Joaquín María de Ferrer y Cafranga fue un apasionado liberal guipuzcoano ilustrado del siglo xix, que llegó a ser presidente de las Cortes, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Estado y de Hacienda, alcalde de Madrid y de Pasajes, y senador vitalicio. Fue también un destacado empresario, que ayudó con su capital y su espíritu emprendedor al despegue industrial de España. Sobrevivió azarosamente a una condena a muerte de garrote dictada por el rey Fernando VII por haber votado en Cortes la regencia del monarca durante la invasión francesa de los “cien mil hijos de San Luis”. Le fueron confiscados todos sus bienes y tuvo que exilarse en París durante varios años, donde fue editor de lujosos libros en miniatura de obras clásicas de la literatura española, y donde mantuvo amistad con el pintor Goya, quien realizó bellísimos retratos de él y de su esposa. Este libro, imprescindible para ayudar a ilustrar algunos de los episodios más dramáticos y emotivos del siglo xix español, constituye una obra póstuma del autor.

Joaquín María de Ferrer y Cafranga fue un apasionado liberal guipuzcoano ilustrado del siglo XIX, que llegó a ser presidente de las Cortes, presidente del Consejo de Ministros, ministro de Estado y de Hacienda, alcalde de Madrid y de Pasajes, y senador vitalicio. Fue también un destacado empresario, que ayudó con su capital y su espíritu emprendedor al despegue industrial de España. Sobrevivió azarosamente a una condena a muerte de garrote dictada por el rey Fernando VII por haber votado en Cortes la regencia del monarca durante la invasión francesa de los “cien mil hijos de San Luis”. Le fueron confiscados todos sus bienes y tuvo que exilarse en París durante varios años, donde fue editor de lujosos libros en miniatura de obras clásicas de la literatura española, y donde mantuvo amistad con el pintor Goya, quien realizó bellísimos retratos de él y de su esposa.

Hace año y medio la Ley 5/2012, de 6 de julio, reguló la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cumpliendo el mandato que años atrás impuso la Directiva
2008/52/CE, de 21 de mayo. Una de las grandes novedades de la misma fue la conformación del acuerdo de mediación, homologado judicialmente o elevado a escritura pública, como título ejecutivo. En principio dicha configuración no tenía nada de especial; el problema proviene del hecho de atribuir naturaleza jurisdiccional a dicho título ejecutivo, incluso cuando el mismo es elevado a escritura pública.
Esa ficción legal, que lleva a ejecutar cualquier tipo de acuerdo de mediación por la vía establecida para los títulos jurisdiccionales, plantea no pocos problemas. El presente libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión.
Temas controvertidos como la necesidad o no de pagar tasa judicial para solicitar la ejecución del acuerdo, la extensión del control judicial para despachar ejecución, la fijación del dies a quo del cómputo de los plazos de espera y caducidad o la amplitud de la oposición a la ejecución, son tratados y resueltos en la presente obra.

Hace año y medio la Ley 5/2012, de 6 de julio, reguló la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cumpliendo el mandato que años atrás impuso la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo. Una de las grandes novedades de la misma fue la conformación del acuerdo de mediación, homologado judicialmente o elevado a escritura pública, como título ejecutivo. En principio dicha configuración no tenía nada de especial; el problema proviene del hecho de atribuir naturaleza jurisdiccional a dicho título ejecutivo, incluso cuando el mismo es elevado
a escritura pública. Esa ficción legal, que lleva a ejecutar cualquier tipo de acuerdo de mediación por la vía establecida para los títulos jurisdiccionales, plantea no pocos problemas. El presente libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión. Temas controvertidos como la necesidad o no de pagar tasa judicial para solicitar la ejecución del acuerdo, la extensión del control judicial para despachar ejecución, la fijación del dies a quo del cómputo de los plazos de espera y caducidad o la amplitud de la oposición a la ejecución, son tratados y resueltos en la presente obra.

Hace año y medio la Ley 5/2012, de 6 de julio, reguló la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cumpliendo el mandato que años atrás impuso la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo. Una de las grandes novedades de la misma fue la conformación del acuerdo de mediación, homologado judicialmente o elevado a escritura pública, como título ejecutivo. En principio dicha configuración no tenía nada de especial; el problema proviene del hecho de atribuir naturaleza jurisdiccional a dicho título ejecutivo, incluso cuando el mismo es elevado
a escritura pública. Esa ficción legal, que lleva a ejecutar cualquier tipo de acuerdo de mediación por la vía establecida para los títulos jurisdiccionales, plantea no pocos problemas. El presente libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión. Temas controvertidos como la necesidad o no de pagar tasa judicial para solicitar la ejecución del acuerdo, la extensión del control judicial para despachar ejecución, la fijación del dies a quo del cómputo de los plazos de espera y caducidad o la amplitud de la oposición a la ejecución, son tratados y resueltos en la presente obra.