Litigación penal es una obra colectiva que armoniza las aportaciones de abogados penalistas y de teóricos procesalistas conformando una estructura sistémica del proceso penal a través de su trazabilidad. El seguimiento editorial de la primera edición ha confirmado su precisa utilidad para (i) profesionales con gran experiencia en el proceso penal, al disponer concentradas y actualizadas las referencias legales y jurisprudenciales europeas y españolas en un área en continua evolución; (ii) directores de equipos de abogados procesalistas, como herramienta para garantizar la calidad técnica de sus miembros; (iii) docentes, quienes habrían encontrado una ágil y modulable herramienta para la transmisión del conocimiento del proceso penal; y, (iv) profesionales y estudiantes que se inician en el ejercicio, a quienes permite acelerar su generación de valor al frente de juzgados y despachos y ante clientes. Esta segunda edición ofrece esa sistemática actualizada con todos los contenidos legislativos y jurisprudenciales (europeos y españoles) que han continuado transformando el procedimiento penal como la STEDH (Gran Sala) López Ribalda y otros, de 17 de octubre de 2019, reguladora de la videovigilancia con cámaras ocultas; la STJUE (Gran Sala) C-247/17 de 13 de noviembre de 2018, sobre el idéntico trato a dar a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales en procesos extradicionales; las SSTC (Pleno) 85 y 97/2019 declarando parcialmente inconstitucional el art. 294.1 LOPJ y sobre la validez de la prueba i/lícita (Lista Falciani) respectivamente; la STS 459/2019 de 14 de octubre (Sentencia del procés); el Reglamento (UE) 2018/1805 sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso; la LO 3/2018 de 5 de diciembre (PDPYGDD); la Ley 3/2018 reguladora de la Orden Europea de Investigación, o el Reglamento CGPJ 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional.

Esta obra analiza pormenorizadamente, con un enfoque muy práctico, el concepto, naturaleza y requisitos del convenio arbitral, sin olvidar las referencias a los convenios vinculados a arbitraje especializados que presentan algunas particularidades: el societario, el de adhesión, el de arrendamientos y propiedad horizontal o el de propiedad industrial, consumidores y usuarios, entre otros. Para acabar esta primera parte, se dedica un apartado a los distintos tipos de convenios arbitrales: Cláusula incorporada a un contrato, cláusulas híbridas, cláusula incorporada a un contrato de adhesión, convenio arbitral sobre controversias ya surgidas, cláusulas de arbitraje institucional y convenio arbitral electrónico. Seguidamente se da mucha importancia al estudio jurisprudencial de la Independencia de la cláusula arbitral respecto del contrato principal, al control del árbitro de la validez del convenio: principio «competencia de la competencia»; y al control del órgano judicial de la validez del convenio ya sea al pronunciarse sobre el nombramiento judicial del árbitro o de los árbitros, al plantearse la acción de nulidad del laudo o al ejecutar el laudo. Si bien esta obra se centra casi exclusivamente en el convenio arbitral nacido en el seno de un arbitraje interno o nacional, se dedica un último apartado a esbozar los aspectos más esenciales del arbitraje internacional.

La mediación civil y mercantil tiene, tras la Ley 5/2012, una presencia indiscutible en la resolución de conflictos. El compromiso de mediación plasmado en cláusula o contrato independiente antes de que surja el conflicto o aquel al que las partes llegan una vez aparecida la controversia, esté o no pendiente un proceso judicial es, junto con el acuerdo alcanzado una vez finalizado el procedimiento de mediación, el objetivo de este trabajo, centrándonos además de en los requisitos, contenido y efectos de dichos contratos, ineludiblemente, también en toda la vertiente procesal que llevan aparejados ambos. Se dedica un apartado independiente por sus peculiaridades, a los acuerdos de mediación transfronterizos. Y, finalmente, el acuerdo extrajudicial de pagos en el concurso, regulado en la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.