Analiza el régimen jurídico de la actuación administrativa, tanto si la revisión se produce a instancias de la propia Administración Pública autora del acto como a través de un particular mediante la interposición de un recurso administrativo.

Desde el año 2007 el empleo público español viene siendo objeto de atención por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en especial por lo que se refiere al abuso en la contratación temporal. Esta obra pretende ofrecer una exposición detallada de las sentencias más significativas que están cuestionando el régimen jurídico de los empleados públicos con relación temporal, tanto laboral como administrativa. Para ello se lleva a cabo un comentario de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada.
Esta Directiva, con muchos años de vigencia, es el texto normativo que se viene empleando por el TJUE y por los órganos jurisdiccionales europeos para resolver las situaciones de abuso en la contratación temporal así como las regulaciones discriminatorias para el trabajo de duración determinada. Puede decirse que hay, desde hace tiempo, una doctrina estable del TJUE sobre los problemas derivados del trabajo temporal en el empleo público. Pero es ahora, en una situación de crisis, reducción del gasto y de las ofertas de empleo público, cuando los problemas del empleo público temporal se vienen manifestando con más intensidad. Esta obra clarifica el estado de la cuestión con una atención a las sentencias del TJUE sobre la citada Directiva y Acuerdo Marco.

Examina el régimen jurídico que delimita y ampara la revisión de la actuación administrativa, tanto si ésta se produce a instancia de la propia Administración pública autora del acto como cuando acontece a iniciativa de un particular mediante la interposición del preceptivo recurso administrativo.
Las distintas formas de revisión de la actuación administrativa, se analizan desde la óptica de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Tras la obligada aproximación al nuevo marco normativo, se estudian las normas generales sobre las que se articulan los recursos administrativos de alzada, de reposición y el extraordinario de revisión. Se incluye, a continuación, una exposición específica referida a contratos públicos y a materia tributaria, distinguiéndose en ésta última entre la regulación general y la de los actos tributarios de las Entidades Locales; incluyéndose adicionalmente un estudio referido a la impugnación de las ordenanzas locales.
Finalmente, se tratan otros aspectos centrales de la materia como es la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho, la declaración de lesividad, la revocación y la rectificación de los actos administrativos, sin obviar los diversos supuestos en los que tiene lugar la suspensión de la ejecutividad en el marco de todos los procedimientos examinados.

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), tras una veintena de modificaciones, y, sobre todo, después de la reforma del artículo 135 de la Constitución española y la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera hacía necesario “someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas al completo estatuto jurídico de la Administración local”.
La presente monografía pretende examinar el alcance de la profunda modificación acometida en el ámbito del régimen local español. La Ley 27/2013, en el marco de una discusión de gran calado y sujeta ya a varios recursos de inconstitucionalidad, ha sido cuestionada en sus líneas básicas y tachada como una traba para la autonomía local. Sin embargo, dicha reforma es defendida también como un instrumento para adecuar el funcionamiento de los Entes locales a las exigencias derivadas del artículo 135 de la Constitución Española, así como una garantía para el funcionamiento mismo de los servicios públicos locales.