Las importantes modificaciones legislativas de estos últimos años sobre el Empleo Público en España se han manifestado especialmente en el Sector público Local, y más en concreto con el nuevo Régimen estatutario de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local. El Estatuto Básico del Empleado Público ha dejado de incluir el régimen jurídico específico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, volviendo a encontrarse en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, redacción por Ley 27/213, LRSAL- artículo 92 bis fundamentalmente- que culmina precisamente con un esperado desarrollo reglamentario, Real Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los FFHN( BOE de 17 de marzo) que deroga por completo dos reglamentos estatales del siglo pasado y, al propio tiempo, ha desplazado diversas disposiciones administrativas de las Comunidades autónomas. El libro incorpora un breve pero completo estudio del sistema de habilitación nacional centrado en sus innovaciones - muy importantes- y desde una perspectiva que, sin dejar de ser rigurosa, se centra en los aspectos más prácticos. No se orilla la incidencia de las leyes del Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, que entraron en vigor en otoño de 2016 y, desde luego el R.D.424/2017, de 28 de abril , por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL), constituye fundamentalmente
una modificación de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local de dos de abril de 1985,
la más importante de las muchas que ha tenido.
La ley objeto de estudio viene a ser una proyección sobre el régimen jurídico de las Entidades Locales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por L.O. 9/2013, de 20 de diciembre). Partiendo ante todo de la situación derivada de la crisis económica, incorpora esta ley una nueva concepción de las competencias municipales; porque no estamos ante
una ley cualquiera, sino que afecta a la propia arquitectura del Estado, incidiendo no sólo en el nivel municipal y provincial, sino también en el autonómico y estatal. Sin poder decir que estemos
ante una nueva ?LOAPA?, sí
constituye una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, pero con afecciones asimismo a las Comunidades Autónomas. Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local con diversas medidas estructurales, desde la incentivación
- sin cirugía, por consiguiente- de las fusiones de municipios o la privación de personalidad jurídica a las (futuras) entidades locales menores hasta la teórica reducción de costes del aparato representativo y aledaños en los gobiernos locales: aparente limitación del número de cargos con dedicación exclusiva y de sus retribuciones, así como del número de personal eventual, etc.
La introducción del ?coste efectivo? de los servicios locales, obedeciendo
a la necesidad de garantizar el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos por parte de las entidades locales y,
en atención a la necesidad de adaptación de diversos aspectos de la organización, funcionamiento y del control económico financiero de la Administración Local. Sin olvidar la vuelta a la pureza del sistema de funcionarios con habilitación nacional, secretarios e interventores. Una disposición adicional alterando la atribución del Pleno - que pasa a la Junta de Gobierno Local- para la aprobación del presupuesto anual en el caso de presupuestos prorrogados, planes económico-financieros, de reequilibrio
y de los planes de ajuste,
planes de saneamiento de la Corporación Local o
los planes de reducción de deudas.
También retoca la ley el otro gran pilar sobre el que
se asienta el edificio normativo que rige el actuar de las Entidades Locales españolas, el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las
Haciendas locales. Se refuerza el papel de la función interventora de las entidades locales e impone la obligada información al Ministerio de Hacienda
sobre derechos de difícil o imposible recaudación al tiempo que incentiva
la gestión integrada o coordinada de servicios municipales dando un mejor trata en la cuantificación de la participación de los municipios pequeños y medianos en los tributos del Estado.
Las disposiciones
adicionales se ocupan de aspectos como los regímenes especiales municipales, en comunidades autónomas ?con un sistema institucional propio?
así como
en la Administración local insular. El tratamiento de cuestiones interadministrativas en materia económica En la adicional novena se desciende a los efectos de convenios de colaboración que llevaren
aparejada financiación para prestar servicios locales ?impropios? y en la decimoquinta se adelanta la modificación de las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y local para adecuarlas a la asunción de competencias
por las Comunidades Autónomas
relativas a educación. Las adicionales decimotercera y decimocuarta, relativas al personal y régimen jurídico de
los consorcios.
De mucho interés las disposiciones transitorias, primero en lo tocante a la puesta en práctica del renovado sistema competencial (en materia de salud e inspección sanitaria, servicios sociales). Y luego tenemos el régimen de determinadas estructuras locales que salen debilitadas en la ley: entidades de ámbito territorial inferior al municipio (las futuras a constituir
ya
sin personalidad jurídica), consorcios locales, cuyo estatus se ve notablemente alterado con la ley que nos ocupa, mancomunidades. Ya en las disposiciones finales se retoca el Texto
Refundido de Régimen Local en punto
a la ejecución efectiva en régimen de monopolio
de las actividades reservadas en el artículo 86.2 de la LBRL, modificado por la misma LRSAL; de otro lado se modifica la ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre adscripción
de los consorcios a la Administración correspondiente con arreglo a los criterios que se fijan. Por su parte, la disposición final cuarta modifica el artículo 39.5 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, R. D. Leg. 2/2008
introduce una suerte de moratoria sobre la
afección de los recursos del Patrimonio Municipal del Suelo para reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento.
