Bernardo de Gálvez mandó las tropas españolas que participaron en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Sus campañas militares contra los asentamientos británicos a lo largo del río Misisipi, así como en Mobile y Pensacola, resultaron cruciales a la hora de impedirles reagrupar sus fuerzas terrestres y navales para lanzarlas contra las tropas del general Washington, lo que habría cambiado el curso de la guerra.
Bernardo de Gálvez cuenta con una estatua en el centro de Washington, un retrato en el Congreso de Estados Unidos, una localidad en Texas que lleva su nombre, Galveston, y otra en Luisiana, Galvez; y, sin embargo, su figura aún es bastante desconocida en España. Gonzalo M. Quintero Saravia intenta dar a conocer al lector español quién fue este personaje histórico que llegó a ser gobernador de Florida y virrey de Nueva España, que combatió a los apaches antes que a los británicos, en una amplia y precisa biografía que primero fue publicada en inglés en Estados Unidos, con muy buena acogida entre lectores, y medios académicos y de comunicación.
Gonzalo M. Quintero Saravia, tras una extensa investigación en archivos de España, México y Estados Unidos, nos descubre a un personaje que fue tanto un servidor del imperio como un hombre de la Ilustración, una pieza central tanto de la historia de la Revolución Norteamericana como de la América de la segunda mitad del siglo XVIII, esencial en el diseño y aplicación de las reformas coloniales españolas. Pero el libro es mucho más que una biografía al uso. El autor aprovecha la experiencia vital de Gálvez para explicarnos y situarnos en el marco histórico en el que se desenvolvió, así como las tensiones entre las potencias de la época y los factores de la política internacional que se entrecruzaron en una guerra como la de la Independencia de Estados Unidos en la que España intervino, aunque nunca fue formalmente aliada de los sublevados.

Las Administraciones españolas han utilizado, desde el siglo XIX, fórmulas de colaboración público-privada para prestar los servicios públicos. La tendencia actual en las sociedades occidentales es reducir el intervencionismo administrativo directo en las actividades económicas al ser incompatible con el crecimiento y no satisfacer el interés general, sin embargo, muchos ayuntamientos de nuestro país están replanteando la municipalización de los servicios urbanos. En este contexto, el libro ofrece de forma rigurosa las claves para entender las reglas de colaboración público-privada en el ámbito español, teniendo en cuenta la nueva regulación europea, que conlleva importantes consecuencias e implicaciones jurídicas.

El temario de oposiciones se compone de 37 temas, que en realidad podrían ser bastantes más, pues muchos de ellos comprimen una cantidad excesiva de materia, pese a lo cual, el opositor dispone de un tiempo cerrado para exponerlo. Partiendo de esa condición se ha hecho un esfuerzo por reunir en un espacio prefijado la relación de las cuestiones problemáticas del Libro II del Código penal, evitando, por ser imposible, la exposición expresa de sentencias (resumidas como líneas jurisprudenciales) y de posturas doctrinas (resumidas en mención de doctrina dominante o discrepante). En todos los temas se indica que para una completa información se debe acudir a los Comentarios al Código penal español, 7ª edición. A fin de facilitar la memorización (recordemos la finalidad del libro), los temas se subdividen en bastantes epígrafes, mientras que en programa oficial están indicados solo con un lacónico título. Esa técnica, que luego se plasma en sumarios de cada tema, facilita el repaso rápido de la totalidad del texto.

La obra se estructura con un Estudio Preliminar que recoge críticamente los principales problemas que plantea la Reforma estudiada en el sistema penal español, tanto por su orientación político-criminal e ideológica como por las alteraciones legales, muchas veces injustificadas. En la Parte general del libro se reúnen los estudios sobre modificaciones en materia de persona jurídica, incapacidad y, especialmente, determinación y ejecución de las penas. Se cierra esta parte con un estudio específico de las consecuencias procesales de la Reforma. En la Parte Especial se analizan todas y cada una de las figuras de delito modificadas o nuevas, señalando tanto sus aspectos técnicos como, en su caso, los problemas de coordinación con el conjunto del Código, las consecuencias, a veces perversas,
que van a tener y, en relación con algunas, las implicaciones de índole constitucional.

La sexta edición de nuestros Comentarios continúa manteniendo el estilo y forma de las ediciones precedentes, pues el razonable éxito cosechado con ellas aconseja continuar en la misma línea. Por otra parte, a la obligada y periódica actualización de la obra se añade, en esta ocasión, la entrada en vigor de la importante y extensa reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010, que por sí sola hubiera forzado una nueva edición, pues algunas de sus novedades, como sucede singularmente con la regulación de los supuestos de posible responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuerpo normativo de nueva incorporación a nuestro derecho, al que se suman otras novedades en relación con la incriminación de los grupos organizados, que han de buscar un no fácil encaje en un espacio en que concurren también reglas sobre participación y sobre punición de actos preparatorios. Sin esa nota de novedad, pero con una configuración notablemente diferente, se analizan las reformas en las penas, el sistema de la prescripción del delito, la nueva medida de seguridad de libertad vigilada, y los problemas determinados por nuevas estructuras típicas, como pueda ser la corrupción entre particulares, que se suma a las modificaciones que en el ámbito de los delitos de funcionarios se introducen en las tipicidades vinculables a la corrupción. De gran importancia son también las profundas modificaciones que experimentan figuras delictivas ya existentes, como el blanqueo o los fraudes y falsificaciones vinculados a medios de pago, así como las novedades en los delitos relativos al mercado y los consumidores o las, asimismo significativas, variaciones en la regulación de los delitos urbanísticos o ambientales. Todo ello, por supuesto, se suma a la continua revisión de los análisis y razonamientos que se vierten en relación con las figuras que no presentan modificaciones.