El régimen jurídico del deporte profesional se estructura sobre la base de cinco partes. La primera, es una introducción de carácter general sobre la transformación del régimen jurídico del deporte profesional y lo que supone la organización de una actividad económica en el marco del derecho económico y comercial. La segunda, analiza la figura clave en la ordenación del deporte profesional que está representada por las ligas profesionales. A caballo entre una patronal, un organizador o una entidad de segunda referencia en la gestión de potestades públicas es, sin duda, uno de los elementos centrales para la adecuada ordenación del deporte profesional. De hecho podría decirse que la configuración nada clara que realizaba la LD 1990 se ha complicado aun más con las ambuguedades de la LD 2022. En la parte tercera se aborda el análisis de los agentes que participan en el deporte profesional. El modelo del deportista profesional es otro de los grandes temas a analizar. Tributarios de la normativa de 1985 cabe preguntarse sí se trata de un esquema de regulación acorde con la transformación del régimen jurídico de la prestación laboral en este ámbito. La parte cuarta contiene un conjunto de materias que han sido características en los últimos años en relación con el régimen mercantil, comercial, fiscal y de mercado de la actividad deportiva profesional. Dentro de esa parte se incluyen las referencia a las ayudas de Estado, al derecho de la competencia, a las peculiaridades -nunca resueltas- del derecho concursal, a la regulación audiovisual y a las características diferenciales - allí donde existen- de la fiscalidad asociada al ámbito del deporte profesional. La vinculación entre la actividad deportiva y el juego es otro de los elementos clave en estas conexiones de la legislación sectorial con la actividad general. La última de las partes, la quinta, se dedica a la conexión de la actividad deportiva con la normativa de seguridad pública, tanto en los aspectos específicos referidos a la lucha contra la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte como a la inclusión de algunas prácticas patológicas en el reproche penal que abandera el Código Penal.

La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas. El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción. En esta Edición se incorpora ya la experiencia acumulada del recurso de casación y, específicamente, de sus trámites esenciales para la admisión.

La regulación de las subvenciones y, en general, de la actividad de fomento constituye, hoy, uno de los elementos de mayor relación entre los ciudadanos y los Poderes Públicos. El poder subvencional ha sido una de las cuestiones más analizadas en la jurisprudencia ordinaria y en la doctrina del Tribunal Constitucional como consecuencia de diversos factores de orden competencial, económico y derivados de la conexión con la Unión Europea.
En este contexto la Obra comprende una doctrina general sobre el régimen jurídico de las subvenciones realizada sobre la base de la Ley estatal y de las normas de desarrollo de la misma que se han ido publicando y que conforman un profundo acervo normativo con entidad propia. Este análisis se completa con una selección de los regímenes especiales más importantes y de mayor relevancia.
El conjunto de la Obra pretende constituir un estudio sistemático y completo con el que adentrarse en el régimen jurídico de las subvenciones públicas y cómo determinar el régimen de derechos y deberes de los beneficiarios de las mismas.

La transposición al Ordenamiento Jurídico Español de la denominada Directiva de Servicios del Mercado Interior supone un profundo cambio en las Administraciones Públicas y en la forma de actuación de los prestadores de servicios.
El presente Libro trata de analizar la norma general de dicha transposición que es la Ley 17/2009, de 23 noviembre, de Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y del resto de disposiciones estatales que han ido configurando el marco general de la transposición y de la nueva regulación de la prestación de los servicios en el mercado interior. El análisis incluye las concordancias y referencias a la Ley 25/2009, de 22 diciembre de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio que conforma la regulación estatal sobre la materia que debe ser completada con un conjunto de disposiciones autonómicas y locales que nos permitan cumplir el objetivo de adaptación a la normativa comunitaria.
El proceso de transposición y de incorporación debe suponer un profundo cambio en las pautas de funcionamiento y de actuación de las Administraciones Públicas tanto en los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad como de las actividades de comprobación e inspección pública de las mismas.

