Todavía está por confirmarse la sostenibilidad de la recuperación económica, apuntada por responsables gubernamentales y puesta de manifiesto en los resultados de las grandes empresas españolas. Bancos, eléctricas y compañías de telecomunicaciones parecen haber superado la crisis, pero millones de españoles continúan sufriendo los ajustes presupuestarios, el desempleo y la jibarización de nuestro producto interior bruto. El fracaso en términos de bienestar de las políticas convencionales ensayadas durante los últimos años anima iniciativas heterodoxas, nostálgicas vueltas a modelos aún menos exitosos (creación de bancos públicos, moratorias turísticas, insinuaciones sobre incumplimientos contractuales…). Corremos el riesgo de incurrir en viejos errores para conseguir presentes defectos, justo en un momento en el que los inversores reclaman predecibilidad. ¿Cuál es a mi juicio el punto de equilibrio de la correcta intervención administrativa en la economía? Aquel que respeta los derechos afectados y al tiempo consigue resultados positivos en clave social. Las medidas idóneas protegen la libertad y simultáneamente mantienen la cohesión, evitando el crecimiento de la desigualdad (el índice de Gini es uno de los indicadores más preocupantes de la evolución reciente de la economía española).

Abogados, empresarios, funcionarios y responsables públicos de todos los niveles administrativos han de informarse de las reformas que conlleva la transposición de la Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, de Servicios en el Mercado Interior. Las leyes aprobadas por el Estado y las Comunidades Autónomas a estos efectos son sólo el primer paso de una serie de modificaciones que transformarán profundamente nuestro Derecho administrativo. Esta obra ofrece un tratamiento pormenorizado y completo de todas las exigencias de la Directiva en sus proyecciones sobre nuestro Ordenamiento, tanto las recogidas en la Ley de Libre Acceso y Ejercicio de las Actividades de Servicios como las incluidas en las "ómnibus" estatales y autonómicas: la libre prestación y el establecimiento; el nuevo régimen autorizatorio y de control; las repercusiones sobre la libertad de empresa; la simplificación de los procedimentos; la Administración electrónica; la cooperación interadministrativa; la calidad de los servicios; el impacto sobre la Administración local; y la incidencia sobre determinados servicios sociales.