El enorme volumen de contratación de los seguros de personas, en sus diferentes clases (vida, accidentes, salud, dependencia y decesos) y el hecho de que, en muchas ocasiones, su contratación es obligatoria o se ve forzada por la necesidad de contar con otro producto financiero, hacen de los mismos un objeto de estudio preferente. Esta obra trata de los flujos de información que, en la etapa de los tratos preliminares, intercambian el asegurador, el tomador y/o el asegurado, clave para que el contrato despliegue su efecto de cobertura, para la transparencia del mercado y para la solvencia de la entidad. La información que la legislación exige que sea suministrada por la aseguradora es más o menos amplia en función de la clase de tomador y de seguro. La regulación vigente en este punto detalla pormenorizadamente los aspectos del contrato que el legislador considera que deben ser comunicados al tomador para que adopte su decisión con la adecuada información. La segunda gran corriente transita en sentido contrario y se estructura sobre la base del deber de información precontractual que la Ley de Contrato de Seguro concibe como respuesta del tomador al cuestionario del asegurador. Los interrogantes que suscitan las escasas normas al respecto son resueltos de forma muy dispar por una nutrida jurisprudencia, que evidencia la importancia práctica de la materia y las deficiencias del régimen legal. Nuevos problemas plantean los cambios en la obtención y el tratamiento de la información previa y su aplicación para la selección del riesgo mediante los modelos predictivos, en la era del big data. Una realidad que obliga a enjuiciar su acomodación, de manera fundamental, a la legislación antidiscriminación y de protección de datos.

La Ley de Sociedades de Capital, bajo el título «Los negocios sobre las propias participaciones y acciones» (arts. 134 a 158), agrupa figuras de distinta naturaleza, pero con objetivos comunes: las adquisiciones originarias y derivativas de acciones y participaciones propias o de la sociedad dominante; su aceptación en garantía; la asistencia financiera para su adquisición; y las participaciones recíprocas. Esta regulación se conforma tras refundiciones y reformas, muy condicionadas estas últimas por las Directivas de la Unión Europea sobre sociedades. El régimen legal lo comparten las sociedades de capital en contadas materias, pues, en la mayoría, hay normas diferentes para las sociedades anónimas (y las comanditarias por acciones) y para las de responsabilidad limitada. Se asienta en una prohibición general que incluye la realización de estos negocios directamente o a través de persona interpuesta. Régimen que se dulcifica con excepciones, no todas aplicables a las limitadas. Su transgresión obliga a enajenar o amortizar las acciones y participaciones y conlleva la aplicación de un régimen sancionador, con infracciones de las que responderán los administradores, los directivos y las personas con poder de representación de la sociedad infractora y, en su caso, de la sociedad dominante. Hay reglas especiales para las sociedades cotizadas, para las cotizadas con propósito especial para la adquisición y, en la legislación del mercado de valores, para las participaciones significativas. Esta obra analiza ese conjunto de negocios complejos, de cuya dificultad e importancia, tanto teórica como práctica, son reflejo las resoluciones dictadas en su aplicación e interpretación.

Derecho. Colección "Biblioteca de derecho de los negocios".