Se aborda, desde una perspectiva práctica y de modo integral, el impacto del proceso electoral en el conjunto de las entidades que integran la administración local (municipios, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, Mancomunidades, etc.).

La nueva edición proporciona a los operadores jurídicos una puesta al día de la Ley 40/2015, a partir del desarrollo establecido en el RD 203/2021 (Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos). Todos y cada uno de los artículos y disposiciones han sido objeto de un análisis minucioso, desgranando cada uno de sus impactos y conexiones, a efectos de facilitar su comprensión y cumplimiento. Para ello se ha seguido una metodología sencilla pero muy práctica, partiendo de las Consideraciones previas (con sus concordancias) para seguircon el Comentario propiamente dicho, en el que se analizan las claves para su correcto entendimiento y se desarrollan las conexiones e implicaciones normativas, jurisprudenciales y estratégicas. En su elaboración han participado renombrados especialistas. Además de juristas, también han intervenido expertos en administración electrónica y gestión documental y archivos, actores fundamentales en la implantación de la administración electrónica. En el ámbito jurídico, han contribuido con su conocimiento y experiencia, profesionales de los tres niveles de administración territorial, así como distinguidos expertos universitarios aportando un profundo conocimiento de los entresijos del derecho administrativo.

La traslación al ámbito público de las políticas de Compliance se presenta como una técnica innovadora que permite adoptar enfoques eficaces para la gestión pública y en la prevención y lucha contra la corrupción. La aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, constituye el primer paso en la introducción de las técnicas de compliance, introducción que se realiza en un doble plano, como herramienta de ventaja competitiva para el sector privado para participar en la actividad contractual del sector público, pero también como un instrumento a través del cual encauzar las obligaciones de integridad en la contratación pública derivadas del nuevo marco normativo. En la presente obra se abordan, paso a paso, ambas dimensiones, la pública y la privada, la metodología para su elaboración, y las bases para su eficacia, así como la diferenciación de los programas de compliance administrativos frente a los programas de cumplimiento penal.

Esta obra se presenta como una herramienta de apoyo indispensable para el cumplimiento normativo. En un único manual se concentran los principales impactos tanto del RGPD como de la LOPDGDD, adaptados a las diferencias y particularidades que presenta su aplicación al ámbito local.
Se integran las modificaciones normativas que introduce la LOPDGDD con las nuevas regulaciones en materia de transparencia, procedimiento administrativo común y empleo público, entre otros. Del mismo modo, se aborda la implantación de las nuevas obligaciones y su adecuación a la casuística y peculiaridades organizativas y de funcionamiento del mundo local. Destaca igualmente el análisis del régimen sancionador aplicable a las entidades locales y las principales infracciones que pueden cometer en la gestión de los datos personales.
Por resultar especialmente novedoso, cabe poner en valor el examen del nuevo catálogo de derechos digitales y su impacto sobre las entidades locales en sus relaciones con la ciudadanía y con los empleados públicos.
En definitiva, estamos ante una obra extraordinariamente útil, toda vez que aporta soluciones a las dudas más importantes en la aplicación de la LOPDGDD con las claves para la más rápida adecuación al nuevo modelo de gobernanza de los datos.

25 de mayo de 2018. En esa fecha se activan definitivamente las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, con mayores obligaciones para todas las Entidades Locales. Nos hallamos ante un marco jurídico complejo que exige profundas transformaciones en el modelo de organización y funcionamiento de protección de datos que pasa a tener indudable carácter preventivo, con una gestión de riesgos inusual en la práctica administrativa, más propia de técnicas de compliance. Y para facilitar el tránsito al nuevo marco, este manual se configura como herramienta de apoyo para el cumplimiento normativo, así como para la implantación de las nuevas obligaciones y su adecuación a la casuística y peculiaridades organizativas y de funcionamiento del mundo local. Se articula sobre una estructura de títulos en base a las especialidades locales en protección de datos y a dos Anexos. El primero de jurisprudencia y doctrina emanada de los órganos de control y el segundo se conforma a partir de una relación de Faq´s sobre aspectos concretos de cada una de las materias examinadas. En definitiva, este Manual es una obra para los operadores locales que precisan conocer las novedades derivadas del Reglamento Europeo, en la medida en que proporciona respuestas a múltiples preguntas: ¿Qué nuevos derechos tienen los afectados?, ¿Cuál es el procedimiento adecuado para recabar el consentimiento?, ¿Qué pasos hay que dar para crear el Registro de Actividades de Tratamiento?, ¿Quién puede ser el Delegado de Protección de Datos?, ¿Cuándo debo realizar un análisis de riesgos? ¿Y una evaluación de impacto? Con la versión papel + digital, también podrás consultar la versión digital de la obra en Smarteca. En el interior del libro encontrará la clave de acceso y las instrucciones para acceder a su obra en Smarteca.

