Aunque en estos dos supuestos han existido reformas legislativas que han agilizado tanto la citada instalación de este servicio común de interés general, como la supresión de barreras arquitectónicas, no dejan de ser unas de las cuestiones más conflictivas en las Comunidades de propietarios.
¿Se debe computar el voto de todos los propietarios incluidos, los de locales que no se van a beneficiar de este nuevo servicio?, ¿quién está obligado al pago de los gastos que se generen?, ¿se puede modificar el sistema de reparto?, en este caso, ¿qué acuerdo sería preceptivo?, ¿qué servidumbres o limitaciones de propiedad serían procedentes?, y en estos supuestos, ¿cuál sería la indemnización correspondiente?, ¿quiénes están obligados al pago?, ¿procede la exoneración?, ¿cuándo y cómo está la Comunidad obligada a la supresión de barreras arquitectónicas?
En este estudio de jurisprudencia podrán comprobar la respuesta de los Tribunales a todos estos interrogantes.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Quorum para la adopción de obras realizadas por los propietarios en elementos comunes, ¿computa el voto de los ausentes? · Representación en juicio del Presidente · Cesión o arrendamiento de zonas comunes

Estos delitos castigan a quien provoque un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad de las personas y sus diferentes tipos penales se regulan entre los delitos contra la seguridad colectiva en los arts. 351 a 358 CP.
Nos encontramos con que son delitos de riesgo, pues la simple puesta en peligro ya lo configura como tal sin necesidad de la producción del daño. ¿Qué ocurre si el delito se produce en un edificio o vivienda habitados? ¿Cuándo podemos hablar de tipos atenuados? ¿Qué requisitos cumplen los incendios forestales? ¿En qué consiste el incendio de bienes propios? ¿Cuándo puede hablarse de imprudencia grave? En el estudio jurisprudencial de esta Revista se estudian estas y otras cuestiones a través de las resoluciones dictadas por nuestros juzgados y tribunales.
Y, además, en la parte de Actualidad...
- El nuevo delito de estafa del art. 249 CP: ¿Admite delito leve si la cuantía es inferior a 400 ?? - Defensa letrada obligatoria en la jurisdicción penal - Tratamiento de la ?sentencia estorbo? en la acumulación de condenas

Los Reales Decretos-Leyes 5/2023, de 28 de junio, y 6/2023, de 19 de diciembre, han supuesto un nuevo sistema casacional civil.
Esta Guía permitirá conocer sus novedades a través de la legislación, doctrina, cuadros comparativos, esquemas y preguntas y respuestas, así como los Acuerdos tanto de la Sala Primera como el trascendental Acuerdo de la Sala de Gobierno de 8 de septiembre de 2023, que impone nuevas obligaciones formales y la complementación de una carátula obligatoria a la hora de interponer una casación civil. Incorporamos, también, los formularios más relevantes, esperando que proporcione la herramienta más útil para acudir a la casación.

El art. 10 LAU 29/1994 ha sido modificado hasta cuatro veces: por la Ley 4/2013, de 4 de junio, el RDL 21/2018, de 14 de diciembre, el RDL 7/2019, de 1 de marzo, y recientemente, por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que añade dos apartados con posibilidad de solicitar dos nuevas prórrogas extraordinarias. Resulta fundamental tener en cuenta las fechas de los contratos respecto al plazo de la prórroga, el requerimiento y la antelación necesaria para la no renovación, y destaca especialmente la renuncia a dicha prórroga. En este análisis de jurisprudencia mostramos las sentencias más relevantes.
Por otra parte, incluimos novedosas resoluciones sobre la prórroga extraordinaria de seis meses, que tuvo lugar como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, introducida por el RDL 11/2020, de 31 de marzo.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Suspensión del lanzamiento por vulnerabilidad. Estado actual de la cuestión · Nuevos presupuestos del art. 439.6 LEC tras la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda: ¿Proceden en el juicio de desahucio sujeto a arbitraje y en la ejecución del laudo? · Límites en la actualización de renta según el IGC en los arrendamientos de vivienda. ¿Cabría aplicar el IPC si resulta inferior?

