El recurso de casación estatal es analizado en 4 estudios. Los 2 primeros, del Magistrado del TS, José Díaz Delgado, por un lado, y por el Catedrático Santiago González-Varas, por otro. Y los otros 2 se refieren a la nueva variedad del RD-Ley 8/2021, relativa a la impugnación de las medidas sanitarias, llevados a cabo, respectivamente, por el Profesor Titular José Antonio Tardío y por el Magistrado Salvador Bellmont. El recurso de casación autonómico, por un lado, y la doble instancia en la JCA, por otro, son examinados por el presidente de la Sala de la JCA del TSJ de Valencia Manuel J. Baeza Díaz-Portales. Y el carácter vinculante de la jurisprudencia es estudiado por J.A. Tardío y por el Catedrático italiano Sergio Foà, en trabajos diferenciados. El recurso ordinario es estudiado por J. Díaz Delgado y el procedimiento abreviado, por dos estudios separados de S. Bellmont y de J.A. Tardío. La ejecución de las resoluciones judiciales es enjuiciada por J. Díaz Delgado, por un lado, y por las Profesoras Titulares María Jesús Romero y María Emilia Casar, por otro. Las medidas cautelares son desgranadas por S. González-Varas y las costas procesales, en estudios individuales independientes de M.J. Baeza; de S. Bellmont; y de la abogada Inmaculada de la Fuente. Las especialidades de la impugnación de las vías de hecho son tratadas por S. González-Varas y por J.A. Tardío y las propias de la impugnación de la inactividad de la Administración por S. González-Varas y por I. de la Fuente. Cuatro estudios son dedicados a los recursos especiales: de protección de los derechos fundamentales (Santiago González-Varas); de suspensión administrativa de actos o acuerdos de las corporaciones locales o entidades públicas (M.J. Romero); sobre la cuestión de ilegalidad de reglamentos (M.E. Casar); y sobre el proceso de garantía para la unidad de mercado (L.M. García Lozano). Otros trabajos son destinados a la inadmisión del recurso contencioso-administrativo (M.J. Romero; M.E. Casar; y S. Bellmont); al fallo de las sentencias contencioso-administrativa (J.A. Tardío y Sergio Foà, en dos estudios distintos); a la gestión electrónica de expedientes judiciales (S. Bellmont y L.M. García Lozano, en dos estudios distintos); y a la perspectiva de género en la jurisdicción contencioso-administrativa (M.J. Romero; M.E. Casar; e I. de la Fuente). Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

El más completo repertorio de reglas, máximas y aforismos jurídicos, en su versión latina y castellana, distribuidos por temas de mayor relevancia y completados con las sentencias del Tribunal Supremo de mayor significación.

El presente libro analiza las normas de la Unión Europea, del Estado Español y de la Comunidad Valenciana que regulan la gestión urbanística, así como la jurisprudencia del TJCE, del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea y del TEDH, por un lado, y del TC, del TS y del TSJCV, por otro, que versan sobre tal cuestión, haciendo especial hincapié en su incidencia en las diversas formas, directas e indirectas, de la mencionada gestión (de entes públicos y de particulares, propietarios y no propietarios), así como en la exigencia de aplicación de la normativa contractual pública y la garantía del derecho de propiedad privada. Ello, con la finalidad de proporcionar al ámbito académico y al de los operadores jurídicos una visión lo más completa posible de dicha temática, que pueda ser útil para la interpretación y aplicación de dicho Derecho en su hacer cotidiano. Pero también con el objetivo de suministrar la base para examinar el conflicto suscitado por la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de diciembre de 2005 (adoptada sobre la base del Informe Fourtou) y por la apertura por la Comisión Europea a España, mediante la Carta de emplazamiento de 21 de marzo de 2005, de un expediente de infracción del Derecho Comunitario, como consecuencia de que la legislación urbanística valenciana no respeta las normas sobre contratos públicos de la Unión. Y, en relación con el Derecho Valenciano, se expone, en especial, con gran grado de detalle, la regulación de la referida gestión a partir de la exégesis en dicho Derecho de la distinción entre actuaciones integradas y actuaciones aisladas, pasando por la cuestión de la distribución de las cesiones y de los gastos y demás cargas de la urbanización, hasta llegar al estudio de los procedimientos de adjudicación de los PAIS y PAAS y de la condición de agente urbanizador de los mismos, por un lado, así como de la posición de empresario constructor, por otro.