El Palacio de Hielo de Madrid, habilitado como morgue provisional durante la pandemia, no puede cerrar sus puertas y regresar a su actividad porque el ataúd no reclamado de una anciana lo impide. El inspector Salado y su ayudante Jaso acompañan al supersticioso juez Calvo a la inspección preliminar, que les depara una sorpresa: en su interior hay un varón con traje a medida y un Rolex de oro en la muñeca. Lo que parece una confusión de clasificación les introduce poco a poco en un macabro juego: una cadena de muertos, a cada cual más peculiar, que tienen en común la firma, en el certificado de defunción, de la doctora Paloma Padierna, joven internista en el Gregorio Marañón.

La doctora Padierna, ajena al asunto y agotada tras los duros meses de trabajo en el hospital, solo piensa en sus vacaciones. Pero el asesino de los crímenes perfectos tiene otros planes para ella.

Vuelve la gran dama del crimen en España

Cinco capítulos; en los que se analiza el nacimiento y evolución de la protección de datos personales (PDP) desde el derecho a la intimidad y la distinta naturaleza de alguna de sus normas; una breve evolución de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la Unión, situando la regulación de la PDP en los tratados y en el derecho derivado, análisis del RGPD y de otras normas europeas, pero sólo en lo relativo a las disposiciones transnacionales y las que regulan la relación de este derecho con otros derechos y valores fundamentales, incluyendo el análisis de abundante jurisprudencia al respecto. Análisis de las regulaciones de las distintas autoridades con competencias en PDP; y las distintas regulaciones y aspectos de las transferencias internacionales de datos.

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La estabilidad económica constituye actualmente y, luego de la crisis económica vivida, el principal objetivo del trabajo que desarrollan los encargados de las políticas económicas de los Estados. Sin embargo, la relevancia del citado propósito no ha implicado por parte de la dogmática jurídica una explicación detallada del concepto. Por el contrario, una lectura de las normas y documentos en que se ha utilizado la expresión nos revela contenidos diferentes. Si bien el análisis de esta materia podría no ser de interés para juristas, lo cierto es que el examen de este asunto presenta para el Derecho, y en particular para el Derecho público, una extraordinaria relevancia por tres razones. Primero, porque desde la segunda década del siglo XX se viene utilizando en España la voz estabilización para referirse a un conjunto de medidas tendentes a alcanzar la estabilidad económica. Segundo, porque con la entrada en vigor de la Constitución de 1978 se elevó a rango constitucional y, más específicamente, a la categoría de principio rector de la política social y económica la estabilidad económica al establecerse en el artículo 40.1 que “[l]os poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”. Y, tercero, porque a partir de la crisis económica, tanto las medidas económicas, como las respuestas jurídicas que las autoridades internacionales, europeas y españolas propusieron y adoptaron, se justificaron en la estabilidad económica, lo que, en el caso de España implicó, además, que se intensificó su mención en comparación con los años previos. Teniendo en cuenta estas circunstancias y el impacto que la crisis económica iniciada en 2007 ocasionó en la economía mundial, europea y española, en la presente investigación se examina, por un lado, el origen, evolución y constitucionalización de la estabilidad económica y, por otro lado, las consecuencias que respecto del contenido del citado objetivo económico tuvieron las medidas y acciones que las autoridades económicas internacionales y nacionales adoptaron durante la pasada crisis financiera y de deuda soberana. En definitiva, el objetivo de este trabajo ha sido el de, a través de un estudio histórico, económico y jurídico de la expresión, precisar el contenido de la estabilidad económica del artículo 40.1 de la Constitución como objetivo económico constitucional que, en palabras de su artículo 53.3, está llamado a informar “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos"