La presente monografía analiza pormenorizadamente el contrato de viaje combinado y los servicios de viaje vinculados, según han quedado regulados tras la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por el Real Decreto-ley 23/2018. Tras la mencionada reforma, fruto de la transposición de la Directiva (UE) 2015/2302, se amplió considerablemente el concepto de viaje combinado para comprender junto a los tradicionales paquetes turísticos conformados por un organizador, los viajes configurados por el propio viajero -tal vez con el asesoramiento de un intermediario turístico- mediante la celebración de contratos directamente con los prestadores de servicios, siempre que concurran unos requisitos. Con ello se someten a una regulación única situaciones muy dispares, habida cuenta de los diversos entramados contractuales que pueden plantearse entre viajero, organizador, minorista y prestadores de servicios. Por otra parte, la actual normativa da carta de naturaleza a los servicios de viaje vinculados, supuestos en los que un empresario facilita la contratación de diversos servicios turísticos directamente con los prestadores de servicios sin llegar a constituir un viaje combinado. En estos casos, la protección dispensada al viajero es muy inferior, pues el empresario facilitador no responde de las faltas de conformidad del viaje, quedando únicamente obligado a ofrecer una información mínima y a constituir una garantía para aquellos supuestos en los que su insolvencia provoque la no prestación de los servicios.

La presente monografía analiza detalladamente la regulación de la convocatoria de las asambleas generales de las sociedades cooperativas. En aplicación del art. 129.2 de la Constitución, la mayoría de las Comunidades Autónomas –todas, a excepción de las Comunidades Autónomas de Canarias y Cantabria– han asumido como competencia exclusiva la regulación de las sociedades cooperativas, promulgando en desarrollo de su Estatuto de Autonomía una Ley de cooperativas propia. En consecuencia, la regulación de las cooperativas se encuentra fraccionada, poniendo en cuestión el principio de unidad de mercado. A su vez, ese panorama regulatorio ha dificultado el estudio científico de estas sociedades por la doctrina jurídica, lo que contrasta con la realidad social y económica, en la que este tipo social se encuentra muy presente. En este trabajo se plantea un estudio comparativo de las diversas regulaciones, estatal y autonómicas, en lo que se refiere a una cuestión concreta de la vida de la sociedad cooperativa, la convocatoria de la asamblea general. Se adentra la obra en un análisis pormenorizado, destacando las diferencias entre todas las leyes de cooperativas aplicables y entre éstas y las sociedades de capital, sobre la competencia e iniciativa para efectuar la convocatoria, las consecuencias en los órdenes civil y administrativo de la falta de convocatoria de la asamblea cuando ésta es legalmente exigida, las distintas formas para llevar a cabo la convocatoria y los requisitos de plazo y contenido de la misma.