La implementación del sistema de justicia penal acusatorio requiere del diálogo entre sus actores a fin de consolidar su legitimación en la sociedad. Esta obra aporta opiniones explicativas, críticas y de estudio por Jueces y Magistrados Federales, en temas procesales de vanguardia, para construir un saber pensante, a partir de la teoría general del proceso para su correcta interpretación, tendiente a superar el culto al expediente del sistema inquisitorial.
La doctrina, principios y teorías constituyen su base, son el andamiaje para delimitar las funciones del acusador, defensor, asesor jurídico y del juzgador, en el que quede clara la tutela de los derechos fundamentales, en equilibrio del imputado y la víctima. La inclusión de la ética y la moral en la práctica del sistema por sus operadores, constituye un imperativo para construir un proceso penal socialmente útil.

Uno de los aspectos de mayor impacto y trascendencia en el sistema procesal penal acusatorio mexicano es la prueba como tema central en el proceso, regulada bajo los principios de la publicidad, contradicción, continuidad e inmediación, así como la trascendencia de la delimitación de su objeto, función y tema, la distinción de los datos, los medios y la prueba en sí misma.
La prueba debe ser lícita, de no ser así será excluida, sin valor legal alguno. Hoy en día se cuestiona el efecto reparatorio de esa exclusión. Luego, es importante su análisis a través de las teorías de vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. A fin de equilibrar en un Estado Democrático de Derecho, la tutela de los inocentes y la no impunidad de los culpables.
La implementación del esquema de libre valoración de la prueba que deja atrás al sistema tasado, pondera la racionalidad al órgano jurisdiccional a efecto de asignar valor a cada uno de los datos y pruebas, a través de las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, pero siempre con la justificación de su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Conforme a los nuevos criterios de la teoría relativa a la duda razonable.

Uno de los aspectos de mayor impacto y trascendencia en el sistema procesal penal acusatorio mexicano es la prueba como tema central en el proceso, regulada bajo los principios de la publicidad, contradicción, continuidad e inmediación, así como la trascendencia de la delimitación de su objeto, función y tema, la distinción de los datos, los medios y la prueba en sí misma.
En base al principio de libertad probatoria, la prueba debe ser obtenida libremente, pero siempre de manera legal, pues de no ser así será deslegitimizada la total independencia e imparcialidad del juzgador, a quien le corresponde decidir con base en las pruebas aportadas en un plano de paridad, sobre la base de la presunción de inocencia del imputado, el respeto a los derechos fundamentales y la exclusión de la prueba ilícita como soporte de un nuevo paradigma en el sistema procesal.
La implementación del esquema de libre valoración de la prueba que deja atrás al sistema tasado, otorga discrecionalidad al órgano jurisdiccional a efecto de asignar libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, a través de las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, pero siempre con la justificación de su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.