: comentario de la norma, apoyados en la doctrina científica y en la jurisprudencia, señalando en su caso los efectos de otras normas dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1992. Además, se ha considerado oportuno recoger en este trabajo aquellas cuestiones reguladas en otras disposiciones legales que hacen referencia al procedimiento administrativo. Así por ejemplo, en el tema de recursos administrativos, además de analizar los regulados en la Ley 30/1992, se analizan otros recursos establecidos en otras leyes. Por ejemplo, el recurso especial en materia de contratación administrativa, el recurso de reposición en materia tributaria local, etc. Otro ejemplo significativo es el relativo al silencio administrativo, que dentro de su articulado analiza el régimen previsto en la Ley 30/1992, pero también el referente a materia urbanística y tributaria.
Se ha pretendido de esta forma aglutinar en una única obra la mayor información posible relacionada con una misma materia, pero que se encuentra desperdigada en diversas normas de distinto rango. Advirtiendo las diferencias que el legislador ha querido asignar atendiendo al ámbito de aplicación concreto (general, tributario, urbanístico, etc., etc.).
El trabajo contiene un índice general y otro analítico, así como una amplia bibliografía que ha sido consultada para la elaboración del mismo.
El índice general parte del título del precepto que se analiza, pero en algunos supuestos se recogen subepígrafes en los que se desarrolla el comentario al precepto, haciendo referencia, como ya se ha dicho, a aquellas cuestiones relacionadas con dicho precepto, pero reguladas en otras normas.
En el índice analítico se recogen términos o voces que se pueden encontrar en el precepto, en este y en su comentario, o sólo en el comentario.
La finalidad es facilitar la ubicación de los temas tratados dentro del libro.