En las últimas décadas las zonas rurales han visto como la (i)lógica economía de mercado y el capitalismo depredador de re-cursos naturales y generador de grandes desigualdades, unido al abandono sistemático de buena parte de las Administraciones públicas de nuestro país, propiciaban una sangría poblacional sin precedentes, disminuyendo significativamente la calidad de vida de aquellos que un día decidieron desarrollar, de forma loable, su proyecto vital en el medio rural y favoreciendo el abandono y el olvido del territorio, con la consiguiente pérdida cultural, patri-monial y ambiental, entre otras muchas, que esto genera. En esta segunda edición, Rural Renaissance centra sus esfuerzos en realizar un minucioso análisis de las estrategias y acciones puestas en marcha por el poder público con el propósito de hacer frente al reto demográfico y potenciar la cohesión social y territorial del Estado, al tiempo que pretende contribuir al diseño de soluciones tangibles que permitan poner en valor los recursos endógenos de los territorios rurales, todo ello mediante el impul-so de las potencialidades que ofrece un tratamiento normativo diferenciado en favor de las comunidades rurales. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

El derecho de la edificación resulta de interés no solo para los agentes del proceso edificatorio sino también para otros múltiples operadores a los que les afecta parcialmente su contenido (profesionales, aseguradoras, consumidores y usuarios). Aquí se privilegia el interés que corresponde a una parte del personal técnico que interviene en la edificación, por cuanto el texto pretende cubrir una demanda ligada a la formación universitaria en el campo de las cualificaciones académicas que habilitan para el ejercicio de profesiones que intervienen en este ámbito económico.

Entre las novedades legislativas que se produjeron a finales de 2015, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) situó en lugar muy destacado la conexión entre el tradicional derecho urbanístico y el más técnico derecho de la edificación, que había modernizado la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Aquella conexión se produce en un contexto en el que ambos sectores se han llenado de preocupaciones que van más lejos de la simple seguridad, higiene, salubridad, ornato o calidad, y abarcan la preocupación por la eficiencia energética, la accesibilidad universal, la sostenibilidad del proceso edificatorio y los desarrollos urbanos.
En la asunción y práctica de los nuevos valores, un papel no menor corresponde a los profesionales, y por ello la exposición se dirige fundamentalmente a la formación universitaria de quienes intervienen en este ámbito, aunque otras decisiones normativas (seguramente influidas por un potente lobby sectorial) parezcan marchar en dirección opuesta: Así, el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, establece un raquítico régimen para el autoconsumo energético. Decisión absolutamente capital que condiciona, en no poca medida, el modo en que se diseña la edificación y cómo esta puede contribuir a la consecución de aquellos valores.

La problemática de la despoblación de los territorios rurales y el reto demográfico no es una cuestión novedosa. En las últimas décadas son muchos los estudios e iniciativas científicas que se han adentrado en el análisis de las razones y circunstancias que han propiciado este progresivo proceso de vaciamiento demográfico que asola, sin aparente solución de continuidad, las comunidades rurales de buena parte de la geografía peninsular. En esta tercera edición, Rural Renaissance centra sus esfuerzos en examinar el valor y las múltiples potencialidades que guardan los territorios y comunidades rurales con desafíos demográficos. El propósito no es otro que el de seguir contribuyendo al diseño de soluciones tangibles que permitan poner en valor los recursos endógenos (económicos, medioambientales, patrimoniales, etc.) y salvaguardar la normal forma de vida que atesoran estas áreas esenciales para la cohesión social y territorial del Estado, mediante el impulso de las transformaciones normativas e institucionales pertinentes a tal efecto.