El detalle de todas estas innovaciones normativas
aparece al poco tiempo de la entrada en vigor de la ley y convenientemente
tratado en
la obra incluyendo veintitrés estudios, a cargo de especialistas en la materia que, sin dejar de lado la perspectiva estrictamente jurídica, tratan de dar solución a los numerosos problemas prácticos que lleva consigo su aplicación en las entidades locales. VERSIÓN B La ley objeto de estudio viene a ser una proyección sobre el régimen jurídico de las Entidades Locales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por LO 9/2013, de 20 de diciembre). Partiendo ante todo de la situación derivada de la crisis económica, incorpora esta ley una nueva concepción de las competencias municipales; porque no estamos ante una ley cualquiera, sino que afecta a la propia arquitectura del Estado, incidiendo no sólo en el nivel municipal y provincial, sino también en el autonómico y estatal. Sin poder decir que estemos ante una nueva «LOAPA», sí constituye una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, pero con afecciones asimismo a las Comunidades Autónomas. Esta nueva ley plantea serios problemas en su puesta en práctica tanto para municipios como diputaciones. No pocos en materia del estatuto de los cargos electivos y del personal -secretarios e interventores, personal eventual, personal directivo-. Se refuerza el papel de la Administración del Estado sobre el régimen jurídico de los primeros y se establecen límites sobre la dedicación exclusiva y retribución de los cargos electivos, así como del número de personal eventual (asesores). La ley afecta al régimen de los consorcios locales, de las mancomunidades, de las entidades locales menores, así como de las empresas públicas y en aspectos tan importantes como el patrimonio municipal del suelo o el órgano competente para la aprobación de los presupuestos en determinados casos. El detalle de todas estas innovaciones normativas aparece al poco tiempo de la entrada en vigor de la ley y convenientemente tratado en la obra incluyendo veintitrés estudios, a cargo de especialistas en la materia que, sin dejar de lado la perspectiva estrictamente jurídica, tratan de dar solución a los numerosos problemas prácticos que lleva consigo su aplicación en las entidades locales.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre (LRSAL), constituye fundamentalmente
una modificación de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local de dos de abril de 1985,
la más importante de las muchas que ha tenido.
La ley objeto de estudio viene a ser una proyección sobre el régimen jurídico de las Entidades Locales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por L.O. 9/2013, de 20 de diciembre). Partiendo ante todo de la situación derivada de la crisis económica, incorpora esta ley una nueva concepción de las competencias municipales; porque no estamos ante
una ley cualquiera, sino que afecta a la propia arquitectura del Estado, incidiendo no sólo en el nivel municipal y provincial, sino también en el autonómico y estatal. Sin poder decir que estemos
ante una nueva ?LOAPA?, sí
constituye una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, pero con afecciones asimismo a las Comunidades Autónomas. Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local con diversas medidas estructurales, desde la incentivación
- sin cirugía, por consiguiente- de las fusiones de municipios o la privación de personalidad jurídica a las (futuras) entidades locales menores hasta la teórica reducción de costes del aparato representativo y aledaños en los gobiernos locales: aparente limitación del número de cargos con dedicación exclusiva y de sus retribuciones, así como del número de personal eventual, etc.
La introducción del ?coste efectivo? de los servicios locales, obedeciendo
a la necesidad de garantizar el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos por parte de las entidades locales y,
en atención a la necesidad de adaptación de diversos aspectos de la organización, funcionamiento y del control económico financiero de la Administración Local. Sin olvidar la vuelta a la pureza del sistema de funcionarios con habilitación nacional, secretarios e interventores. Una disposición adicional alterando la atribución del Pleno - que pasa a la Junta de Gobierno Local- para la aprobación del presupuesto anual en el caso de presupuestos prorrogados, planes económico-financieros, de reequilibrio
y de los planes de ajuste,
planes de saneamiento de la Corporación Local o
los planes de reducción de deudas.
También retoca la ley el otro gran pilar sobre el que
se asienta el edificio normativo que rige el actuar de las Entidades Locales españolas, el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las
Haciendas locales. Se refuerza el papel de la función interventora de las entidades locales e impone la obligada información al Ministerio de Hacienda
sobre derechos de difícil o imposible recaudación al tiempo que incentiva
la gestión integrada o coordinada de servicios municipales dando un mejor trata en la cuantificación de la participación de los municipios pequeños y medianos en los tributos del Estado.
Las disposiciones
adicionales se ocupan de aspectos como los regímenes especiales municipales, en comunidades autónomas ?con un sistema institucional propio?
así como
en la Administración local insular. El tratamiento de cuestiones interadministrativas en materia económica En la adicional novena se desciende a los efectos de convenios de colaboración que llevaren
aparejada financiación para prestar servicios locales ?impropios? y en la decimoquinta se adelanta la modificación de las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y local para adecuarlas a la asunción de competencias
por las Comunidades Autónomas
relativas a educación. Las adicionales decimotercera y decimocuarta, relativas al personal y régimen jurídico de
los consorcios.
