La política criminal contemporánea se conforma de una base dogmática que en gran parte se consolida con el pensamiento clásico y que, pese a todo, conserva su vigencia en los sistemas de represión penal. Pero también envuelve paradojas y contradicciones, porque no es poco común que muestre ciertas anomalías que entran en pugna con los esquemas garantistas y que sobre todo se emplean para hacer frente a sectores delictivos especialmente graves. Seguramente es cierto que el hecho de que estos rasgos de extralimitación se detecten con nitidez tiene que ver con nuestra evolución en materia de derechos y de libertades fundamentales. En efecto, el Derecho penal, antes que un elemento de vindicación, debe ser concebido como un muro impenetrable de la política criminal. Este camino sin retorno hacia la mínima intervención, como ha ocurrido en el contexto latinoamericano, ya fue iniciado por los mexicanos desde hace algún tiempo.

La protección de testigos frente a la criminalidad organizada no queda exenta de valoraciones críticas, siendo que no se concreta a una estrategia policial o de seguridad, pues también afecta a los derechos fundamentales de contenido procesal que deben ser reconocidos a toda persona sometida a la acción de la justicia penal. En este caso, se hace una ponderación de intereses que termina decantándose por la restricción de derechos, sin que ello arroje soluciones de hondo calado frente a una delincuencia cada vez más organizada y que no ha podido contenerse con la extralimitación en la represión. La construcción de estos esquemas de arbitrariedad se debe, en gran medida, a la tendencia bipolar que ha venido mostrando la comunidad internacional, pues, a la vez que fomenta el respeto de los derechos humanos, concede su vulneración en el contexto de la persecución penal de esta clase de delincuencia asociativa.