La cibercriminalidad es un fenómeno de indudable actualidad, creciente, transversal y versátil, y que pone de manifiesto el vertiginoso proceso de transformación que esta clase de delincuencia está produciendo en los índices actuales de criminalidad de nuestra sociedad y que por ello ha necesitado de cambios legislativos y de mayor especialización en la actuación de los operadores de la justicia. Para hacer frente a este incremento exponencial de la criminalidad tecnológica, y a los marcados ámbitos de impunidad que provoca la repetida lesión de bienes jurídicos merecedores de protección penal, ha sido también necesaria la actualización de las técnicas de investigación policial respecto de estas nuevas conductas. Sin afrontar estas líneas de actuación, el Estado de Derecho podía quedar inerme ante una delincuencia cada vez tecnológicamente más sofisticada. El presente Tratado de Delincuencia Cibernética, aborda esta realidad y se estructura, por ello, en dos grandes bloques; por un lado, se ofrece una visión global de los principales delitos de la parte especial del Derecho penal que se cometen a través de sistemas informáticos y cibernéticos; y, de otra parte, se atiende al tratamiento e intervención jurídico-procesal aplicable a esta clase de ilícitos penales.

En la actualidad nos encontramos ante un nuevo escenario estratégico, criminológico y político-criminal, en el que se aprecia no sólo un salto cuantitativo sino cualitativo, pues los escenarios son muy variados, con diferentes niveles de riesgo y de muy diversa escala de impacto potencial, lo que complica extraordinariamente su prevención y la respuesta estatal. Y es que actualmente las sociedades modernas son sociedades en riesgo, y no obstante los incuestionables beneficios que han generado las dimensiones del desarrollo de la tecnología y las redes de transmisión de datos, existen riesgos indudables que corresponde salvaguardar, los cuales entrañan peligros potenciales que deben de ser neutralizados y erradicados por el ordenamiento jurídico.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ahonda en los mismos errores que se vienen repitiendo desde hace años en el sistema penal: mayores y nuevos castigos. Entre las novedades penológicas destaca la introducción de la prisión permanente revisable, una modalidad encubierta de cadena perpetua ?pena privativa de libertad de larga duración? cuya duración, no sometida a término fijo, la aproxima al pretérito concepto de la sentencia indeterminada en su peor vertiente. Su carácter mediático no pasa desapercibido: su aparición ha venido precedida de una campaña política centrada en el «compromiso» con el dolor de las víctimas de delitos especialmente graves. No obstante, los fundamentos esgrimidos en la reforma no parecen haber convencido a importantes sectores del campo académico y práctico. El trabajo que presentamos responde a los argumentos gubernamentales y doctrinales que apoyan la introducción de la prisión permanente revisable. El objetivo del presente estudio es, así, analizar la evolución y regulación de la prisión permanente revisable en España, realizando una crítica a su falta de oportunidad e idoneidad conforme a nuestro panorama criminológico y los razonamientos de política criminal que deben inspirar toda norma penal en un Estado democrático y de Derecho.