En esta Revista analizamos una de las pruebas más complejas y que más problemas prácticos presenta: la prueba pericial.
Las distintas clases de peritaje, la diversidad de momentos en los que es posible su aportación, las incidencias en su actuación y, finalmente, entender cuándo la pericial respeta o no las ?reglas de la sana crítica? ha dado lugar a una rica doctrina jurisprudencial que recogemos en esta selección.
Y además, en la parte de Actualidad:
· El nuevo recurso de casación · Acuerdo de 8 de septiembre de 2023, sobre exigencias formales de la casación · Prescripción y medidas cautelares

La Ley de bienestar animal ha recogido que durante toda la vida del perro va a ser obligatorio contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil. En nuestra normativa hay que acudir al art. 1.905 del Código Civil (SP/LEG/2311) que impone, no al propietario, sino al poseedor o al que se sirva de un animal, la responsabilidad de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe.
En esta Jurisprudencia al Detalle se analiza qué comprende la responsabilidad civil del animal, aquello por lo que el precitado titular del animal debe responder según los Tribunales, para así delimitar las coberturas que podría llegar a tener el futuro seguro obligatorio, que se encuentra en suspenso hasta el desarrollo del reglamento correspondiente.

El presente libro es fruto de una labor de investigación, estudio y recopilación de la experiencia vivida como magistrado en un juzgado especializado en acciones individuales frente a condiciones generales de contratación en préstamos concertados con personas físicas.
Se trata de una materia que se está desarrollando ante nuestros ojos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como director de orquesta y el resto de órganos judiciales nacionales como intérpretes de una partitura no siempre fácil de ejecutar.
Se analizan multitud de resoluciones judiciales de las diversas instancias judiciales y se ofrece una opinión personal sobre algunos de los problemas que plantea el ejercicio ante los tribunales de este tipo de acciones.
La protección del consumidor frente a las entidades predisponentes de clausulados contractuales, cuya necesidad deriva de una sociedad donde la contratación en masa en determinados sectores es ya una regla general, requiere de un esfuerzo en el estudio de las respuestas jurídicas que garanticen dicha protección sin desatender la realidad del fenómeno de las condiciones generales de contratación como instrumento de gestión de intereses básicos y colectivos para nuestra sociedad.

Dentro del Libro II del Código Penal, el delito de robo se encuentra regulado en el Capítulo II, ?De los robos?, del Título XIII, ?Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico?, arts. 237 a 242.
Analizamos los elementos básicos del delito como son el ánimo de lucro, el apoderamiento de cosas ajenas y la fuerza en las cosas, en la que se incluyen el escalamiento o la fractura de cerraduras o puertas, entre otras. Respecto a los tipos agravados, examinamos supuestos del robo en casa habitada, en establecimiento abierto al público y la especial gravedad de que este sea perpetrado con violencia, con intimidación o con instrumentos peligrosos, así como los casos en que es aplicable el tipo agravado de menor entidad. ¿En qué casos se entiende que hay tentativa o consumación? ¿Qué particularidades tiene el delito continuado al tratarse de un delito patrimonial? En el estudio jurisprudencial contenido en la presente Revista se analizan estas cuestiones, entre otras, a través de las resoluciones dictadas por nuestros juzgados y tribunales en sus resoluciones.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Cómputo de los plazos de instrucción: ¿Se cuentan los de las incidencias durante la tramitación? · Los nuevos delitos contra los animales tras la Ley Orgánica 3/2003 · Blanqueo imprudente

Siendo la citada impugnación la forma de defensa de los propietarios que consideran que los acuerdos de la junta son contrarios a la ley o a los estatutos, resultan lesivos o suponen un grave perjuicio para cualquier propietario, es importante saber quién puede accionar, con qué requisitos y en qué plazo. Aunque la LPH fija cuáles deben ser, existe numerosa casuística al respecto, por eso es importante conocer la respuesta de la jurisprudencia: ¿qué acuerdos son anulables y cuáles nulos de pleno derecho?, ¿qué significa la expresión ?salvar el voto??, ¿se podrían impugnar también los acuerdos negativos?, ¿están legitimados para impugnar los propietarios que abandonan la junta antes de una determinada votación?,
¿y los ausentes?, ¿es necesario contestar en contra para impugnar?, ¿cómo ha de computarse el plazo, se podría interrumpir por alguna causa?, y ¿podrá volver a someterse esta misma cuestión a junta?
Y además, en la parte de Actualidad:
·
Instalación de placas fotovoltaicas privativas en la azotea del edificio ·
Los locales y el derecho al voto ·
Sanciones a los propietarios. Acuerdo nulo de pleno derecho

El art. 250.1.7.º LEC faculta al titular de un derecho real inscrito en el Registro de la Propiedad, con asiento vigente y sin contradicción alguna, para demandar por el procedimiento de juicio verbal la efectividad de su derecho contra quienes, sin disponer de título inscrito, se opongan o perturben su ejercicio. En este cuaderno exponemos la jurisprudencia más importante referente a las especialidades procedimentales: la caución, las tasadas causas de oposición, la cognición limitada y, sobre todo, la ausencia de efectos materiales de cosa juzgada.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Las costas de la ejecución y sus problemas · Honorarios profesionales de abogados y competencia · Prescripción, caducidad y presentación de escritos en el día de gracia