En la presente monografía, el Profesor Fernández de Buján y Arranz, analiza en profundidad y con un encomiable rigor científico la tributación de la producción, suministro y autoconsumo de energía eléctrica, centrando el estudio y análisis de la cuestión en tres grandes pilares, a saber, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE)y el autoconsumo de energía eléctrica. El Impuesto especial sobre la electricidad es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de electricidad y grava, en fase única, el suministro de energía eléctrica para consumo, así como el consumo por los productores de aquella electricidad generada por ellos mismos. Con independencia de que el suministro a los consumidores se realice a título oneroso o gratuito, la base imponible del IEE será aquélla que se habría determinado a efectos del IVA para suministros efectuados a título oneroso entre personas no vinculadas. Por ejemplo, en el caso de suministros electricidad, será la suma de una cuota fija y de la cuota variable facturada por la comercializadora al consumidor final. Por su parte, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es, en principio, en cuanto a su naturaleza, un tributo de carácter directo y real, que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central. En relación con el IVPEE, la base imponible está constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación, en el período impositivo.

El Derecho Romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La relegación que históricamente se ha producido en el estudio del Derecho Público Romano no se justifica en atención a la unidad de la ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano, como ordenamiento global de la comunidad política romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica en el contexto político y socioeconómico en el que nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que depara el estudio de los principios y normas constitucionales, administrativas, penales, fiscales o internacionales propias del Ordenamiento Jurídico romano. Los teóricos del Estado moderno, Montesquieu y Bodin, construyen algunas de sus principales aportaciones sobre el estudio de las fuentes romanas, así la teoría republicana de Mostesquieu y la definición de soberanía de Bodin. Ideas básicas provenientes de la República romana han servido, así mismo, como modelo en la Revolución Francesa, los Estados liberales del siglo XIX y los actuales sistemas democráticos europeos e iberoamericanos. De especial interés, por su novedad en la manualística, son los capítulos XVI y XVII, dedicados al análisis del derecho administrativo y fiscal romano. En ellos se abordan cuestiones de tanta enjundia como: la reconstrucción de los conceptos y dogmas propios de la administración pública, las competencias atribuidas a la Administración Pública, los sujetos y destinatarios de los actos administrativos, la naturaleza, eficacia y validez de los actos administrativos, el dominio público, la utilitas publica, las actiones populares en defensa del interés general o los arbitrajes de derecho público. En materia de derecho del fisco, de iure fisci, se resalta la modernidad de las instituciones sobre las que se cimienta la hacienda pública romana, la clasicidad del léxico fiscal romano, así, aerarium, tributum, fiscus y thesaurus, advocatus fisci, debitor fisci, comissum, delator fiscalis, fraus fisci, etc.; los principios de justicia tributaria o los instrumentos de derecho financiero como expedientes de política fiscal, como los índices de inflación, los flujos monetarios, la devaluación de la moneda, la creación de una moneda única en un mercado común, la contención del gasto público, la prestación de servicios públicos por parte de sociedades privadas, los mecanismos de control del contrabando aduanero y el comiso fiscal o la opción pública por la restauración de los edificios antiguos frente a su demolición, etc. En los capítulos XVIII, XIX y XX se aborda la recepción del Derecho Romano en Europa, España e Iberoamérica.

Los impuestos especiales se califican de este modo por contraposición a los impuestos generales de todo sistema impositivo. Son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única -en su condición de impuestos especiales de fabricación-, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de alcohol y las bebidas alcohólicas, hidrocarburos y labores del tabaco. Por su parte, los impuestos especiales stricto sensu, son también monofásicos y gravan los siguientes consumos específicos: la matriculación de determinados medios de transporte, el suministro de energía eléctrica y la puesta a consumo de carbón. No incluidos en la Ley 38/1992 de impuestos especiales e incardinados en otras leyes específicas, también cabe calificar como especiales, el impuesto sobre primas de seguros, y estos con un claro cariz medioambiental, el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, y, respectivamente, los nuevos impuestos sobre los envases de plástico no reutilizables o sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que vienen. Con carácter general, son tributos compatibles con el IVA en la medida en que el impuesto especial pasa a computarse dentro de la base imponible del impuesto general sobre el consumo, esto es el IVA. Sin lugar a dudas, los impuestos especiales constituyen uno de los principales pilares de nuestro sistema tributario. En la obra se tratan de forma extensa y minuciosa las disposiciones comunes a todos los impuestos especiales de fabricación.

El Derecho Romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La relegación que históricamente se ha producido en el estudio del Derecho Público Romano no se justifica, a juicio del autor, en atención a la unidad de la ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano, como ordenamiento global de la comunidad política romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica en el contexto político y socioeconómico en el que nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que depara el estudio de los principios y normas constitucionales, administrativas, penales, fiscales o internacionales propias del Ordenamiento Jurídico romano. Los teóricos del Estado moderno, Montesquieu y Bodin, construyen algunas de sus principales aportaciones sobre el estudio de las fuentes romanas, así la teoría republicana de Mostesquieu y la definición de soberanía de Bodin. Ideas básicas provenientes de la República romana han servido, así mismo, como modelo en la Revolución Francesa, los Estados liberales del siglo XIX y los actuales sistemas democráticos europeos e iberoamericanos. De especial interés, por su novedad en la manualística, son los capítulos XVI y XVII, dedicados al análisis de la experiencia administrativa romana y al régimen jurídico fiscal. En ellos se abordan, en los distintos epígrafes, cuestiones de tanta enjundia como: la reconstrucción de los conceptos y dogmas propios de la administración pública, la organización administrativa de los territorios, las competencias atribuidas a la Administración Pública, los sujetos y destinatarios de los actos administrativos, la naturaleza, eficacia y validez de los actos administrativos, el dominio público, la utilitas publica, las actiones populares en defensa del interés general o los arbitrajes de derecho público. En materia de derecho del fisco, de iure fisci, se resalta la modernidad de las instituciones sobre las que se cimienta la hacienda pública romana, la clasicidad del léxico fiscal romano, así, aerarium, tributum, fiscus y thesaurus, advocatus fisci, debitor fisci, comissum, delator fiscalis, fraus fisci, etc.; los principios de justicia tributaria o los instrumentos de derecho financiero como expedientes de política fiscal, como los índices de inflación, los flujos monetarios, la devaluación de la moneda, la creación de una moneda única en un mercado común, la contención del gasto público, la prestación de servicios públicos por parte de sociedades privadas, los mecanismos de control del contrabando aduanero y el comiso fiscal o la opción pública por la restauración de los edificios antiguos frente a su demolición, etc. En la presente edición se ha procedido a actualizar la bibliografía y el índice analítico.