Un Tratado de Derecho Local abocaría a una obra tan extensa que abarcaría prácticamente todo el régimen administrativo. El régimen jurídico de todas las Administraciones públicas, en cuanto a determinadas materias, se ha venido unificando con buen criterio, sobre todo porque existen áreas en el Derecho Administrativo en las que no se debe aplicar un régimen específico atendiendo a si se trata de la Administración Estatal, Autonómica o Local (procedimiento administrativo, contratación, expropiación forzosa, etc.). Sin embargo, existe un núcleo específico y propio de cada Administración pública que es seña de identidad de cada uno de los ámbitos en los que cada Administración ejerce sus potestades.
El presente trabajo tiene por finalidad realizar un análisis doctrinal y jurisprudencial de aquellas cuestiones que afectan de forma más específica a las Entidades locales. El Título I analiza la Entidad local dentro de la organización territorial del Estado, sus competencias, prerrogativas y relaciones con otras Administraciones. El Título II abarca el estudio del territorio y población, territorio como circunscripción en la que ejerce sus competencias cada ente local, y población, como acreedora de obligaciones y derechos en su relación de vecindad. El Título III desarrolla el régimen jurídico de la organización y funcionamiento de las entidades locales. Analizando esta cuestión a través de cada uno de los tipos o clases de Entidades locales. El Título IV se refiere al régimen del patrimonio, analizando los aspectos generales y específicos de mayor trascendencia. El Título V lleva a cabo un análisis de los aspectos más relevantes del régimen de las actividades y servicios de los entes locales. Concretamente, se hace un estudio de la intervención administrativa en la actividad privada, y un análisis del régimen de la gestión de los servicios locales. El Título VI recoge una visión del régimen del personal al servicio de estos entes. Y el Título VII trata los aspectos más relevantes de la Hacienda local.
Para realizar este trabajo se ha contado con un equipo de profesionales de diversa procedencia (judicatura, Universidad y funcionarios), todos ellos con una acreditada experiencia en los temas tratados. Circunstancia ésta que se ha visto reflejada en el desarrollo de cada uno de los Capítulos, en los que, sin descuidar el aspecto doctrinal, se ha hecho incidencia en el aspecto práctico de la obra.

El proceso de transformación de la estructura y funcionamiento de la Justicia justifica un Código que intenta la sistematización de las normas de actuación de los organismos públicos que actúan o intervienen en materia de justicia. Esta sistematización incluye las normas de actuación que provienen del marco comunitario especialmente activo en la colaboración judicial con el desarrollo del históricamente denominado tercer pilar de desarrollo comunitario.
Este esquema se completa con las normas estatales y autonómicas que afectan o tienen que ver con la organización de la justicia como servicio que se presta a un conjunto de usuarios que, cada vez, precisan más del conocimiento del Sistema para poderse valer dentro del mismo.
A partir de ahí se incluyen las normas dictadas por el Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas que afectan al estatuto de quienes intervienen en la administración de la Justicia.
Los profundos cambios organizativos en que está envuelta la Justicia y sus agentes con un cambio notable de su régimen jurídico y funcional justifica un intento de compilación y agrupación sistemática con el que afrontar el cambio y la transformación que se proyecta sobre el futuro inmediato de este servicio.

La gestión pública de la justicia avanza hacia terrenos en los que habitualmente no se había movido. La gestión de la justicia es, en términos históricos, una gestión de conocimiento experto en la que primaba sobre cualquier otra cosa el conocimiento y la sabiduría del juez. Ahora ?sin perder aquella necesidad? se convierte en un sector del ámbito público llamada a introducirse en los procelosos terrenos de la gestión pública. Conceptos como modernización, liderazgo, gestión, electrónica y resultado no han sido tradicionales en la Administración de la Justicia y, sin embargo, son elementos indisolublemente unidos al concepto de gestión en general y, de gestión pública, en particular.
La perspectiva de la presente Obra es, claramente, proyectiva. Sabido que hay un cambio de parámetros y de prioridades parece necesario abordar cómo se realiza el cambio, cuáles son los elementos centrales y las suficiencias y las insuficiencias del modelo proyectado. El resultado demuestra que para situar la gestión de la justicia en términos convencionales de la gestión pública falta por recorrer mucho camino y las pautas e instrumentos elegidos no son los más radicales ni, por tanto, los que permiten un tránsito de mayor velocidad. La perspectiva no puede ser, por tanto, otra que la de intentar la proyección sobre la justicia de los elementos centrales de un gestor y el señalamiento del camino que nos queda por recorrer para aproximar la misma a un conjunto de técnicas y formas de hacer que están en acervo común de la cultura de la gestión pública.

La dispersión normativa que caracteriza al Derecho de la Seguridad Social, unida a la complejidad de alguna de sus reglamentaciones, justifican la publicación de esta obra, a la vez que explican su estructura y contenido. Las más de cuatrocientas voces que integran este diccionario, ordenadas alfabéticamente, se corresponden con los conceptos fundamentales de la materia, buscando los que gozan de cierta estabilidad pese a las variaciones de la regulación aplicable en cada momento. En cada voz se indica su régimen normativo y la jurisprudencia más importante asociada a cada concepto, sucintamente reseñada, siendo muy notables las interacciones conceptuales y exquisita la selección de contenidos. La solvencia profesional y académica del equipo de autores movilizado en la presente ocasión avalan el resultado obtenido y la utilidad de la consulta a cualquiera de las voces analizadas. La obra permite que tanto el profesional especializado cuanto el lego en la materia encuentren la información que precisan, a través de un exhaustivo elenco de conceptos legales y doctrinales concebido y elaborado para ofrecer una guía segura de aplicación e interpretación. La redacción se ha cerrado a marzo de 2006, aunque su solidez y la expuesta metodología permitirá que los objetivos reseñados puedan seguir cumpliéndose durante bastante tiempo.