Con este manual se pretende ofrecer un enfoque integral de la nueva Ley de Contratos del Sector Público profundizando especialmente en las singularidades y especialidades del mundo local.
La obra se divide en dos bloques claramente diferenciados. Por un lado, se examinan los aspectos que inciden directamente en el objetivo de una contratación pública electrónica y transparente. Así, se aborda su encaje con la normativa sobre transparencia y con las Leyes 39/2015 y 40/2015, identificando las novedades aportadas por la nueva Ley de Contratos y en su aplicación práctica para responder a preguntas como ¿es obligatoria la presentación electrónica de proposiciones? ¿cómo garantizar la seguridad en las ofertas presentadas electrónicamente? ¿qué información hay que publicar en el perfil del contratante?¿cómo resolver los conflictos de intereses de los concejales? ¿y los de los empleados públicos?.
En un segundo bloque, se abordan en detalle las principales novedades que resultan de la nueva Ley y se confrontan con la normativa anterior. Entre otros aspectos relevantes, se examina la visión local respecto a los contratos menores ¿cómo afectarán los nuevos límites?, el nuevo contrato de concesión de servicios, los sistemas dinámicos de adquisición, la tramitación del procedimiento abierto simplificado, la importancia de las cláusulas sociales en la contratación, las claves para utilizar el procedimiento de asociación para la innovación y las herramientas de racionalización.
También ocupa un lugar destacado el papel de los funcionarios de habilitación nacional, Secretarios e Interventores, por lo que se aborda el nuevo marco legal desde la perspectiva de las funciones reservadas que son objeto de refuerzo por el legislador, atribuyendo concretas y novedosas labores de control a lo largo de todo el procedimiento de contratación.
Finalmente, para proporcionar una mayor utilidad práctica al manual, se incorporan al mismo dos Anexos. El primero contiene una recopilación de las resoluciones de los órganos consultivos y de la jurisprudencia más destacada, sistematizada por bloques temáticos. En el segundo Anexo, se contiene un inventario de preguntas frecuentes (Faq´s) en forma de guía práctica que clarifica las principales novedades y cambios regulatorios.

El tiempo transcurrido desde la aprobación y vigencia de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y las dificultades surgidas en la ejecución material de las obligaciones legales, han planteado numerosas preguntas a las que se pretende dar respuesta con este Manual. La transparencia ha venido para implantarse en el ADN de la administración a través de la creación de una auténtica transformación cultural y, para alcanzar sus objetivos, es necesario poder contar con herramientas de apoyo. El presente Manual se ha estructurado, sistematizado y evaluado con un enfoque especialmente resolutivo para profundizar en la normativa y resolver las dudas prácticas en su aplicación.
Se establecen diversos ejes temáticos que permiten un recorrido completo en esta materia. Un primer eje, centrado directamente en la norma y estructurado en cinco apartados: Introducción, Publicidad activa, Derecho de Acceso a la Información Pública, Buen Gobierno y Evaluación y Seguimiento. A éste le sigue un segundo eje: el conflicto entre la transparencia y la protección de datos personales; los supuestos especiales de derecho de acceso a la información con mayor repercusión e impacto en el ámbito local (como el derecho de acceso de los miembros de la Corporación y el acceso a la información urbanística y en materia de medio ambiente). Todo ello se completa con un tercer eje que gira en torno a un amplio catálogo de documentos de interés, tanto normativo, como guías y otras herramientas.
El Manual aporta, además, de la sistematización y selección de la información, el valor añadido de centrar el enfoque sobre aquellas cuestiones que presentan mayor complejidad en su aplicación práctica y también de mayor conflictividad.

