Se estudia de una manera práctica los deberes y las diferentes responsabilidades en que pueden incurrir los administradores de las sociedades de capital en el desempeño del cargo. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

La sección de calificación constituye una de las piezas de mayor importancia práctica dentro del procedimiento concursal dadas las consecuencias de todo tipo que puede originar para el concursante y, muy especialmente, para los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales de la persona jurídica concursada. La experiencia nos muestra como la generalidad de los concursos corresponden a sociedades mercantiles y la principal preocupación de sus administradores son las consecuencias que para ellos habrá de tener, sobre todo la temida responsabilidad concursal. En el presente trabajo, dirigido a quienes se enfrentan a la compleja tarea de la calificación del concurso y la determinación de sus consecuencias, se estudia con detenimiento los antecedentes históricos, las opiniones de los principales autores que se han ocupado de la materia, pero sobre todo la jurisprudencia, incluyendo todas las resoluciones del Tribunal Supremo dictadas hasta la fecha, gran número de las de las Audiencias Provinciales y alguna de los Juzgados de lo Mercantil, junto con las opiniones del autor.

Afronte este libro un tema de la máxima trascendencia y actualidad, fundamental en el ámbito del Derecho societario, la responsabilidad de los auditores de cuentas. Como señala la sentencia del pleno del TC de 23 de diciembre de 1993, "La complejidad de la propiedad empresarial, con frecuencia diferenciada de la gestión, la fluidez del tráfico mercantil, que ocasiona continuas transacciones empresariales para cuya feliz consecución es del todo necesario conocer con precisión el estado patrimonial de las entidades, la despersonalización del patrimonio, la búsqueda de financiación para conseguir recursos suficientes para el desarrollo de la actividad empresarial, la diversidad de las propias fuentes de financiación, la continua actividad de venta y adquisición de bienes y servicios y la existencia de intereses laborales son, todas ellas, circunstancias que exigen, para asegurar el funcionamiento eficaz y transparente del mercado y la protección de los muy diversos intereses concurrentes, la máxima fiabilidad de la información disponible sobre la verdadera y real situación económica, financiera y patrimonial de las empresas (imagen fiel).La actividad auditora se encamina, precisamente, a procurar a cuantos tienen interés en esa imagen fiel que les resulta indispensable para garantizar sus intereses". Para garantizar que la auditoría asegura la corrección de las cuentas confeccionadas por los administradores es preciso establecer una adecuada regulación legal de la misma y, dentro de ésta, reviste especial importancia la reglamentación de la responsabilidad de los auditores de cuentas que incumplan sus obligaciones, sobre todo en la supervisión de las cuentas de las grandes empresas cotizadas, cuyos gestores disfrutan de un enorme poder económico que puede, en algunos supuestos, condicionar su labor revisora, como recientes escándalos financieros han venido a confirmar. Sin duda, el temor a las graves consecuencias que puede acarrearles una actuación fraudulenta o la relajación en su actividad habrá de estimular la diligencia profesional de estos profesionales. Solo de esta forma podrá evitarse que se produzcan graves expectations gaps o desfases de expectativas que socaven el prestigio de la auditoría de cuentas y de los mercados. Se afronta la cuestión con total independencia, eliminando el riesgo de cualquier contaminación, y desde la óptica de un abogado en ejercicio, evitando perderse en vagas disquisiciones doctrinales. Se ha pretendido que quien se enfrente a una procedimiento sobre la responsabilidad civil de los auditores pueda encontrar aquí todo el material necesario para la defensa de sus intereses.

Los derechos que al socio corresponden, recogidos en el art. 48 de la LSA, revisten una gran importancia para la defensa de su posición dentro de las sociedades de capital. Cada vez que surge un conflicto entre los intereses del socio y los de la sociedad o los administradores, incluso de los accionistas mayoritarios, lo que es cada día más frecuente, aquéllos son su única defensa en la desigual lucha que se plantea. Pues bien, entre los derechos que integran la posición jurídica del accionista tiene un especialísimo protagonismo el de participar en las ganancias sociales, hasta el punto de que el maestro GARRIGUES llegó a afirmar que en la sociedad capitalista todos los derechos del socio pueden reducirse al de participar en los beneficios. Como el autor ha tenido ocasión de constatar en alguna experiencia profesional, de la que en realidad ha surgido este libro, cuando surgen conflictos entre los socios minoritarios y los mayoritarios, que naturalmente dominan la administración, en realidad el socio solo puede defenderse exigiendo el reparto de las ganancias. El resto de sus derechos pueden resultarle de utilidad, pero para nada habrán de servirle si no puede lograr recibir al menos, una parte de aquéllas. El interés de la materia se ha visto incrementado por una novedosa corriente jurisprudencial sobre la cuestión que ha dado lugar en fechas próximas a una resolución del Tribunal Supremo sobre la materia, que confirma la posición anterior del autor, la cual es estudiada en profundidad.

Desde la publicación por el American Law Institute de los Principios de gobierno corporativo han sido constantes los informes, códigos de conducta y reformas legislativas en torno a esta materia. Escándalos financieros como los de Enron, WoldCom, Tyco, Adecco, Parmalat o Banesto, han puesto de manifiesto fallos importantes en los sistemas de dirección y control, originando graves consecuencias económicas, reactivando el interés por estas cuestiones, que han dado lugar a actuaciones en todos los países. El nuestro no ha permanecido al margen de esta tendencia, pudiendo citarse en este sentido los informes Olivencia y Aldama, la Propuesta de Código de Sociedades mercantiles de la CGC, la Ley de medidas de reforma del sistema financiero, y la Ley de 17 de julio 2003 que modifica la LMV y la LSA con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas, en la que se introducen los deberes concretos de los administradores y se reforma sus responsabilidad, dando entrada a la figura del administrador de hecho. La reciente Ley concursal también se ocupa de la responsabilidad de los administradores, estableciendo su responsabilidad por el déficit del concurso. Por ultimo, la Ley de 14 noviembre 2005, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España reforma profundamente el importantísimo Art. 262 de la LSA. Todo ello supone una profunda reforma de los deberes y la responsabilidad de los administradores, alguna de cuyas innovaciones aun no han sido analizadas por la doctrina, como la nueva redacción del Art. 262 de la LSA, que se estudia en profundidad en este libro.

La sección de calificación constituye la pieza de mayor importancia práctica dentro del procedimiento concursal, dadas las consecuencias de todo tipo que puede originar para el concursante y para los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o directores generales de la persona jurídica concursada. La experiencia nos muestra como la generalidad de los concursos corresponden a sociedades mercantiles y la principal preocupación de sus administradores son las consecuencias que para ellos habrá de tener, sobre todo la temida responsabilidad concursal. En el presente trabajo, dirigido a quienes se enfrentan a la compleja tarea de la calificación del concurso y la determinación de sus consecuencias, se estudia con detenimiento los antecedentes históricos, las opiniones de los principales autores que se han ocupado de la materia, pero sobre todo la jurisprudencia, junto con las opiniones del autor, hemos actualizado la versión anterior, atendiendo a la recientemente reforma por la Ley 16/2022.