Es innegable que el ser humano busca la felicidad y que tiene dificultades para hallarla. Se trata de un fenómeno que no es nuevo, pues desde la más remota Antigüedad el hombre se ha interrogado acerca de qué es la felicidad, dónde reside y cómo alcanzarla. Para los griegos, pueblo de profundo pesimismo, la búsqueda de la felicidad (eudaimonía) era un tema tradicional de la filosofía y fue precisamente en Grecia donde surgió la doctrina de la felicidad de Epicuro (341-270 a.C.), autor maldito y manipulado (como su admirador Nietzsche) y que tal vez ha sido el pensador que ha abordado con más lucidez la cuestión de la eudaimonía. Su doctrina, con afán evangélico, busca y promete a sus adeptos la felicidad a través del placer (hedoné), la autosuficiencia (autarquía), la amistad (philía) y la calma mental (ataraxia), ofreciéndose como medicina contra el dolor de la carne y los sufrimientos de la mente. Pero el hedonismo epicúreo, que por su limitación resulta casi un ascetismo y que armoniza bien con la antigua máxima apolínea de que la sabiduría consiste en la moderación y el conocimiento de los límites, está totalmente alejado tanto de la tiranía de la «happycracia» como de la nociva cultura del deseo desaforado y vacuo de la posmodernidad contemporánea y, por ello mismo, por constituir una terapia eficaz contra los males que aquejan al nihilista ser humano de la era neoliberal, la propuesta intemporal de Epicuro para una felicidad auténtica merece ser conocida por todos.

Los servicios de nube están adquiriendo una importante dimensión y se posicionan como estrategia pública de futuro inmediato, lo que aconseja reflexionar sobre como provisionarlos, en un contexto normativo que no fue pensado en su momento para atender esta problemática. El objeto de este estudio es analizar la naturaleza jurídica, desde la perspectiva de su adquisición pública, de los denominados “servicios de nube” y, sobre esa base, formular una serie de ideas propositivas sobre el mejor procedimiento para su tramitación, con la finalidad de preservar de forma equilibrada los distintos principios regulatorios en juego en una actividad con indudable impacto económico y de gran trascendencia en la transición hacia la digitalización de la gestión pública, que debe facilitar una optimización de los recursos públicos.