Los procesos declarativos, que se caracterizan y tienen una especial singularidad por razón de la materia, concebidos por el legislador para solventar las más dispares pretensiones jurídicas que abarcan los procesos posesorios, arrendaticios, de propiedad horizontal, de protección de los derechos reales inscritos, societarios, de propiedades especiales, de protección de derechos fundamentales entre otros. Pero además de las especialidades de esta índole, se incluyen los procesos monitorio y cambiario, en la medida que son procesos especiales y con ellos los procedimientos europeos de escasa cuantía y monitorio. Con exclusión de los procesos no dispositivos y los que versan sobre división judicial de patrimonios; es decir, los que se contienen en los Títulos I y II del Libro IV de la LEC; el operador jurídico encuentra en esta obra, el apoyo sustantivo y procesal para solventar cualquier pretensión civil que no se deba sustanciar por razón de la cuantía por los cauces de los juicios ordinario o verbal
La finalidad fundamental de este libro radica, por lo tanto, en proporcionar al profesional del Derecho un instrumento de trabajo que, con la mira puesta en el quehacer diario de despachos y tribunales, permita conocer el estado doctrinal y jurisprudencial de las materias que en el libro se abordan, de ahí que se hayan tratado de aunar y armonizar ambas perspectivas. Sin duda contribuye a ese resultado la condición de los autores, todos ellos magistrados en activo y, por ende, claramente implicados en el conocimiento de conflictos jurídicos cuyo marco procesal de resolución lo constituyen, precisamente, los procesos de que la presente obra trata.

Mediante la expresión “Derecho foral” se denomina genéricamente en España al conjunto de ordenamientos jurídicos de Derecho civil que se aplican en determinadas zonas del país, coexistiendo simultáneamente con el Derecho común, representado básicamente por el Código Civil.
La presente obra aporta al lector la legislación foral existente en las seis Comunidades Autónomas del Estado español con un Derecho civil propio más vivo y diferenciado del Derecho privado general, cuales son Aragón, Cataluña, Galicia, Baleares, Navarra y País Vasco; de ahí su habitual apelativo de Comunidades forales, cuya realidad histórica y jurídica viene reconocida tanto por la Constitución española como por el Máximo Intérprete de la misma en sede judicial, con su consiguiente traslación en los respectivos Estatutos de Autonomía.
La distinta normativa foral y especial, representada en las correspondientes Compilaciones, cuya conservación, modificación y desarrollo se persigue por los respectivos Parlamentos autonómicos, se interrelaciona siguiendo la temática en la que se estructura el propio Código Civil. Sirviéndonos de esta sistemática se logran, al menos, dos objetivos: por un lado, ordenar toda la legislación foral y especial de las referidas regiones en torno a cada una de las materias concretas sobre las que versa dicho texto legal estatal, y, por otro, poder comparar la diversa regulación participada a los efectos por cada uno de los territorios forales que, en su caso, hayan legislado sobre tales aspectos, de lo que pueden inferirse a su vez diferencias y similitudes, no ya solo entre la normativa propia de cada una de estas regiones, sino también de la contemplada en las mismas junto con la contenida en el seno de la legislación civil común.