La descarbonización de la economía y la transición energética que requiere constituye uno de los principales desafíos jurídicos actuales. La presente obra analiza con detalle (dos volúmenes) la figura de las comunidades energéticas, que ha irrumpido en los nuevos mercados energéticos (verdes, descentralizados, etc.) y que está llamada a jugar un importante papel en los mismos si bien se centra novedosamente en la participación de las entidades locales en las mismas. El volumen segundo aborda las actividades que pueden desarrollar las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía así como en qué medida se proyecta la normativa de contratación pública en sus relaciones con los entes locales. Además, se estudia en profundidad la utilización de los bienes de las entidades locales por las comunidades energéticas, a partir de la normativa autonómica sobre cambio climático pero también considerando la normativa patrimonial y sobre régimen local. Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

El libro plantea la desprotección de los derechos fundamentales de carácter procesal, considerando que es muy difícil que se aprecie el interés casacional en estos casos e igual de complicado que se estime concurrente la especial trascendencia constitucional; además de que en muchos casos no existe doble instancia y que el incidente de nulidad, en su actual configuración, de poco sirve. Así, la parte final del libro comprende una serie de propuestas lege ferenda, como la generalización de la doble instancia, la articulación en el ámbito del contencioso administrativo de un recurso por infracción procesal o la reformulación del incidente de nulidad de actuaciones; entre otras. Previamente, se efectúa una crítica a la jurisprudencia constitucional, que exige preparar la casación contencioso administrativa como requisito para el amparo, especialmente si se contrapone a la doctrina constitucional sobre el agotamiento de la vía previa al amparo en los órdenes civil y social; y se analiza la funcionalidad de los autos de complemento de cara a la presentación posterior del amparo a la vista de la jurisprudencia de la Sala Tercera sobre los mismos. No obstante, se analizan algunos autos de admisión de la Sección Primera de la Sala Tercera, relativos a posibles lesiones de derechos fundamentales procesales; y que constituyen la excepción. Se analiza asimismo en qué medida la casación contencioso administrativa permite proteger los derechos fundamentales sustantivos, a la vista de la configuración de las circunstancias del art. 88-2 y 3 LJCA y su interpretación por la sección de admisión. En relación con esto, con carácter previo se estudian las relaciones entre el auto de admisión y el ámbito de enjuiciamiento de la sentencia, ya que de cómo se entiendan las mismas va a depender, en buena medida, la funcionalidad de la casación para proteger aquéllos. Todo ello se acompaña del análisis de numerosas resoluciones de la Sala Tercera.

Esta segunda edición recoge el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto sus novedades respecto a la primera edición, que son en algunos aspectos de gran consistencia. En efecto, como es sabido, el TR no se limita a derogar la LCSP sino que a su vez incorpora las cambios normativos habidos desde entonces, principalmente y sin ánimo de ser exhaustivo, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad. Por ello las novedades afectan a la perfección del contrato, modificación del mismo, revisión de precios, el recurso especial en materia de contratación, etc., en definitiva, y como se ha indicado, a una variada gama de aspectos transcendentales en materia de contratación. No menos importante es la incorporación a esta obra del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. Por último, resaltar que esta nueva obra no es una mera adaptación al reiterado texto refundido, sino que por el contrario, en la mayoría de los temas se incorporan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia e Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa más recientes, que vienen a solventar algunas lagunas que en la práctica cotidiana venía suscitando la redacción inicial de la ley y por ende también del TRLCSP.

1ª edición.

1ª edición.

La presente obra colectiva analiza la nueva Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado. Esta norma resulta de importancia capital para el Derecho Administrativo económico en un Estado autonómico, su intención es loable y la finalidad perseguida absolutamente necesaria; ahora bien, la misma no está exenta de polémica en cuanto a la instrumentación concreta de la unidad de mercado que contiene. Especialmente problemáticos pueden ser algunos aspectos; fundamentalmente, la aplicación en todo el territorio nacional de la normativa de origen, que choca con el principio de territorialidad de las normas locales y autonómicas.
Pero no es el único aspecto problemático. El nuevo proceso contencioso-administrativo en defensa de la unidad de mercado -que copia el modelo del procedimiento para la protección de derechos fundamentales- es un botón de muestra, con aspectos problemáticos como la acumulación obligatoria de recursos ante la Audiencia Nacional, entre otros. O también resulta polémica la regulación del nuevo procedimiento administrativo en defensa de la unidad de mercado, cuya articulación técnica quizá no resulte del todo adecuada.
Otros aspectos, como las evaluaciones de impacto normativo y los mecanismos de seguimiento, aunque loables, apenas se esbozan en la Ley. En el caso de las evaluaciones de impacto, a ello se suma que el RD 1083/2009 sólo se aplica al Estado, si bien algunas CC.AA., como la catalana, ofrecen en este aspecto regulaciones muy avanzadas.
En cualquier caso, la obra no consiste en un análisis precepto por precepto de la Ley 20/2013. Se trata, por el contrario, de un estudio sistemático, donde se aborda de forma conjunta cada uno de los problemas que la Ley plantea; algunos de ellos tan cruciales como el principio de proporcionalidad y otros tan novedosos como el nuevo entramado institucional que se diseña para la defensa y garantía de la unidad de mercado. Además, se analizan cuestiones de importancia capital, como el marco jurídico del Derecho de la Unión Europea; o lo que es lo mismo, cuál es el alcance de las libertades de establecimiento y circulación, en especial en cuanto a mercancías y servicios. También se estudian los distintos títulos competenciales invocados por el legislador estatal.
Pero, además, se incluyen varios capítulos relativos a la incidencia de la Ley en algunos sectores materiales concretos como contratación pública, comercio interior o sectores eléctrico y gasista, entre otros.

33 pp. Separata de la Revista de Filología Española. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. CSIC. Madrid, 2006.
EST. FILOLOGÍA ESP.