De mucho interés las disposiciones transitorias, primero en lo tocante a la puesta en práctica del renovado sistema competencial (en materia de salud e inspección sanitaria, servicios sociales). Y luego tenemos el régimen de determinadas estructuras locales que salen debilitadas en la ley: entidades de ámbito territorial inferior al municipio (las futuras a constituir
ya
sin personalidad jurídica), consorcios locales, cuyo estatus se ve notablemente alterado con la ley que nos ocupa, mancomunidades. Ya en las disposiciones finales se retoca el Texto
Refundido de Régimen Local en punto
a la ejecución efectiva en régimen de monopolio
de las actividades reservadas en el artículo 86.2 de la LBRL, modificado por la misma LRSAL; de otro lado se modifica la ley 30/1992, de 26 de noviembre sobre adscripción
de los consorcios a la Administración correspondiente con arreglo a los criterios que se fijan. Por su parte, la disposición final cuarta modifica el artículo 39.5 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, R. D. Leg. 2/2008
introduce una suerte de moratoria sobre la
afección de los recursos del Patrimonio Municipal del Suelo para reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento.
El detalle de todas estas innovaciones normativas
aparece al poco tiempo de la entrada en vigor de la ley y convenientemente
tratado en
la obra incluyendo veintitrés estudios, a cargo de especialistas en la materia que, sin dejar de lado la perspectiva estrictamente jurídica, tratan de dar solución a los numerosos problemas prácticos que lleva consigo su aplicación en las entidades locales. VERSIÓN B La ley objeto de estudio viene a ser una proyección sobre el régimen jurídico de las Entidades Locales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por LO 9/2013, de 20 de diciembre). Partiendo ante todo de la situación derivada de la crisis económica, incorpora esta ley una nueva concepción de las competencias municipales; porque no estamos ante una ley cualquiera, sino que afecta a la propia arquitectura del Estado, incidiendo no sólo en el nivel municipal y provincial, sino también en el autonómico y estatal. Sin poder decir que estemos ante una nueva «LOAPA», sí constituye una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, pero con afecciones asimismo a las Comunidades Autónomas. Esta nueva ley plantea serios problemas en su puesta en práctica tanto para municipios como diputaciones. No pocos en materia del estatuto de los cargos electivos y del personal -secretarios e interventores, personal eventual, personal directivo-. Se refuerza el papel de la Administración del Estado sobre el régimen jurídico de los primeros y se establecen límites sobre la dedicación exclusiva y retribución de los cargos electivos, así como del número de personal eventual (asesores). La ley afecta al régimen de los consorcios locales, de las mancomunidades, de las entidades locales menores, así como de las empresas públicas y en aspectos tan importantes como el patrimonio municipal del suelo o el órgano competente para la aprobación de los presupuestos en determinados casos. El detalle de todas estas innovaciones normativas aparece al poco tiempo de la entrada en vigor de la ley y convenientemente tratado en la obra incluyendo veintitrés estudios, a cargo de especialistas en la materia que, sin dejar de lado la perspectiva estrictamente jurídica, tratan de dar solución a los numerosos problemas prácticos que lleva consigo su aplicación en las entidades locales.

La presente obra comprende un extenso comentario del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a partir de un cuidadoso estudio de los 223 artículos precepto a precepto y, en algún caso, agrupándose varios artículos por razones sistemáticas. Acompañada de una cuidadosa selección de jurisprudencia actualizada, así como de una completa bibliografía que precede el comentario de cada artículo o grupo de artículos, al objeto de facilitar las fuentes doctrinales en donde profundizar sobre cada materia. Estos comentarios se extienden, por conexión, a los de la reciente normativa de aplicación también en el ámbito financiero y tributario de las entidades locales: LBRL, modificada por ley 57/2003 de 16 de diciembre, Texto refundido de la ley del Catastro inmobiliario (RDL 1/2004), y sobre todo de la Ley General Tributaria de 17/12/2003 con sus recientes disposiciones de desarrollo: RD 2063/2004 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sancionador tributario, RD 520/2005 de 13 de mayo, Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa; sin olvidar las nuevas instrucciones de contabilidad de 23/11/2004, vigentes a partir de 1/1/2006, así como el Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Esta segunda edición es debido a las numerosas innovaciones normativas de directa incidencia en el Régimen Local español. Fruto de la frenética labor legislativa desarrollada al final del último mandato en las Cortes Generales, a la LMMGL, de 16 de diciembre, se añade un grupo de textos legales de singular importancia: la Ley 3/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de la Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 del mismo mes, General Presupuestaria o la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria; y continúa la referencia con varias modificaciones relevantes de otras leyes, como se ha hecho con la Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa de 1998 (por la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre) y de refundiciones normativas, caso de la incorporada por Real Decreto legislativo 2/2004, de cinco de marzo, nada menos que la Ley de Haciendas Locales. A ningún Título de la LBRL ? engrosada ahora con dos, el X y el XI, añadidos sobre el texto original- le ha sido ajeno este vigor del legislador estatal. Creaciones normativas secundadas también por la legislación de las distintas Comunidades Autónomas que ?no se olvide- ostentan la competencia legislativa sobre Régimen Local en el marco de las bases estatales así como el grueso de las competencias sectoriales. Al tratar todas esas importantes innovaciones legislativas por fuerza estamos ante una edición ?corregida y aumentada?.