Por nuevos derechos se entienden aquellos no incluidos como tales en el catálogo de 1978 (que ya nació viejo en comparación con la Carta Social Europea de 1961 y con los Pactos Internacionales de 1966) ni añadidos desde entonces por la jurisprudencia evolutiva. Aunque puede aceptarse por razones prácticas, lo coherente con la teoría constitucional democrática no es la creación de nuevos derechos por el Tribunal Constitucional (más cuando su argumentación deja aquí mucho que desear) sino por el poder constituyente del pueblo, léase ahora mediante la reforma constitucional.
Cuatro argumentos avalan la creación de nuevos derechos: su presencia en el Derecho internacional, su consolidación legislativa, la necesidad de responder a nuevas agresiones y necesidades y, muy en especial, la operatividad de principios y mandatos constitucionales que después de cuarenta años solo se han cumplido a medias. Con apoyo en estas razones, se defiende la necesidad de actualizar nuestro catálogo de derechos en cinco ámbitos relevantes (bioética, vida familiar, información y participación, derechos sociales y ambientales y grupos en situación de vulnerabilidad) y se demuestra que existe ya un consenso social y político básico a favor de esta incorporación.
No hay derechos que valgan sin garantías efectivas de los mismos. La práctica demuestra serias deficiencias en nuestro sistema de protección de derechos, por lo que resultan necesarias reformas importantes en órganos y procedimientos, así como la incorporación de nuevas garantías, con énfasis en la solución de las violaciones estructurales y de la promoción de derechos, pues de poco vale proteger caso a caso (y con dificultad) vulneraciones concretas si no se encaran los problemas de fondo.

La obra presenta un panorama completo y sistemático del Derecho español de los derechos fundamentales sociales de prestación (educación, trabajo, seguridad social, salud, cultura, vivienda, autonomía personal, servicios sociales y mínimo vital) y de la tutela antidiscriminatoria a favor de determinados colectivos (niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, inmigrantes, emigrantes, homosexuales y minoría gitana), desde una perspectiva jurídica multidisciplinar (sobre todo, Derecho administrativo, laboral, procesal y financiero) e integrada (Derecho internacional universal y regional y Derecho de la Unión Europea), pero presidida por la óptica del Derecho constitucional, todo ello sin olvidar los aspectos históricos, filosóficos, políticos y sociales subyacentes a esta compleja problemática. Lejos de la mera descripción, los autores proponen algunas respuestas a los problemas sociales que hoy afectan a la sociedad española, sirviéndose a tal fin de la teoría general de los derechos fundamentales y de la interpretación de la ley de conformidad con la Constitución y con el Derecho internacional de los derechos humanos, y teniendo bien presentes las últimas aportaciones de la doctrina de los organismos internacionales y de la jurisprudencia comparada. En época de crisis, la importancia de los derechos sociales y de la tutela antidiscriminatoria se refuerza y cobra mayor actualidad en el debate público. Por ello, la consulta de esta obra puede resultar útil no sólo para juristas académicos y prácticos sino también para responsables administrativos y políticos y para las organizaciones no gubernamentales. Los autores son conscientes de que los avances en la efectividad de los derechos sociales exigen una determinación precisa (aunque abierta) de su contenido constitucional, una de las grandes lagunas de la dogmática sobre la materia y que esta obra pretende contribuir a colmar.

En este libro se contiene toda la normativa estatal relevante sobre telecomunicaciones, incluidos los servicios audiovisuales y telemáticos, cada vez más interrelacionados con los servicios de telecomunicaciones estrictamente considerados.Tras la norma fundamental del sector, la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, se incluyen, con las anotaciones oportunas, las disposiciones sobre: organización administrativa (Ministerio de Ciencia y Tecnología, Entidad pública empresarial Redes, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, etc.) y procedimiento; títulos habilitantes (autorizaciones generales, licencias individuales y sus correspondientes Registros); dominio público radioeléctrico; interconexión, acceso y numeración; infraestructuras comunes en edificios; obligaciones de servicio público y derechos de los usuarios; equipos y aparatos; radio y televisión (en sus modalidades de televisión por ondas, cable y satélite y digital terrenal); vídeo; Derecho de la competencia; tasas, precios y tarifas; por último, Internet, firma electrónica y contratación electrónica o telefónica.La edición se cierra con un exhaustivo índice analítico, que facilita la consulta de las normas incluidas.

Los derechos humanos no pueden entenderse adecuadamente sin un previo marco teórico. Frente al nacionalismo jurídico y la asepsia valorativa dominantes en la materia, esta obra destaca rasgos comunes a los ordenamientos constitucionales de Europa y América y reivindica la función de los derechos humanos como guía moral de la interpretación y crítica del Derecho positivo. Partiendo de un punto de vista predominantemente jurídico-constitucional, tiene en cuenta también las perspectivas internacional, histórica, filosófica y sociológica de los derechos. Ante todo, quiere presentarse como una teoría útil para la práctica, que ayude tanto a resolver problemas a quienes trabajan en la lucha diaria a favor de los derechos humanos como a comprender mejor su compleja y variada realidad.