A medida que la disciplina del compliance evoluciona en nuestro país, es más evidente que no es un ámbito exclusivo del Derecho y de los Abogados. Las enseñanzas de otras ciencias sociales (particularmente, la psicología, la ética y la economía conductuales) son una herramienta tan inexplorada como útil para mejorar la efectividad de los programas de compliance. Estas ciencias revelan la existencia de toda una serie de influencias ajenas a nuestra consciencia pero que nos empujan a tomar muchas de nuestras decisiones y que pueden, de forma gradual y desapercibida, erosionar la finalidad última de los compliance programs: fomentar una verdadera cultura ética empresarial. Para que la función de compliance de una organización sea efectiva, es un prius necesario saber cómo se comportan sus miembros y, sobre todo, por qué actúan como actúan. Particularmente cuando se enfrentan a dilemas éticos. El enfoque descriptivo de la ética conductual nos hace ver toda una serie de puntos éticos ciegos que pueden hacer tambalear todos los esfuerzos de compliance de una organización. Con la finalidad de desarrollar el concepto de behavioral compliance, esta obra ofrece un primer contacto a la unión entre disciplinas sociales complementarias que pueden expandir el universo del compliance en España.

Las investigaciones internas en el seno de procedimientos penales para tratar de esclarecer los hechos acaecidos tienen un amplio recorrido en los Estados Unidos. En España, donde no gozamos tanta experiencia, las investigaciones internas son, con mayor claridad desde la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, un elemento que conforma el posible abanico defensivo a disposición de las personas jurídicas cuando adquieren el estatus procesal de imputadas. La doctrina estadounidense ha vertido mucha tinta sobre la presión que supone para los entes colectivos su responsabilidad vicarial en sede penal y el modo en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos usa las investigaciones internas para premiar su colaboración a través de la presión a sus empleados para que estos, a su vez, cooperen. Esta práctica ha llevado a denunciar a numerosos autores que, de facto, las empresas se transforman muchas veces en un Fiscal más, con las consecuencias –para todas las partes– que ello conlleva. ¿Es admisible en nuestro país este tipo de presión por parte de la empresa hacia su empleado? ¿Tienen los empleados en una investigación interna llevada a cabo por su empresa imputada un derecho a no confesarse culpable? ¿Cómo hay que ponderar la relación entre el Derecho Laboral y el Derecho Penal en estas situaciones? Este ha sido un tema no muy tratado por la doctrina española que creemos que, a raíz de las cada vez más frecuentes imputaciones de grandes empresas que estamos viendo en nuestro país y el auge del compliance penal cobrará mayor atención. Por ello, es conveniente dirigir la mirada a otras jurisdicciones para ver cómo han abordado este tipo de situaciones, estudiar qué problemas se han planteado a lo largo del camino y qué soluciones, domésticas o importadas, se pueden plantear para un tipo de eventos a los que todos los operadores jurídicos nos tendremos que acabar acostumbrando a medida que la responsabilidad penal de la persona jurídica se asiente definitivamente en nuestro país.