El principio de responsabilidad del Estado por los daños causados en violación del Derecho de la Unión constituye, en parte, la vara de medir la efectividad de la protección jurisdiccional que el Derecho de la Unión está preparado para ofrecer y salvaguardar. El propósito de este estudio es el de pasar revista a desarrollos relativamente recientes que pueden aportar elementos de reflexión para contribuir a una transformación o flexibilización de algunos de los elementos que pueden restar efectividad a la aplicación práctica del principio de responsabilidad del Estado. Con este propósito este trabajo examina la evolución del principio de responsabilidad no solo en la jurisprudencia relativa al principio de la responsabilidad del Estado, sino también en la jurisprudencia relativa a la responsabilidad extracontractual de la propia Unión y de sus Estados miembros frente a la Unión misma, así como el importante impacto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Sobre la base de estos desarrollos, la obra propone una revisión crítica de algunos de los elementos de la construcción jurisprudencial del principio de responsabilidad del Estado, en particular, de la interpretación del criterio de la violación suficientemente caracterizada y de la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad.

Desde que el Asunto de la Asociación de los Jueces Portugueses fuese pronunciado en 2018, la independencia judicial se ha instalado en el foco de la jurisprudencia del TJUE. Si bien esa jurisprudencia se inició debido a los particulares desarrollos sufridos en algunos de los Estados Miembros de la UE en el contexto de la llamada “crisis del Estado de Derecho”, hoy esa jurisprudencia, de gran calado estructural y material, no se haya en modo alguno circunscrita a dicha situación de crisis. Los pronunciamientos que el TJUE viene realizando desde hace ya cinco años en el ámbito de la independencia judicial suponen un desarrollo constitucional de envergadura que va más allá de una situación coyuntural y circunscrita a determinados Estados Miembros. Dada la relevancia general y no limitada ni geográfica ni temporalmente a situaciones de crisis sistemática del Estado de Derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia debe ser examinada desde el punto de vista de sus implicaciones para todos y cada uno de los Estados Miembros de la Unión, y para el propio poder judicial de la Unión. La cuestión de la independencia judicial y su examen por parte del TJUE está sometida a una enorme tensión: por una parte se trata de un aspecto de la organización constitucional de los Estados Miembros en la que la Unión no dispone de competencia. Por otro, se trata de una cuestión existencial para la supervivencia de la Unión, presupuesto indispensable para el funcionamiento de su sistema jurídico que reposa en la premisa de la Unión de derecho y su protección jurisdiccional –argumentos que han fundamentado que el TJUE reconociese su competencia en la materia. En este contexto, esta obra pretende sistematizar la jurisprudencia sobre independencia judicial en el TJUE en los últimos cinco años con el objeto de esclarecer sus implicaciones prácticas, también en lo que respecta a las propias jurisdicciones de la Unión. Para ello, el libro se estructura en cinco capítulos. Los tres primeros examinan todas las vías procesales a través de las cuales la cuestión de la independencia judicial ha llegado (o puede llegar) hasta el Tribunal de Justicia. Esta cuestión es determinante ya que permite entender por qué y cómo puede el Tribunal de Justicia verse invitado a pronunciarse sobre determinados aspectos. Esta parte de la obra examinará tanto la jurisprudencia del TJUE sobre la independencia judicial a nivel nacional, como la jurisprudencia relativa a la independencia judicial en el seno del propio TJUE. En segundo lugar, la obra se centra en decantar el estándar material que emana de la jurisprudencia, y en la cuestión de su intensidad y del margen de apreciación que se reconoce a los Estados miembros. La obra finaliza, a modo de conclusión, con un capítulo destinado a abrir el debate futuro sobre la potencial aplicación de esta jurisprudencia a otros “valores” incluidos en el Artículo 2 del Tratado de la Unión.