La aplicación de la Declaración de Bolonia a la Universidad Española, ha supuesto una reducción sustancial de la enseñanza teórica dedicada a las disciplinas jurídicas en los nuevos Planes de Estudio. En consonancia con la nueva situación, y con la finalidad de adaptarse a las exigencias del denominado Espacio Europeo de Educación Superior, la obra que ahora ve la luz aborda el estudio de las instituciones y los conceptos básicos que informan el Derecho Público y Privado Romano. El derecho romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La enseñanza del Digesto Justinianeo en la Bolonia del siglo XI, está en el origen de la que fue la primera universidad europea, y contribuye, desde entonces, a la conformación de la lógica jurídica de los estudiantes, al tiempo que les faculta para entender los distintos Ordenamientos jurídicos modernos como el resultado de sucesivas experiencias históricas, que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar y aplicar el derecho vigente. El estudio aséptico del derecho positivo, sin una valoración histórica y filosófica de las normas jurídicas, comporta el riesgo de generar una percepción sacralizada o dogmática de la ley, que daría como resultado una figura de experto o técnico de normas en vigor que no distaría mucho de la vilipendiada imagen del leguleyo. Se ha procedido, en esta quinta edición, a la adición de un epígrafe nuevo en el Capítulo XI titulado Protección pretoria extraprocesal, al trasvase del punto 3, Arbitraje, del Capítulo 10, al capítulo 11, y a la revisión de la obra en su conjunto.

El Derecho Romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La relegación que históricamente se ha producido en el estudio del Derecho Público Romano no se justifica, a juicio del autor, en atención a la unidad de la ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano, como ordenamiento global de la comunidad política romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica en el contexto político y socioeconómico en el que nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que depara el estudio de los principios y normas constitucionales, administrativas, penales, fiscales o internacionales propias del Ordenamiento Jurídico romano. Los teóricos del Estado moderno, Montesquieu y Bodin, construyen algunas de sus principales aportaciones sobre el estudio de las fuentes romanas, así la teoría republicana de Mostesquieu y la definición de soberanía de Bodin. Ideas básicas provenientes de la República romana han servido, así mismo, como modelo en la Revolución Francesa, los Estados liberales del siglo XIX y los actuales sistemas democráticos europeos e iberoamericanos. La experiencia política del Bajo Imperio, caracterizada por el absolutismo, el centralismo, la burocracia ingente y la imposición fiscal absorvente, constituye, por otra parte, el referente del Estado absoluto de la Edad Moderna. Se ha procedido en la presente edición a incorporar en el capítulo XV, Derecho Penal Privado y Derecho Penal Público, la referencia a la persecución mediante acciones populares de determinados delitos privados, delicta, sancionados mediante multas o penas pecuniarias, en un proceso civil, y de los delitos públicos, crimina, ante tribunales públicos y permanentes, quaestiones perpetuae, en especial, los atinentes a la apropiación o el abuso, por parte de un funcionario público o de un particular, de cosas públicas, sagradas o religiosas, la falsificación de moneda o de documentos públicos, y la retención o desviación de dinero público o bienes públicos, destinados a una finalidad específica, a los que no se les da el destino previsto.

La aplicación de la Declaración de Bolonia a la Universidad Española, ha supuesto una reducción sustancial de la enseñanza teórica dedicada a las disciplinas jurídicas en los nuevos Planes de Estudio. En consonancia con la nueva situación, y con la finalidad de adaptarse a las exigencias del denominado Espacio Europeo de Educación Superior, la obra que ahora ve la luz aborda el estudio de las instituciones y los conceptos básicos que informan el Derecho Público y Privado Romano. El derecho romano constituye la experiencia jurídica más paradigmática de la historia europea. La enseñanza del Digesto Justinianeo en la Bolonia del siglo XI, está en el origen de la que fue la primera universidad europea, y contribuye, desde entonces, a la conformación de la lógica jurídica de los estudiantes, al tiempo que les faculta para entender los distintos Ordenamientos jurídicos modernos como el resultado de sucesivas experiencias históricas, que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar y aplicar el derecho vigente. El estudio aséptico del derecho positivo, sin una valoración histórica y filosófica de las normas jurídicas, comporta el riesgo de generar una percepción sacralizada o dogmática de la ley, que daría como resultado una figura de experto o técnico de normas en vigor que no distaría mucho de la vilipendiada imagen del leguleyo. Se ha procedido, en esta cuarta edición, a incorporar un Prólogo y a la revisión y actualización de la obra en su conjunto, especialmente en materia de Codificación de las XII Tablas.