La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha puesto de manifiesto que la vacatio legis prevista por el legislador resultaba del todo insuficiente para valorar adecuadamente las implicaciones que su aplicación conlleva. Insuficiencia que se agudiza con el complejo procedimiento de vigencia de su contenido.

Esta obra responde a la necesidad de proporcionar una herramienta de apoyo en un formato, comentarios al articulado de la norma, que sin duda facilita la consulta, sin necesidad de abordar lecturas complejas y extendidas sobre nociones ajenas a las estrictamente necesarias para la aplicación de la norma por los operadores. A tal fin se ha seguido una metodología sencilla, pero muy práctica y sistemática en su utilización, desgranando cada uno de sus impactos y conexiones a efectos de facilitar su comprensión y cumplimiento, sobre un triple eje: Consideraciones previas, Concordancias y Comentario.

En la confección de esta obra han participado renombrados especialistas que le confieren un enfoque claramente multidisciplinar. No sólo juristas, sino también expertos en administración electrónica y gestión documental y archivos, fundamentales en la implantación de la administración electrónica.

La entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público ha demostrado que la vacatio legis prevista por el legislador era insuficiente para valorar adecuadamente las implicaciones que su aplicación conlleva. La necesidad de enfocar esta reforma como algo más que un cambio legal, ha provocado innumerables dificultades aplicativas para todos los operadores. Por ello, resulta imprescindible comprender las claves del nuevo marco relacional y de funcionamiento derivado de la reforma. Para alcanzar este objetivo se hace necesaria una aproximación a la materia de carácter transversal, mediante la sistemática del comentario al articulado de la norma.

Todos y cada uno de los artículos y disposiciones han sido objeto de un análisis minucioso, desgranando cada uno de sus impactos y conexiones, a efectos de facilitar su comprensión y cumplimiento. Para ello se ha seguido una metodología sencilla pero muy práctica, partiendo de las Consideraciones previas (con sus concordancias) para seguircon el Comentario propiamente dicho, en el que se analizan las claves para su correcto entendimiento y se desarrollan las conexiones e implicaciones normativas, jurisprudenciales y estratégicas.

En su elaboración han participado renombrados especialistas. Además de juristas, también han intervenido expertos en administración electrónica y gestión documental y archivos, actores fundamentales en la implantación de la administración electrónica. En el ámbito jurídico, han contribuido con su conocimiento y experiencia, profesionales de los tres niveles de administración territorial, así como distinguidos expertos universitarios aportando un profundo conocimiento de los entresijos del derecho administrativo.

La celebración en mayo de 2015 de elecciones municipales devuelve a la actualidad jurídica, económica y organizativa local las cuestiones relativas a la disolución y constitución de las Corporaciones Locales, en un proceso que, dada su periodicidad cuatrienal, no está exento de complejidad en su ejecución material, con especial incidencia para los Secretarios, Interventores y demás personal que desarrolla funciones relativas a estas materias, así como para los demás actores implicados en el proceso, siendo conveniente actualizar y completar los conocimientos adquiridos en anteriores procesos.
Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad Financiera de la Administración Local, establece un punto de inflexión con ocasión de la renovación de las Corporaciones Locales en 2015, exigiendo la adaptación de diversos aspectos organizativos y de funcionamiento que debe producirse en ese momento, al tiempo que el diseño del Buen Gobierno Local en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, obliga a su incorporación en el Estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales.
En la presente obra se aborda, desde una perspectiva eminentemente práctica y de un modo integral, el impacto del proceso electoral en el conjunto de las entidades que integran la administración, tanto de los municipios, con las especialidades existentes, así como Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulates y otras entidades de carácter asociativo, como las Mancomunidades.
Un estudio sistemático de la normativa aplicable, así como de la jurisprudencia existente y doctrina de la Junta Electoral Central, junto con la exposición de las consultas (EC) de mayor relevancia, permitirán:
- Facilitar el conocimiento de los interesados los principales criterios normativos, jurisprudenciales y casuísticos que constituyen el eje del desarrollo del proceso electoral local.
- Identificar los principales puntos críticos que se producen en su ejecución para aplicar las fórmulas de solución más adecuada a cada entidad.
- Ofrecer las herramientas que permitan la correcta transición de la antigua a la nueva Corporación, tanto desde la perspectiva organizativa, como jurídica y económica.