En el año 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales de desarrollo sostenible (ODS), 17 exactamente, para asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, y los incluyeron en su Agenda para el año 2030. Garantizar una educación inclusiva de calidad y la promoción de sociedades justas, equitativas y pacíficas, son dos de los objetivos suscritos. Nuestro Texto Constitucional configura un modelo de educación que tiene como finalidad el pleno desarrollo individual del sujeto, y también su inserción en sociedad, y más concretamente en una sociedad específica, definida por características muy precisas. Por ello, todo ser humano, independientemente de su edad, raza o condición, por poseer dignidad de persona, tiene un derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, al propio carácter, a la libre formación de la propia conciencia, y que se acomode a la cultura y tradiciones del país y, al mismo tiempo, se abra a las relaciones con otros pueblos. Una educación de calidad es parte integral del desarrollo sostenible y un facilitador clave de este. Y, en esta dirección, la mediación como mecanismo para la resolución del conflicto, o mejor, como gestión positiva del conflicto, ofrece grandes posibilidades para lograr la formación de ciudadanos respetuosos, dialogantes, buscadores del consenso y capaces, por tanto, de transformar y mejorar la sociedad, y precisamente por ello debería ser parte de la educación, en todos los niveles.

Las bases de la sociedad occidental y de sus ordenamientos jurídicos, se asientan sobre los principios del Humanismo cristiano. En el ámbito del Derecho público, el cristianismo aportó la génesis de los principios de dignidad e igualdad de las personas, al considerar que todos, libres o esclavos, señores o siervos, eran iguales ante Dios, así como en el desarrollo de los conceptos de piedad y de caridad. En el campo del Derecho familiar, el cristianismo fue determinante en el establecimiento de la legitimación de los hijos naturales, y en la obligación de dar alimentos a esposa e hijos. En la esfera del Derecho privado, influyó en el otorgamiento de personalidad jurídica a las fundaciones pías, en el desarrollo del principio favor debitoris, que implicaba que cualquier transacción jurídica se interpretaría a favor del deudor. Hoy, sin embargo, padecemos una crisis moral sin precedentes, donde nuestros valores más tradicionales están siendo cuestionados. Investigar la influencia y el tipo de relaciones que ha tenido el cristianismo con las diferentes comunidades en las que se ha insertado es fundamental para la regeneración de la sociedad del siglo XXI que, necesariamente, para su recuperación, debe construirse sobre principios sólidos, enraizados en nuestra tradición cristiana. Uno de esos principios fundamentales es “el favor debilis”; un principio de aplicación a todo tipo de relaciones jurídicas, como las relaciones laborales, el derecho penal, la protección del consumidor o del menor, informándolas y sirviendo de pauta interpretativa, por lo que precisamente, en estos momentos, es más que conveniente analizar su operatividad para la búsqueda de soluciones ante la crisis que nos afecta.