El análisis de la doctrina del Tribunal de Justicia en materias que cuentan con normas de la Unión pertenecientes al ámbito de la política social constituye un instrumento eficaz de acercamiento del Derecho Social de la Unión a cuantos desarrollan su actividad académica o profesional en el campo de las relaciones laborales y de seguridad social, así como a quienes participan en el ejercicio de potestades normativas. Sorprende que, cumplidos ya los treinta y seis años de permanencia de España en la que hoy es la Unión Europea, no esté normalizado el tratamiento de los problemas jurídicos que surgen en aquellas relaciones tomando en consideración las exigencias de las disposiciones normativas de la Unión. Todavía abundan los casos de tratamiento de los aludidos problemas prescindiendo de tales exigencias. Lo más grave es que abunden no solo en la doctrina jurídica, sino también en la legislación positiva, las actuaciones de los poderes públicos y la práctica judicial y forense, como muestran las respuestas del Tribunal de Justicia al creciente número de peticiones de decisión prejudicial planteadas por nuestros jueces, las cuales ya se aproximan a las ciento cincuenta. Ocho de los once estudios que se ofrecen en el presente libro proporcionan al lector el comentario de una buena parte de las más recientes sentencias y autos que incorporan las respuestas a las que se acaba de hacer referencia; se trata de sentencias y de autos dictados entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2022. El indicado comentario incluye la identificación y valoración de los diversos tipos de impacto de esas respuestas sobre el derecho nacional (cambios normativos, interpretación conforme y aplicación judicial, sin más, de los preceptos de disposiciones normativas de la Unión dotados de efecto directo), los cuales no son distintos de los predicables de las sentencias y autos resolviendo las peticiones de decisión prejudicial anteriores a la primera de las fechas indicadas, como muestra otro de los estudios que forman parte del libro. En fin, no cabe pasar por alto los posibles efectos derivados de sentencias y autos resolviendo peticiones de decisión prejudicial presentadas por los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros. Buenos ejemplos de esto último son los dos estudios que restan.

El admitir que empresas establecidas en un Estado puedan desplazar temporalmente trabajadores a otro, para cubrir en él un determinado encargo, requiere un mecanismo que evite que la posible inferioridad de las condiciones de trabajo y empleo existentes en el primero de esos Estados suponga una ventaja competitiva para aquéllas y constituya un factor negativo para los mercados de trabajo de los Estados que cuenten con los niveles de protección social más elevados y hasta para el mantenimiento de dichos niveles. En el ámbito de la Unión Europea, la búsqueda de una solución que armonice las exigencias de la libre prestación de servicios con los demás intereses presentes conduce, por hoy, a garantizar a los trabajadores desplazados la aplicación de determinadas condiciones de trabajo y empleo superiores que rijan en el Estado donde vayan a prestar temporalmente su actividad. La introducción de la expresada garantía constituye el objeto de la Directiva 96/71/CE, a cuya transposición obedece, en España, la Ley 45/1999, de 29 de noviembre. El análisis de este texto legal y de las disposiciones normativas equivalentes de Italia y Francia constituye una parte importante de este libro, en el que el lector también encontrará comentadas algunas de las más relevantes sentencias del Tribunal de Justicia que han tenido oportunidad de enjuiciar el acomodo de las normas nacionales de transposición al Derecho de la Unión.