El cambio climático es una realidad, que afecta a todo el planeta. Abordar su mitigación y adaptación es un desafío mundial, que requiere el compromiso y la colaboración de todos los Estados, cuyo primer gran pacto internacional es el Acuerdo de Paris de 2015. La Unión Europea ha liderado la acción por el clima a escala global, adoptando una estrategia a largo plazo que tiene como fin último alcanzar la neutralidad climática para 2050, lo que se convierte en un objetivo vinculante en la propuesta de “Ley del Clima Europea” presentada recientemente por la Comisión Europea. A estos efectos, la Unión Europea desarrolla tres grandes líneas de acción: el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efectos invernadero, las energías renovables y la eficiencia energética, dando lugar a un complejo entramado normativo. España es uno de los países más vulnerable a los efectos del calentamiento global, lo que ha llevado a colocar la lucha contra el cambio climático en el eje de las políticas públicas. Respondiendo a sus compromisos internacionales y con la Unión Europea, en mayo de 2020 el gobierno estatal remitió al Congreso, para su tramitación parlamentaria, el proyecto de “Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, que incorpora la acción climática a todos los sectores económicos. No obstante, tres Comunidades Autónomas (Cataluña, Andalucía y Baleares) le tomaron la delantera al gobierno estatal, aprobando sus respectivas leyes de cambio climático. A pesar de las diferencias, todas tienen un núcleo común, como son los instrumentos de planificación, las políticas de mitigación y las medidas de adaptación. El libro que el lector tiene en sus manos analiza, desde una perspectiva interdisciplinar y con todo rigor de detalle, los efectos del cambio climático, prestando especial atención al marco jurídico internacional y nacional, tanto estatal como autonómico. Se trata de una obra fundamental para entender la dimensión del problema y la complejidad de su regulación. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

La Ley 9/2017 introduce cambios significativos en la tipificación de los contratos públicos. La supresión de los contratos de gestión de servicios públicos y de colaboración público-privada se contrarresta con la incorporación del contrato de “concesión de servicios”. En realidad, se trata de una nueva modalidad contractual que es, al mismo tiempo, heredera de la concesión de servicios público y fruto de la transposición de la Directiva UE/2014/23, cuyo criterio delimitador no radica en la naturaleza de la prestación (como venía siendo tradicional), sino en la transferencia del riesgo operacional al contratista. El resultado es un concepto amplio de concesión de servicios, que ya no tiene por objeto exclusivo la prestación de servicios públicos. No obstante, debido a la longevidad de los contratos, durante un largo periodo de tiempo la nueva concesión de servicios convivirá con el viejo contrato de gestión de servicios públicos, lo que requiere conocer ambas regulaciones. En el presente libro se analizan, con todo rigor de detalle, los elementos tradicionales del viejo y nuevo contrato de concesión de servicios, prestando especial atención a la teoría del equilibrio económico del contrato y al concepto de riesgo operacional, de cuya correcta interpretación dependerá la propia supervivencia de la concesión como modalidad de gestión indirecta de los servicios públicos.