El derecho de todo ser humano a su dignidad no se desvanece por cuestiones de tiempo pero nuestro Ordenamiento carece de un marco jurídico que proteja debidamente la consideración que merece el cadáver. Cuestiones tan importantes como determinar que es el cadáver o quién puede disponer del mismo implica una toma de posición sobre ciertos interrogantes: ¿Existe un derecho del fallecido a descansar en paz? Si es así, ¿qué naturaleza tiene? ¿Puede cualquier decisión privada o pública alterar este derecho, como sucede con la exhumación?, ¿a quién corresponde tutelar al cadáver y su derecho a descansar en paz: a sus familiares, a allegados o a la sociedad a la que aquel perteneció? Al compás de estas reflexiones, este estudio analiza las distintas causas de exhumación que el Ordenamiento jurídico contempla como legítimas. Existen razones privadas y públicas para exhumar a un cadáver y un común denominador en todas ellas: una autorización administrativa que compatibilice la acción material de exhumar con la sujeción de esta actividad a los presupuestos y condiciones que garanticen la adopción de las medidas higiénico-sanitarias precisas. En la regulación del procedimiento previo a la autorización de exhumación sobresalen tres cuestiones: en la fase de inicio, quiénes pueden solicitar la exhumación; en la fase de instrucción, el alcance de las distintas autorizaciones o permisos en razón de la materia en que recae la exhumación y por último, los posibles perjuicios, principalmente de naturaleza moral, que con ocasión del procedimiento y de la decisión adoptada en el mismo puedan ocasionarse y que corresponde satisfacer a la Administración. La exhumación es analizada desde su consideración tradicional pero también, desde otra dimensión más actual, como actividad instrumental, previa e incuestionable, para tutelar derechos tales como la dignidad del fallecido en el contexto del procedimiento para la recuperación de la Memoria histórica, el derecho de filiación, el derecho a la investigación científica, la recuperación del patrimonio histórico o la libertad de culto. Curiosamente la decisión de exhumar o la negativa a hacerlo puede ser, según los casos, el origen de la lesión de estos derechos o, contrariamente, su mejor garantía. Este trabajo contiene un estudio cronológico de la tipificación legal de la exhumación cuando constituye una practica antijurídica, un análisis de la consideración jurídica del cadáver o sus restos cuando pasan a formar parte de un museo como consecuencia de su descubrimiento cuando se ha empleado la técnica arqueológica y la propuesta de una solución uniforme en la determinación de la propiedad intelectual de la documentación técnica del arqueólogo que acompaña la localización de los restos humanos, trascendental para un mejor conocimiento de nuestro pasado.

Recientemente se ha conocido el lugar del emplazamiento del Almacén de Residuos Nucleares (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) tras un procedimiento largo y controvertido que ha culminado con una decisión del Gobierno. Este procedimiento, previo a la decisión, se pretendía fuera “consensuado” dada su repercusión medioambiental para lo que se solicito la participación voluntaria de los Ayuntamientos interesados en implantar esta instalación en su término municipal. Se trataba de favorecer la implicación de los afectados en la adopción de una decisión que, por sus connotaciones negativas derivadas de estar intrínsecamente ligada al aspecto más negativo de la energía nuclear: la gestión y el almacenamiento de los residuos nucleares, era conveniente no encontrara el rechazo de la población donde finalmente fuera ubicada para facilitar así su posterior materialización. El estudio sobre esta peculiar instalación nuclear- inexistente, hasta hoy, en nuestro territorio- además de abordar la problemática jurídica que la misma plantea (la decisión sobre el propio sistema de almacenamiento, el lugar idóneo de ubicación, su calificación jurídica, las competencias afectadas, las autorizaciones necesarias, las afectaciones que produce) ha precisado de un esfuerzo de divulgación de aspectos puramente técnicos necesarios para su adecuada comprensión. Pero, lo más relevante sin duda, para su autora ha sido plantear si era esta la decisión apropiada para iniciar un procedimiento consensuado, abierto y participativo en materia nuclear, y si realmente lo ha sido sopesando la calidad de la intervención de los distintos agentes implicados. Se reflexiona sobre la necesidad de recobrar por los poderes públicos la responsabilidad de priorizar el interés general en aquellas decisiones públicas donde la importancia de los intereses implicados así lo demande y de que se haga, sin complejos y en aras de la solidaridad colectiva. Para la elección del emplazamiento del ATC, ese interés general prevalente descansa en el factor seguridad, dado que la seguridad del individuo y del medio no son negociables; de ahí la necesidad de una triple responsabilidad jurídica, técnica y ética en la adopción de esta y de cualquier otra decisión relacionada con la energía nuclear con el alcance defendido en este trabajo.