Derecho

Uno de los efectos más notorio de la crisis económica es el incremento de la morosidad, con el aumento de impagados y de los retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que afectan a todos los sectores y suponen importantes costes financieros, administrativos y jurídicos. Esta situación, que se contagia en cadena entre las empresas y que, en muchos casos, tiene su origen en las dilaciones de los pagos por parte de las Administraciones públicas, está provocando la pérdida de empleos y la quiebra de un alto número de empresas, incapaces de subsistir sin la liquidez necesaria para continuar con su negocio.
La preocupación por esta situación, especialmente patente en las pequeñas y medianas empresas, en gran medida dependientes del crédito a corto plazo y con evidentes limitaciones de tesorería, se plasmó en la Ley 3/2004, dictada en aplicación de una Directiva europea del año 2000. Ley recientemente modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, cuya novedad más importante es la prohibición expresa de períodos de pago a proveedores superiores a 60 días.
Pocos meses después de publicada la Ley 15/210, se aprobó una nueva Directiva por la que se introducen cambios sustantivos en la regulación europea para combatir la morosidad. La Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero, deberá ser incorporada al Derecho de los Estados miembros antes del 16 de marzo de 2013. Una obligación que se limita a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto a la Directiva 2000/35/CE y que no impide que los Estados miembros mantengan o establezcan disposiciones más favorables para el acreedor.
En suma, la lucha contra la morosidad presenta múltiples aspectos y cuenta con un marco jurídico complejo. De esta importante y, a la vez, actual cuestión se ocupa la presente obra, fruto del esfuerzo conjunto de varios miembros de nuestro Consejo Editorial LA LEY, que afronta el estudio de la morosidad desde diferentes ámbitos, abarcando sus aspectos civiles, fiscales o procesales, así como su incidencia en el sector público o en el entorno económico de las empresas.

La presente obra realiza un completo estudio doctrinal y jurisprudencial sobre los problemas derivados de la impugnación judicial de la calificación registral. Las distintas reformas normativas que ha sufrido la materia y la generosa ambigüedad de la norma facilitan la disparidad de interpretaciones y de soluciones prácticas del caso concreto, que pugnan alarmantemente con la seguridad jurídica. Además, las previsiones de algunos Estatutos de Autonomía que contemplan entre las competencias de las respectivas Comunidades Autónomas la regulación del recurso contra las calificaciones registrales fundadas en Derecho propio añaden una complejidad adicional.
El análisis doctrinal parte de la memoria normativa. Es decir, de las sucesivas reformas que ha sufrido la materia, hasta llegar a la norma vigente. En él se explican los problemas detectados y la solución legislativa por la que se ha optado. El estudio procesal se traduce en un profundo examen del procedimiento de revisión judicial, señalando los problemas que han merecido diferentes soluciones. La parte jurisprudencial sistematiza las sentencias dictadas por los distintos órganos judiciales, y ofrece una completa visión de las decisiones adoptadas y las distintas líneas interpretativas seguidas. El Libro finaliza con una propuesta de lege ferenda en el que se recoge la normativa autonómica existente y un plan articulado.
La riqueza de planteamientos y la exhaustividad de los análisis realizados configuran una obra de singular valor para los Jueces y Magistrados, principalmente, del orden civil, abogados y demás operadores jurídicos, así como para los estudiosos de una materia que todavía no ha merecido del legislador un tratamiento acabado.